Violencia de Género por Agravio Comparado en Veracruz

El acceso a servicios de salud reproductiva especializados en Veracruz es precario y confuso, pues establece distinciones, restricciones o derechos específicos diversos para una misma problemática o delito, en detrimento de las mujeres de la entidad.

Por: Lourdes Enríquez Rosas

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que está cumpliendo una década de haber sido publicada, armoniza las convenciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, a las que el país se ha adherido y tiene la obligación constitucional de cumplir. Se trata de un ordenamiento de tipo administrativo que establece cambios a todas las ramas de nuestro derecho positivo y define los tipos y modalidades de la violencia de género contra las mujeres.

Lo relevante para los derechos reproductivos de las mujeres veracruzanas es que esta ley contiene un innovador mecanismo político/jurídico denominado “Alerta de Violencia de Género” y que puede ser solicitado cuando los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame; o también puede ser solicitada, cuando exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.

En el mes de abril del 2016, diversas organizaciones de la sociedad civil veracruzana decidieron utilizar de forma estratégica la noción de agravio comparado, con la finalidad de exigir la eliminación de desigualdades producidas por ordenamientos jurídicos punitivos y la ausencia de políticas públicas efectivas en materia de salud reproductiva.

Con la oportuna petición de la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado (AVGAC) ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres (CONAVIM) de la Secretaría de Gobernación, se visibilizó y denunció que el acceso a servicios de salud reproductiva especializados es precario y confuso, pues establece distinciones, restricciones o derechos específicos diversos para una misma problemática o delito, en detrimentos de las mujeres de la entidad. En ese sentido no se proporciona el mismo trato jurídico en igualdad de circunstancias, ya que existe una aplicación desigual de la ley.

En México el aborto es un tema de regulación local, es decir, cada entidad federativa establece los modos del tipo penal, así como los procedimientos a seguir si una mujer solicita la interrupción legal del embarazo, y la forma en que debe prestarse el servicio en las instituciones de salud.

Las organizaciones que han solicitado la AVGAC argumentaron que en el estado de Veracruz las mujeres se enfrentan con regulaciones restrictivas, así como con diversos obstáculos para el acceso a servicios de salud para un aborto seguro. A pesar de la existencia de causales de no punibilidad contempladas en su marco normativo hay una falta de conocimiento y capacitación, aunada a prejuicios sexistas y temores en el sector salud y en las y los operadores de justicia, lo que impide a las mujeres acceder a la interrupción legal del embarazo y las criminaliza. Esta situación se agrava al no reconocerlas como sujetas de derechos, sino como personas con una emocionalidad enferma o incapaces de tomar decisiones autónomas sobre su cuerpo y proyecto de vida.

El informe del grupo interdisciplinario de trabajo que estudió la petición de AVGAC señala que sólo el 20 % del personal de salud en el Estado ha recibido capacitación sobre la NOM 046, evitando con ello que el personal atienda sin demora los casos en que las mujeres han sido víctimas de violación sexual y les provean anticoncepción de emergencia, profilaxis para evitar infecciones de transmisión sexual y, en su caso, una interrupción legal de ese embarazo, para la cual ya no se necesitan denuncias judiciales, autorizaciones, ni un plazo máximo para acceder al aborto por violación.

El informe detalla de forma contundente la criminalización de las mujeres por ordenamientos jurídicos desiguales en materia de aborto y que, además, son insuficientes para proteger los derechos reproductivos, tales como la falta de la causal de riesgo para la salud. También señala que durante 2015, al menos 487 niñas de entre 10 y 14 años parieron en Veracruz, embarazos que probablemente están vinculados con situaciones de violencia sexual según la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente.

Desde que en 2007 se despenalizó el aborto por voluntad de la mujer hasta la décimo segunda semana de gestación en la capital del país, hasta la fecha, 391 veracruzanas se han trasladado a la Ciudad de México para interrumpir de manera legal y segura su embarazo. Esta cifra coloca a Veracruz entre los diez primeros estados en los que la demanda para interrumpir embarazos es alta. Más allá del número, es necesario considerar que en estos casos las mujeres contaron con el apoyo y los recursos económicos necesarios para hacerlo. Sin embargo, no se tiene registro de los casos en los que las mujeres no contaron con este apoyo y se vieron orilladas a recurrir a un aborto en la clandestinidad, tampoco se conocen con exactitud los riesgos que esto les implicó.

Para hacer realidad los derechos reproductivos en Veracruz, el informe propone ciertas medidas mínimas que deben llevar a cabo los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) para revertir la situación actual de las mujeres. Algunas de estas medidas son 1) la reforma al código penal para despenalizar el aborto hasta la décimo segunda semana de gestación, 2) incluir la causal de aborto por riesgo para la salud de la mujer, 3) la eliminación del plazo de noventa días para el aborto en casos de violación, 4) la creación de un programa estatal de ILE y 5) la difusión entre la población de la existencia de este servicio de salud.

Respecto a la primera de las medidas, que es la más controvertida, es crucial difundir que el congreso local ya recibió una iniciativa de ley que busca despenalizar el aborto hasta la décimo segunda semana de gestación, la cual será discutida y votada antes de que termine este mes. En la deliberación parlamentaria se tienen que tomar en cuenta los compromisos adquiridos por México en relación al respeto, protección y garantía de los derechos humanos, refrendados con la reforma constitucional votada en el 2011. Las y los diputados deben entender que una de las consecuencias del nuevo paradigma que representan los derechos humanos reconocidos como derechos fundamentales es que los mismos se van determinando conforme a las instituciones facultadas para ello, ya sean nacionales o internacionales, puesto que van conformando decisiones sobre diversos derechos. En este caso, los derechos reproductivos en toda su complejidad.

También deben atender las recomendaciones a México del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (Comité CEDAW) organismo de Naciones Unidas facultado para la interpretación de la Convención del mismo nombre y que se ha pronunciado específicamente por la despenalización del aborto como un derecho humano.

Desde julio de 2012 instó en sus observaciones a las autoridades mexicanas a armonizar leyes locales a fin de eliminar obstáculos y ampliar el acceso al aborto legal en términos de la Recomendación General Nº 24 que exhorta a los países “a abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos” (CEDAW, 1999)

Los tres poderes del Estado de Veracruz están en la recta final del plazo de 6 meses para cumplir las recomendaciones del informe y presentar resultados, de lo contrario, se declararía, por primera vez en nuestro país, una Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, debido a la falta de acceso efectivo a servicios de salud reproductiva y a la negativa del poder legislativo a votar avances y compromisos internacionales en la materia.

 

* Lourdes Enríquez Rosas forma parte del Seminario Alteridad y Exclusiones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

 

@bioeticaunam

 

 

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