Restricciones a la objeción de conciencia médica

Nuestra legislación debe reconocer la existencia de un derecho a la objeción de conciencia, pero no darle el carácter de un derecho absoluto, es decir, uno que se imponga y anule los derechos de terceras personas, como los de los pacientes.

Por: Gustavo Ortiz Millán

En México se ha intentado repetidamente legislar sobre objeción de conciencia (OC) en medicina, pero la mayoría de las iniciativas de ley sobre el asunto dejan mucho que desear. La más reciente iniciativa de modificación de la Ley General de Salud Federal fue aprobada por la Cámara de Diputados en octubre y es tan defectuosa como todas las anteriores. Tal vez el principal problema de estas iniciativas, de entre otros muchos, es que tratan de apoyar lo que se ha llamado un “absolutismo de la conciencia”, según el cual una vez que un proveedor de atención médica objeta en conciencia, esta persona está exenta de realizar cualquier acción contraria a su conciencia bajo cualquier circunstancia, es decir, no estará obligada a proporcionar ningún bien o servicio que viole su conciencia. Este absolutismo es insostenible por múltiples razones.

Nuestra legislación debe reconocer la existencia de un derecho a la OC —que deriva del derecho a la libertad de conciencia—, pero no darle el carácter de un derecho absoluto, es decir, uno que se imponga y anule los derechos de terceras personas, como los de los pacientes. Si existe un derecho a la OC, se trata de un derecho restringido y condicionado contextualmente. En primer lugar, hay restricciones éticas a ese derecho: está restringido por obligaciones profesionales que tienen los médicos (y que todas las asociaciones de médicos reconocen), como son la de respetar la dignidad de los pacientes y abstenerse de cualquier forma de discriminación, la de promover la salud y el bienestar de los pacientes, así como la de respetar su autonomía.

Ponderar el derecho a la OC frente a estas obligaciones profesionales es labor de los comités de ética hospitalarios (facultados para ello por los lineamientos para la formación y funcionamiento de comités de ética hospitalarios de la Conbioética, con cuya asesoría deberían de contar para tratar la OC). Los comités deben avalar cada caso de manera individual. Habrá ocasiones en las que deba restringirse el ejercicio al derecho a la OC porque ésta sea discriminatoria frente a una determinada clase de personas (por ejemplo, pacientes homosexuales), pero en otras ocasiones porque la objeción de un médico puede tener consecuencias graves para la salud y el bienestar futuro de un paciente (como casos de abortos indicados por razones médicas, como el de un embarazo ectópico en el que la vida de la mujer está en riesgo). Un comité de ética puede también negar el ejercicio del derecho a la OC a un médico si el hospital no cuenta con suficiente personal no objetor para realizar un procedimiento del que dependa la salud o la vida de un paciente. Esa es una omisión grave de las iniciativas de ley presentadas hasta ahora.

El absolutismo de la conciencia no se sostiene porque está basado en el supuesto de que hay derechos absolutos. Nuestra Constitución no reconoce derechos absolutos —como lo ha dicho en repetidas ocasiones la Suprema Corte de Justicia(1) (2)—, es decir, no reconoce superderechos que anulen cualquier otro derecho. Si ni siquiera el derecho a la vida es absoluto (pensemos en el caso de la legítima defensa); con mayor razón tampoco lo es el derecho a la OC, que en ocasiones tendrá que restringirse frente a los derechos de los pacientes (como el derecho a interrumpir un embarazo bajo las causales contempladas por las leyes en la mayoría de los estados: riesgo de muerte materna, malformaciones congénitas o genéticas y violación).

Finalmente, hay limitaciones prácticas, como que no siempre hay suficiente personal médico que cubra las necesidades de salud de toda la población. Un estudio realizado por la Joint Learning Initiative en 2004 afirma que los países con menos de 2,5 profesionales de la salud por cada 1,000 habitantes (contando solo médicos, enfermeras y parteras) no alcanzan una tasa de cobertura del 80% para los partos realizados. Esto tiene graves consecuencias en términos de morbilidad y mortalidad materna. Según datos de 2014 del OCDE, en México hay 1,6 médicos por cada 1,000 habitantes (los países europeos tienen un promedio de 3,06), y el 50% no tiene especialidad. De todos los médicos, casi la mitad están distribuidos en los cinco estados más ricos del país; el resto está en los 27 estados restantes, donde hay muchas comunidades rurales que no cuentan con médicos.

Es muy probable que, si se reconoce sin restricciones el derecho a la OC en todo el país, no habrá suficientes médicos para realizar los procedimientos asociados con la terminación del embarazo, así como otros que algunas personas consideran objetables, pero que tienen que realizarse para satisfacer derechos de pacientes —como el derecho a un aborto legal bajo las causales mencionadas. Si el Estado no puede garantizar la presencia de personal médico no objetor en lugares donde haya objetores, entonces se debe restringir el ejercicio al derecho a la OC, para que éste no constituya una obstrucción al ejercicio de los derechos de terceros —alternativamente, el Estado podría destinar un mayor presupuesto a la salud para garantizar que siempre haya personal no objetor.

 

* Gustavo Ortiz Millán, Instituto de Investigaciones Filosóficas. Universidad Nacional Autónoma de México [email protected]

 

@bioeticaunam

 

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