Objeción de conciencia y la vulneración de derechos

En la Recomendación General 24 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se establece que negar a la mujer la prestación de determinados servicios de salud reproductiva, como la interrupción del embarazo, reconocidos por ley es un acto discriminatorio.

Por: María del Pilar González Barreda (@picatman ‏)

A raíz de una iniciativa presentada por el Partido Encuentro Social, en octubre del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley General de Salud (LGS) para adicionar el artículo 10 bis que establece que el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece ese ordenamiento. El dictamen fue aprobado por el Senado de la República el 22 de marzo de 2018 con 53 votos a favor, 15 en contra y una abstención.

La objeción de conciencia (ubicada en el marco del derecho a la libertad de conciencia) es la pretensión pública de un individuo para evadir el cumplimiento de un mandato jurídico con base en motivos morales, entendidos en sentido amplio como éticos, filosóficos, políticos o religiosos.[1] En el ámbito constitucional, la libertad de conciencia se encuentra prevista en el artículo 24 que habla sobre el derecho de toda persona a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Por su parte, el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) señala que el derecho a la libertad de conciencia está sujeto a las limitaciones que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.

A pesar de la supuesta ‘inocencia’ en la aprobación de esta reforma, ésta podría ser otra forma de poner en riesgo la salud y la vida de las mujeres mexicanas. En todo caso, durante los debates parlamentarios se debió delimitar esta figura, poniendo atención en su dimensión; es decir, contener especificaciones al menos sobre los sujetos a los que va dirigida, el procedimiento de remisión a prestadores no objetores, el consentimiento informado, los casos de urgencia, la negativa de su reconocimiento cuando ponga en riesgo la salud y vida de las personas y las medidas para capacitar al personal médico y de enfermería en salud sexual y reproductiva; estos puntos tendrían que haber sido analizados a partir del reconocimiento de la autonomía del paciente.

Al respecto, en múltiples espacios se ha debatido sobre la dimensión de la objeción de conciencia y su relación con la protección de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En Argentina diversos prestadores de salud se amparan en la objeción de conciencia para negarse a brindar procedimientos médicos relacionados con anticoncepción, abortos legales y esterilización.

La Corte Constitucional de Colombia, en su emblemática sentencia C-335/06 sostiene que el derecho de objeción de conciencia  no es un derecho atribuible a las personas jurídicas o al Estado. Respecto a las personas físicas, la objeción de conciencia hace referencia a una convicción de carácter religioso debidamente fundamentada y, por tanto, no se trata de poner en juego la opinión del médico entorno a si está o no de acuerdo con el aborto, tampoco puede implicar el desconocimiento de los derechos fundamentales de las mujeres.

En la Recomendación General 24 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) se establece que negar a la mujer la prestación de determinados servicios de salud reproductiva reconocidos por ley es un acto discriminatorio. Aun cuando funcionarios (as) se nieguen a prestarlo por objeción de conciencia, los Estados deben adoptar medidas para que la atención médica sea proporcionada. En este supuesto entrarían los procedimientos de interrupción del embarazo, medidas relacionadas con la anticoncepción y planificación familiar, esterilización, entre otros. El Comité reconoce que existen diferencias estructurales en la sociedad cuando se “es mujer”, por lo que invoca a los Estados a distinguir las diferencias no sólo biológicas, sino también las basadas en factores socioeconómicos y psicosociales.

En el caso de México, existen profundas diferencias que se traducen en desigualdades materiales y perjudican en mayor medida a quienes están en situación de vulnerabilidad. Históricamente, la diferencia sexo-genérica ha supeditado a las mujeres al control masculino, entre otros aspectos, por la (re) producción de asignaciones socioculturales impuestas que tienen efectos en aquellas que se encuentran en posiciones desaventajadas no sólo por ser mujer, sino por diversos factores como la condición económica, la pertenencia a una comunidad indígena o por razón de edad. Este tipo de reformas parecen no tomar en cuenta los obstáculos que tienen las y los mexicanos para ver protegidos sus derechos humanos. Por cuanto hace a la salud sexual y reproductiva, la discusión en el Congreso fue omisa en considerar el contexto de violencia que viven las mujeres y que en muchas ocasiones es fortalecida por el propio Estado; así, las consecuencias de la violencia sexual, la falta de operatividad institucional y fundamentalmente los casos documentados sobre la negativa para acceder al aborto cuando el embarazo es producto de una violación, tendrían que haber sido considerados y tomados en cuenta en la discusión parlamentaria.

Esta adición a la LGS puede ser un mecanismo para obstruir la protección de los derechos humanos, una forma de perpetuar el control estatal de los cuerpos de las mujeres, previsto en la norma jurídica. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación se ha pronunciado al respecto, señalando que esta reforma puede obstaculizar el ejercicio pleno de todas las personas al goce de sus derechos humanos, enfatizando que la objeción de conciencia no debe conducir a que el Estado mexicano deje de proporcionar un servicio médico a la ciudadanía. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha hecho un llamado al Ejecutivo para que vete la reforma, pues contrarresta la progresividad de los derechos, especialmente los relativos a la autonomía reproductiva. De igual forma, senadoras, candidatas a cargos de elección popular y feministas, han solicitado a Enrique Peña Nieto ejercer su facultad de veto, para que se respete y proteja la laicidad, el derecho a la no discriminación y el principio de progresividad de los derechos humanos.

La regulación jurídica de la objeción de conciencia requiere de un análisis crítico sobre las implicaciones y los alcances que tendría en una sociedad que irrumpe cotidianamente contra sus miembros, ya que puede ser usada como otro mecanismo de discriminación para negar derechos humanos al poner en riesgo las vidas marcadas por diferencias estructurales. Bastantes obstáculos existen ya (socioculturales, económicos, de política pública, de impartición de justicia), para que la objeción de conciencia sea utilizada como otra ‘modalidad’ para negar la condición de ciudadanía plena a las mujeres mexicanas.

 

*María del Pilar González es doctorante del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Profesora de Asignatura de la Facultad de Derecho, ambas de la UNAM. Sus líneas de investigación son: Género y Derecho, Derechos Humanos de las mujeres, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

 

Referencia:

[1] Capdevielle, Pauline, Laicidad y libertad de conciencia, IIJ UNAM, México, 2013, p. 11.

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