Argentina y su oportunidad histórica perdida

Hoy la prensa nacional e internacional se llena con rostros de coraje, tristeza y desesperación por el resultado de la votación pero ¿por qué?, porque citando a Mariela Belski, “esta decisión, perpetúa el circulo de violencia que se ejerce contra las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar”

Por: Fabiola Villela y Dení Bustos

El 9 de agosto muchos despertaron (aunque algunos ni durmieron) con la noticia de que el Senado argentino rechazó, con 38 votos en contra y 31 a favor, el proyecto para legalizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la semana 14 de gestación. Esto quiere decir que en Argentina interrumpir de manera voluntaria el embarazo continúa siendo un delito[1], a pesar del ímpetu de la marea verde impulsada por miles de mujeres alrededor del mundo, a favor del derecho a decidir. Lo anterior, en palabras de Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, fue “una oportunidad histórica perdida”.

Argentina, igual que muchos países del hemisferio sur, está dividida entre el “celeste” y el “verde”. Por un lado, el grupo celeste –conformado por quienes asumen un discurso “pro-vida”– consideran que están dándole voz a los más vulnerables. Argumentan que “matar no es un derecho” como se leía en una pancarta, que es “incompatible defender los derechos de las mujeres y los derechos de los niños por nacer”, como lo dijo la senadora Inés Brizuela; que “la adopción es la mejor opción” a la interrupción de un embarazo, que el objetivo no es legalizar el aborto sino evitarlo y que realmente, lo que buscan, es salvar las dos vidas, la de la mujer y la del feto.

Por otro lado, las verdes, el color de la mayoría de quienes salieron a las calles de Argentina y de otros países, entre ellos México, en donde se realizaron marchas de apoyo a este histórico momento, pidiendo legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Son ellas quienes, en las fotos que inundan la prensa nacional e internacional, muestran rostros de coraje, de tristeza y de desesperación frente al resultado de la votación pero ¿por qué? Porque, citando a Mariela Belski, “esta decisión, perpetúa el circulo de violencia que se ejerce contra las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar”, pues pocas acciones son tan violentas como la de decidir sobre el cuerpo de otro. Esta violencia, sistemática e histórica está avalada nada más y nada menos que por el Estado, esto es, la misma instancia que avala los derechos sexuales y reproductivos. ¿De qué vale un derecho si no puede ser ejercido?

El aborto, o la interrupción voluntaria del embarazo, no es una cuestión sencilla, ni se cierra a una postura dicotómica en donde unos están a favor de la vida y otros en contra, como lo hacen ver quienes conforman el grupo celeste. Quienes escriben consideran que, en realidad, no se puede estar a favor del aborto ni en contra de la vida, sino a favor del ejercicio y el respeto de los derechos sexuales y reproductivos.

Se está a favor de proteger la vida y la salud de una mujer o una niña quien, por muchas razones, se enfrenta a la decisión de interrumpir su embarazo y por tanto se está a favor de que esa persona tenga la capacidad y la libertad de elegir si desea o no continuar con un embarazo sin que en ello se le vaya la vida, porque la realidad es que históricamente, a lo largo y ancho del mundo, las mujeres han tomado esta decisión y, lamentablemente, muchas de ellas han muerto o han sufrido secuelas en su salud que pudieron y podrían ser evitadas si, en lugar de considerarse que están obteniendo un merecido castigo divino, se comprendiera que nadie, más que la persona que gesta, puede decidir en su lugar y que esta decisión no le tiene que costar la vida.

Esto último no es una exageración. De acuerdo con el ministro de Salud de Argentina, Adolfo Rubinstein en La Jornada “cada año se practican 354 mil 627 abortos… Además, complicaciones en abortos generan un promedio de 49 mil hospitalizaciones anuales… [y] En los últimos 30 años, más de 3 mil mujeres murieron a causa de abortos clandestinos”.

Es cierto, como lo señala Mauricio Macri, presidente de Argentina, que se puede reforzar la educación sexual y el acceso a anticonceptivos para frenar los embarazos adolescentes, pero hay que comprender que esta no es la única causa de embarazos no deseados. Los abusos, las relaciones sexuales no consensuadas (incluso al interior del matrimonio), la necesidad de migrar de un país a otro, las condiciones de salud, la incapacidad real y material de poder mantener a un niño, y muchas razones más son las que están detrás de miles de interrupciones, y no sólo el sexo “irresponsable” y no sólo entre adolescentes.

El aborto o la interrupción voluntaria del embarazo es una realidad que se repite, día a día, en mujeres de todas las condiciones socio-económicas de todo el rango de edades que comprende la madurez sexual, de todos los estados civiles, de toda las religiones, de todos los países, de todo el mundo. No obstante, su penalización tiene consecuencias graves que van de la condena y encarcelamiento de las mujeres, de los médicos y personal de salud que las atiendan, a la destrucción de familias completas por esta causa.

Por ello, esta discusión es, en realidad, sobre la permanencia o no del aborto clandestino, del control penal de los cuerpos de las mujeres y de las desigualdades que hay detrás de un aborto en estas condiciones.

Desde una perspectiva laica y plural (vinculada a la bioética) no podemos afirmar que “en Argentina ganó la vida”, como lo celebra ahora el grupo celeste. No, en Argentina perdió (y continuará perdiendo la vida) toda mujer que quiera ejercer su derecho a decidir.

 

*Fabiola Villela es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias, realizó la maestría y el doctorado en Ciencias, campo de estudios Bioética, en la UNAM. Además, es Profesora de Asignatura en la misma universidad y actualmente se desempeña como responsable de Educación Continua de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, en Mérida, Yucatán. Dení Bustos es es estudiante de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido profesora adjunta en las asignaturas de Gobierno y Demografía, y de Teoría Económica en dicha institución, donde también participó en el Primer Encuentro Interuniversitario sobre la enseñanza y aprendizaje del Tiempo y Espacio en Ciencias Sociales realizado en 2016. Actualmente, es miembro de REDefine México, organización dedicada a la promoción y defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos y realiza su Servicio Social en el Programa Universitario de Bioética de la UNAM.

 

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