Objeción de conciencia e interrupción del embarazo

¿Qué trasfondo tiene criminalizar a las mujeres (además de negarles un servicio al cual están legalmente en derecho de recibir) por actos que solamente competen a su libertad de conciencia y a sus derechos individuales?

Por: Germán Novoa Heckel

 

“Somos libres de defender nuestras ideas y

debemos hacerlo, pero criminalizar a los que discrepan de

nosotros es transgredir sus derechos de dignidad y libertad”

M. Boladeras

La objeción de conciencia ha sido definida de manera apropiada por el Colegio de Bioética, A. C. como la “[…] negativa de un médico a realizar ciertos actos (médicos), o a tomar parte en determinadas actividades científicas y legalmente aceptadas (en concordancia con la lex artis médica) que se encuentran dentro del ámbito de su competencia, aduciendo la trasgresión que dicho acto hace a su libertad de pensamiento, conciencia o religión (principios morales y creencias religiosas personales)”. Relacionada con el aborto, nos permite preguntarnos: ¿Ha sido valioso el hecho de legalizar (y polarizar innecesariamente) este aspecto de las conciencias de los profesionales de la salud?

¿Qué trasfondo tiene criminalizar a las mujeres (además de negarles un servicio al cual están legalmente en derecho de recibir) por actos que solamente competen a su libertad de conciencia y a sus derechos individuales?

Generalmente, las legislaciones las realizan individuos del sexo masculino que no siempre se han puesto en los zapatos de las mujeres criminalizadas (esto debiera entenderse a profundidad…); algunos otros, no de manera frecuente, han sido empáticos y contribuyen de manera positiva a esta nueva lucha social por los derechos fundamentales de las y los mexicanos. ¿No atenta la penalización contra los derechos más básicos, incluidos en las cartas de declaraciones diversas de derechos humanos esenciales existentes, emitidos estos desde hace ya muchos años, y en muchas y diversas ocasiones por los organismos internacionales rectores como la ONU y la UNESCO?

Es necesario liberar a las mujeres de la clandestinidad, fomentando y permitiendo la toma de decisiones autónomas respecto a temas como la planificación familiar, dejando fuera a los practicantes empíricos y la falta de información y de educación. En la Ciudad de México se realizaron 196 mil 375 interrupciones legales del embarazo entre abril de 2007 (cuando se despenalizó en esa entidad) y el 6 de junio de 2018. Esta cifra refleja la magnitud del problema.

Frecuentemente, las prohibiciones traen consigo, entre otras consecuencias no deseadas, la clandestinidad y la ilegalidad. Este prohibicionismo afecta la autonomía de las personas en temas como el libre desarrollo de la personalidad y la planificación familiar.

Parece que la sociedad comienza a despertar de su largo letargo. Así lo atestiguan múltiples manifestaciones a lo largo y ancho del mundo. Irlanda y Argentina (en donde se seguirán sumando esfuerzos para consolidar la autonomía reproductiva de las mujeres) son los casos más recientes; Inglaterra, por su parte, está revisando la posibilidad de permitir el aborto durante el primer trimestre.

Diversos países están decidiendo a favor de la interrupción voluntaria del embarazo (sin causales) y en nuestro contexto nacional se busca lo que consideramos a todas luces lo más sensato: despenalizar el aborto permitiendo la toma de decisiones responsables y autónomas a las mujeres. Al mismo tiempo se busca mantener el Estado laico (reafirmado en 2012 para nuestro país a nivel constitucional federal), que busca establecer libertades (de conciencia, de religión, de expresión), tolerancia e igualdad ciudadana. Sabemos que los limites son la integridad y el bienestar de los demás, la libertad religiosa no puede ejercerse en contra de la integridad física de nadie, así como la libertad de expresión no debe ser una apología al discurso del odio.

Sin embargo, los profesionales de la salud pueden rehusarse a practicar un aborto en caso de que así lo consideren, apegándose a la objeción de conciencia permitida, asunto controversial toda vez que se trata de un servicio público que las mujeres tienen derecho de recibir, y los médicos legalmente pueden y deben proporcionar. Apelar a la libertad de conciencia por parte de los médicos que están obligados a proporcionan un servicio público como la interrupción voluntaria del embarazo, es una limitante y un retroceso en la profesión médica. Lo anterior, es diferente al ejercicio de objeción de conciencia en otros contextos como podría ser la del servicio militar, la de no saludar los lábaros patrios, etcétera, porque lo que se encuentra en juego en el ámbito de la salud no son únicamente las convicciones del profesional del médico, sino los derechos reconocidos de las mujeres. Si un médico no está dispuesto a proporcionar un servicio público, afectando con ello los derechos de las mujeres, deberá entonces dedicarse a otra profesión.

La realidad contemporánea exige un cambio de actitud y de cordura. ¿Seguiremos resistiéndonos a ser autónomos y responsables de nosotros mismos? La tarea es de  todas las personas, de ambos géneros, de todos los credos, y de todas las disciplinas, en donde algunas conciencias conservadoras, desde tiempos ancestrales, se erigen como muros entre las luces de la razón y la penumbra de la tradición, evitando con ello que seamos una sociedad en la que cada cual toma sus decisiones de manera informada, libre y responsable.

 

* Germán Novoa es Médico Cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM con especilidad en Medicina Farmacéutica. Ha cursado diplomados en Administración, Mercadotecnia, Farmacología Clínica y Bioética, y es maestro en Ciencias Médicas con especialidad en Investigación Clínica. Obtuvo el doctorado en Investigación en Medicina y cuenta con un posdoctorado en Bioética. Actualmente, es investigador del Programa Universitario de Bioética de la máxima casa de estudios.

 

@bioeticaunam

 

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