La justicia en la basura

Hay altas posibilidades de que la persona a la que le entregamos la basura todos los días sea una de las más de 10,000 que limpian la Ciudad de México en busca del sustento diario, pero sin un contrato, sin salario, sin prestaciones laborales ni seguridad social, atrapadas en el interminable círculo de la pobreza.

La justicia en la basura
Recolectores de basura se toman un descanso mientras el conductor del camión los traslada entre sus puntos de trabajo. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM Cuartoscuro.com

Por: Tania Espinosa Sánchez (@espinosamente)

Cotidianamente nos beneficiamos de una grave injusticia que fácilmente logra escaparse de nuestra percepción, la injusticia se desplaza con la víctima, que regresa una y otra vez a la puerta de nuestra casa. Hay altas posibilidades de que la persona a la que le entregamos la basura todos los días sea una de las más de 10,000 personas que, desdibujadas del servicio público, limpian la CDMX en busca del sustento diario, pero sin un contrato, sin salario, sin prestaciones laborales ni seguridad social, atrapadas en el interminable círculo de la pobreza. En una recomendación histórica –7/2016-, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México describe la discriminación y el abuso que viven las personas trabajadoras informales dentro del servicio público de limpieza.

La Recomendación llamada “Omisiones en el sistema de recolección, separación y destino final de residuos sólidos urbanos en la Ciudad de México, así como en la generación de condiciones para el trabajo digno de las personas que realizan esas actividades”, es el primer documento emitido por una institución pública que hace un estudio integral del servicio público de limpieza con una perspectiva de derechos humanos, para establecer que a través del mismo se garantiza el derecho a un medio ambiente sano y a la calidad de vida. Esto concuerda con la resolución A/HRC/30/49 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el papel de la administración local en la promoción y protección de los derechos humanos.

En medio de la crisis de medio ambiente por la que atravesamos, hay que entender que la contaminación no sólo está en el aire y no es únicamente producida por el smog de los autos. Los residuos que generamos todos los días contaminan y requieren gestionarse. La Recomendación explica la nula importancia que el gobierno da a este servicio. La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) lo demuestra con más de 1 año de retraso en la publicación del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGRIS 2016 – 2020), documento rector del servicio. El parque vehicular, en su mayoría, va de viejo a obsoleto. Las bodegas, campamentos, estaciones de transferencia y plantas de selección, carecen de mantenimiento. Ninguna delegación ha elaborado su programa de limpia, como ordena la ley.

Por primera vez se describen las condiciones de trabajo de las personas que realizan la limpieza de la Ciudad. La descuidada infraestructura, en tanto lugar de trabajo, es antihigiénica, insalubre, insegura al no cumplir con requisitos de protección civil. Todo indicara que los trabajadores tuvieran que ponerse en riesgo a sí mismos para limpiar la CDMX en busca de un medio ambiente sano para las personas que transitamos y vivimos en ella. El reto es mayor para quienes no tienen un contrato, salario, ni seguridad social y no son reconocidos como trabajadores por el gobierno. Afortunadamente, ya no queda duda de que la condición de informalidad de las personas recicladoras informales no es excusa para no garantizarles derechos laborales, y se les reconoce el estatus de trabajadoras.

Trabajan de la mano de los trabajadores contratados, al igual que ellos prestan un servicio público, pero son tratados de manera distinta. La Oficialía Mayor de la Ciudad de México afirma que “las personas que laboran voluntariamente en el servicio de limpia lo realizan por iniciativa propia”. Así el gobierno dice que no es posible establecer una relación laboral de forma unilateral. Los voluntarios no son considerados para la dotación de vestuario indicado, porque no están contemplados en el reglamento, y ellos lo tienen que comprar. Tampoco son considerados para la capacitación, aprenden acerca de la separación de residuos a través de los mismos compañeros, por sus familiares o por su cuenta.

Las situación de estos trabajadores desde el punto de vista de las delegaciones no es mejor, ya que éstas aseguran que “trabajan como voluntarios para la coordinación territorial o colonia que les corresponde, esto implica que no reciben ningún tipo de salario (…) por efectuar el trabajo del barrido de calles secundarias y la recolección en los hogares, que su ganancia proviene de las propinas que les dan algunos vecinos que reciben el servicio”. Además, las personas trabajadoras voluntarias reciben ingresos de la venta de los materiales reciclables que seleccionan entre la basura, pero su ingreso se ve mermado por el pago que deben de hacer al chofer del camión a cambio de vaciar sus tambos, o bien, a cambio de que les permita trabajar en el camión.

La mano de obra informal también existe en las plantas de selección y tratamiento, que son operadas por los pepenadores. La Dirección General de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), señaló que “prevalecen acuerdos no documentados con los gremios (de) selectores” y que son los “gremios de selectores (quienes) operan en las plantas de selección”. El PGIRS 2010 – 2015 reconoce explícitamente la importancia del gremio en la correcta operación del programa, sin embargo no los registra como empleados. Los pepenadores también viven de la comercialización de los residuos valorizables, pero están sometidos al control de precios y compradores, por los líderes.

Durante décadas, esta ha sido la realidad de generaciones de familias que se dedican al reciclaje informal, en la modalidad de voluntario o de pepenador, quienes se caracterizan por encontrarse en la pobreza y realizar esa labor como forma de subsistencia. La Recomendación 7/2016 deja claro que esta situación se da con la permisión gubernamental de que presten un servicio público en condiciones indignas, incrementando su vulnerabilidad y perpetuando la desigualdad de trato ante la ley, al establecer diferencias en el acceso a los recursos públicos administrados por el Estado para garantizar los derechos laborales de las personas trabajadoras formales e informales.

Sin estos trabajadores, el gobierno tendría que contratar a otros, pero abusa de su necesidad. La SOBSE aceptó que “en cuanto a los beneficios económicos que el GDF obtiene de la separación de residuos, este se refleja directamente en la disminución del volumen de residuos que acarrea hacia los sitios de disposición final de los mismos, y por ende en el pago de los servicios de acarreo y disposición final”. Los jefes de bodega reconocieron que “se ayudan de las personas trabajadoras voluntarias porque de lo contrario no podrían cubrir todo el trabajo” y que “la delegación no los contrata debido a que como la autoridad sabe que de todas maneras trabajan, no se molestan en contratarlos”; además “se ahorra dinero”.

Esta es la oportunidad para erradicar la explotación que padecen más de 10,000 trabajadores informales en la prestación del servicio público de limpieza de la CDMX, víctimas de violación a su derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, derecho a la seguridad social y a una remuneración. Las delegaciones deberán censar a los trabajadores voluntarios, la Secretaría del Trabajo deberá capacitarlos en cooperativismo, la SEDEMA deberá integrarlos al PGIRS que tiene que ser publicado en 2016 privilegiando la participación social sobre la privatización del servicio, la SOBSE tendrá que dar mantenimiento a la infraestructura y Finanzas, deberá hacer la asignación presupuestaria pertinente. El servicio de limpia sólo podrá ser eficiente, dignificando la labor de quienes limpian la Ciudad de México.

 

* Tania Espinosa Sánchez es Coordinadora para Latinoamérica del Programa de Leyes de WIEGO – Mujeres en el Empleo Informal: Globalizando y Organizando, y Consejera de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

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