¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa visibilizó el sufrimiento de miles de familias que llevaban reclamando justicia desde mucho antes, pero cuyos casos no tuvieron el impacto de esas desapariciones, pues hasta ese entonces se consideraban hechos aislados o que era culpa de las propias víctimas.

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Este 26 de septiembre se cumplen 2 años de la desaparición de los 43 normalistas. Cuartoscuro

Por: Natalia Pérez Cordero (@NataliaCordero9)

El día de hoy se conmemora el segundo aniversario de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, donde ha quedado comprobada la participación de policías de los distintos órdenes de gobierno. Este acontecimiento se dio en el marco de la denominada “guerra contra el narcotráfico” iniciada hace diez años por el expresidente Felipe Calderón y que ha sido continuada por el actual presidente Enrique Peña Nieto, que ha traído como consecuencia la desaparición múltiple y sistemática de más de 28, 161[1] personas según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas a inicios del año 2016.

De esta manera, desde hace diez años la estrategia de seguridad implementada con motivo del combate a los grupos de delincuencia organizada y de narcotráfico consistió en aumentar el despliegue de las fuerzas policiacas y las fuerzas armadas -incluidas la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR)- a lo largo y ancho del país a fin de combatir a estos grupos o redes delincuenciales, y lograr un país libre de la producción, venta y consumo de estupefacientes.

Sin embargo, lo único que se ha terminado en estos años es la seguridad y la confianza en las instituciones encargadas de combatir la delincuencia, puesto que los grupos criminales no sólo siguen existiendo, sino que se han multiplicado al igual que la violencia y el número de violaciones graves a derechos humanos, como lo son la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura, con una alarmante participación de las fuerzas de seguridad estatales en sus distintos niveles de gobierno, y lo más grave: el aumento terrorífico de la impunidad en torno a la investigación y sanción de estos hechos.

La prueba más clara de ello se dio hace dos años, cuando la noche del 26 de septiembre de 2014 un grupo de 43 estudiantes provenientes de la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa tomaron cinco autobuses que transportaban pasajeros a fin de dirigirse a la Ciudad de México a conmemorar el aniversario del genocidio ocurrido el 2 de octubre de 1968, cuando fueron interceptados por elementos de la policía municipal, quienes junto con un grupo particulares ejecutaron la desaparición de los estudiantes, borrando toda huella material o rastro de su existencia.

Cabe decir que la persecución que sufrieron aquella trágica noche los estudiantes estuvo monitoreada en todo momento por el sector conocido como C-4 (Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo), sistema de monitoreo por medio de videocámaras instaladas en diversas vialidades públicas cuyo control pasa por los distintos sectores de seguridad pública, incluidas las dependencias policíacas y las fuerzas armadas. Es decir que aquella noche del 26 de septiembre el Estado mexicano fue testigo de todo lo que ocurría en el municipio de Iguala, en Guerrero, y a pesar de ello no hicieron nada para evitar que la tragedia ocurriera.

De esta manera, se configuró la desaparición forzada de 43 estudiantes a manos de elementos del Estado mexicano, pues de acuerdo con la normativa internacional firmada y ratificada por México se define a la desaparición forzada como “la privación de la libertad, sea considerada como arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona”[2]; delito que además configura un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, es decir que se considera uno de los crímenes más graves y que más afectan a la humanidad en la historia contemporánea reciente.

Aquella noche del 26 de septiembre marcó un parteaguas en la historia reciente de las violaciones a derechos humanos en el país, una realidad que se hizo más tangible que nunca a partir del año 2006. En esa ocasión, la desaparición forzada cobró el rostro de 43 jóvenes estudiantes e hizo visible esta práctica como algo sistemático y generalizado que ocurre a lo largo y ancho del país, que unió la fuerza y el coraje de 43 familias que empezaron a alzar la voz y reclamar incansablemente la aparición con vida de sus 43 muchachos desaparecidos con el apoyo pleno del Estado aquella noche.

Esa tragedia visibilizó el sufrimiento de miles de familias que como la de los 43 estudiantes llevaban reclamando justicia desde mucho antes, pero que cuyos casos no tuvieron el impacto de esas 43 desapariciones, pues hasta ese entonces las desapariciones se consideraban hechos aislados, o que las víctimas estaban inmiscuidas en prácticas que justificaban su desaparición.

No obstante, la historia cambió esa noche y con ello la percepción que se tenía hasta entonces de los desaparecidos, y se empezó a hacer cada vez más visible y latente que la práctica de las desapariciones en México contaban con una alta participación de distintos agentes estatales. Premisa que ha sido confirmada cada vez más y en mayor medida por distintos organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas e incluso, el Relator sobre Tortura también de Naciones Unidas, en sus recientes informes sobre la situación de derechos humanos en México; ello a pesar de que los representantes del Estado mexicano se han empeñado en demostrar a la comunidad internacional que el tema de seguridad en México está bajo control.

Incluso, la Unión Europea en su más reciente informe publicado en septiembre de 2016, titulado “Informe Anual sobre Derechos Humanos y Democracia en el Mundo en 2015”, una vez más confirma los que el gobierno mexicano se empeña en encubrir, dando cuenta de la crisis que enfrenta México en la materia, destacando la impunidad casi total y la infiltración del crimen organizado en los distintos órdenes de gobierno como las principales causas que contribuyen a que la desaparición forzada y otras violaciones a derechos humanos se sigan replicando, a pesar de la visibilidad del problema a nivel local y mundial.

A pesar de que las desapariciones forzadas en México son un hecho innegable, los avances en el combate a dicha práctica, a través de la prevención, investigación eficaz, sanción oportuna y reparación integral a las víctimas directas e indirectas de esta abominable práctica han sido muy pocos.

Específicamente, en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa los avances han sido pocos frente a los retrocesos y obstáculos que enfrentan día a día los padres y sus representantes legales en torno a la investigación penal de lo ocurrido a fin de conocer la verdad, y obtener la sanción para todos los responsables, que de manera directa o por mero encubrimiento contribuyeron a la desaparición de los jóvenes estudiantes.

Sin embargo, ello no resulta casual cuando se analiza a la luz de las miles de desapariciones forzadas ocurridas en el pasado, desde la década de los sesentas con motivo de la Guerra Sucia, que a más de cuarenta años continúan en completa impunidad, dejando el mensaje de que las autoridades mexicanas frente a la desaparición forzada no hacen nada más allá de la mera simulación para mantener una imagen a nivel internacional que cada vez se hace menos sostenible.

Por ello es importante y fundamental unirnos a los reclamos de los padres de estos 43 estudiantes a dos años de su desaparición forzada y de las miles de personas desaparecidas en este país, porque quedarnos callados abona a la impunidad, a la cultura del silencio frente a los hechos delictivos y permite que la violencia avance hasta que un lamentable día nos alcance a nosotros, o a alguien de nuestro círculo cercano, porque la desaparición forzada de personas sigue siendo una realidad latente en México y la impunidad que envuelve a las desapariciones lo es aún más.

Por eso, antes de pensar en la molestia que podría generar “oootra marcha en la Ciudad de México”, entendamos que ante la falta de respuesta que incluya a la justicia, verdad y reparación integral por parte de las autoridades encargadas de investigar y prevenir estos hechos, lo que nos queda es alzar la voz y denunciar públicamente, y entender que, si bien no es lo único que queda por hacer, -pues, incluso son muy destacables las diversas propuestas legislativas hechas desde los movimientos de familiares de las y los desaparecidos para impulsar la adopción de una ley integral en la materia-, sí es una parte importante en la denuncia y combate desde la sociedad en contra de la práctica de la desaparición forzada, pues si no hubiera sido por esos padres que hace dos años se atrevieron a denunciar publica y abiertamente la desaparición de sus hijos, probablemente esta práctica seguiría siendo un secreto a voces que por décadas ha lacerado a la sociedad mexicana y extranjera.

No permitamos que transcurran más décadas de impunidad, alcemos la voz en solidaridad con las familias de las miles de personas desaparecidas, hasta que un día ya no sea necesario tomar las calles reclamando justicia, esperando que ésta sea una realidad y no una simulación estatal.

¡¡Porque a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, así como a los más de 28,000 personas desaparecidas, vivos se los llevaron, y vivos los queremos!!

 

*Natalia Pérez Cordero es abogada de la @CMDPDH

 

 

[1] Las cifras presentan el total de registros de personas relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el periodo comprendido entre enero del 2014 y enero del 2016, y que permanecen sin localizar al corte del 31 de enero del 2016, más la suma de las cifras presentan el total de registros de personas relacionadas con averiguaciones previas del fuero común que permanecen sin localizar al corte del 31 de enero del 2016 (Fecha de consulta: 20 de mayo de 2016).

[2] Cfr. Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas

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