Xochicuautla no quiere consulta ni carretera

El juez solo tomó en cuenta la ilegalidad de la consulta en Xochicuautla por aspectos técnicos, pero no tocó el punto principal que es detener las obras debido al daño que harán a las tradiciones y la vida de la comunidad.

Por: Carla Sofía Loyo Martínez (@carlasofialm)*

El pasado 8 de septiembre el Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México[1], emitió la sentencia del juicio de amparo 771/2015, interpuesto por integrantes de la comunidad Otomí de San Francisco Xochicuautla, amparando y protegiendo a la comunidad. Antes de celebrar la decisión, resulta necesario explicar rápidamente la demanda de amparo, las consideraciones del Juez y particularmente los efectos de la concesión del amparo.

En mayo de 2015, el Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla, el entonces Tercer Delegado Municipal, comuneros y habitantes de la comunidad interpusieron la demanda de amparo en contra de la planeación, licitación, adjudicación y construcción de la Autopista de cuota Toluca-Naucalpan, debido a la omisión generalizada de todas las autoridades involucradas (alrededor de 27) de tomar medidas positivas para la protección de los derechos del pueblo otomí en general y de la comunidad en específico.

Lo anterior, se alegó en el amparo, vulnera los derechos humanos de la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla a la libre determinación, al territorio, a la integridad cultural, al agua y a la consulta libre, previa e informada.

A su vez, se argumentó la inconstitucionalidad de la causa de necesidad pública de la autopista Toluca-Naucalpan, ya que se limita a la disminución del tiempo en el traslado de personas y mercancías entre la Ciudad de México y el aeropuerto de Toluca (algo así como 20 minutos menos), sin mención alguna a las afectaciones a comunidades indígenas y mestizas o al medio ambiente que el proyecto implica. al dividir el único cuerpo forestal que existe entre la Ciudad de México y Toluca.

Posteriormente, la demanda fue ampliada con motivo de la expropiación de parte del territorio de San Francisco Xochicuautla, de cuyo decreto se desprende la realización de una -supuesta- consulta en términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Es preciso enfatizar que es a partir de la publicación del decreto que los habitantes de la comunidad tuvieron conocimiento de dicha consulta indígena. Dentro del litigio, el Juez ordenó al Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y Conexos del Estado de México  (SAASCAEM) aportar la documentación existente en relación con la consulta señalada en el considerando segundo del decreto de expropiación.

De los documentos aportados por SAASCAEM se desprende que la consulta vulnera todos y cada uno de los estándares internacionales establecidos en la materia: 1. La consulta se llevó a cabo 10 años después de la planeación de la autopista; 2. Se realizó en cinco días prácticamente consecutivos (5, 8, 9, 10 y 12 de junio de 2015) y únicamente un mes antes de la expropiación; 3. No se hizo a través de los representantes legítimos de la comunidad; 4. Se desarrolló a puerta cerrada en la Biblioteca del Poder Legislativo del Estado de México; 5. No informaron a la comunidad de la realización de la consulta ni aportaron información alguna, menos aún de forma culturalmente apropiada; 6. En 24 horas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) determinó que no existía ningún patrimonio cultural afectado, desconociendo la práctica milenaria de peregrinación a los Cerros Sagrados del “Divino Rostro”, (así como los vestigios arqueológicos y osamentas que recientemente han sido encontrados por la comunidad y denunciadas ante el INAH); entre otras barbaridades.

Pasado el tiempo, así como varias quejas y recursos de revisión interpuestos, llegó el momento de que el Juez Quinto emitiera la sentencia correspondiente, la cual como se adelantó, protege y ampara a la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla.

Sin embargo, tanto las consideraciones como los efectos, resultan una lisa y llana simulación de protección: por un lado el Juez no consideró las pruebas aportadas por la comunidad (testimoniales, documentos comunitarios, testimonios, fotografías, videos  y mapas); y por otro, redujo todo lo alegado por los quejosos y sus representantes, a la consulta y a los criterios oficiales.

Asimismo, sostuvo que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es la institución obligada a realizarlas  y que como no había intervenido en la consulta del SAASCAEM, ésta resultaba ilegal, ordenando entonces la realización de una nueva.

Para continuar, el Juez señaló que no se pronunciaría sobre todos los demás derechos alegados como violados ya que serían materia de la consulta. Para concluir, el Juez expresamente dispuso que la realización de la misma no implica detener las obras de construcción de la autopista Toluca- Naucalpan, considerando de forma implícita que este derecho de los pueblos indígenas es un mero trámite que no tiene efectos reales en la toma de decisiones de las instituciones del Estado.

Los que tiene como consecuencia, la violación irremediable de todos los demás derechos por la terminación de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, misma que, como se ha alegado durante diez años,  pone en grave riesgo la pervivencia de la cultura otomí de la región.

Una decisión como ésta resulta una burla para el ejercicio de los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas, ya que permite que las instituciones del Estado, de cualquier nivel, continúen tomando decisiones que favorecen a grupos empresariales (como lo es Grupo Higa, empresa concesionaria de la autopista) en nombre de un falso progreso y que ponen en peligro la existencia de formas de vida y culturas indígenas del país, sin ninguna consecuencia. Por eso decimos: gracias por su consulta, pero no gracias.

La autopista Toluca – Naucalpan resulta inconstitucional por sí misma no únicamente por la ilegalidad de la consulta; sino también porque impide la reproducción de la cultura otomí, asín como de la forma de vida de las diversas comunidades afectadas, lo que en consecuencia vulnera los derechos indígenas de San Francisco Xochicuautla y del pueblo otomí de la región. Por ello, quienes hemos acompañado el proceso, en conjunto con integrantes de la comunidad reiteramos: gracias, pero no gracias

*Carla Sofía Loyo Martínez es abogada de la @CMDPDH

[1]  El Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales, Vicente Bermúdez Zacarías, fue víctima de homicidio el paraíso 17 de octubre en Metepec, Estado de México, quien conocía de los juicios 771/2015 y 441/2016 tramitados por el Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla.  El homicidio del Juez federal se suma a la grave crisis de derechos humanos en la que se encuentra el país y pone en riesgo el acceso a la justicia y la imparcialidad de las y los jueces en todo el territorio.

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Comentarios

  1. Enrique Hernández Osuna

    Hermanos Mexicanos, denunciemos todo lo que afecte a nuestro País y a nuestros Compatriotas, no debemos de avalar ningún acuerdo, reforma o ley que vaya en contra de los intereses de [email protected] [email protected] [email protected] bien [email protected], o atente en contra del medio ambiente y que nos quieran imponer los políticos corruptos, parásitos traficantes de influencias, perversos, pervertidos, psicópatas, cínicos, mentirosos, hipócritas, malos actores, traidores y vende patrias. Con tantas evidencias de fraude, tráfico de influencias, corruptelas y traición a la Constitución y Leyes que de ella emanan, ya nos estamos tardando en fincarles juicio y encarcelamiento por todo el daño que le han hecho y siguen haciendo al País.
    Ningún decreto tiene razón de ser sino está avalado por el pueblo, trabajadores de la dependencia, o distintos sectores sociales a los que sirvan, sea secretaria, órgano Municipal, Estatal o paraestatal donde se lleve a cabo; los trabajadores quedan en total estado de indefensión ante esta arbitrariedad, definitivamente están violando el Art. 26 de la Constitución Mexicana que a letra dice: ARTICULO 26.- El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

    Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal.

    La Ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

    En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.