PGR y Fiscalía General: ¿sólo un cambio de nombre?

Hoy denunciar se percibe como pérdida de tiempo o incluso con el riesgo de ser extorsionado. No es deseable un cambio de nombre que no genere cambios estructurales en la manera de investigar.

Por: Lucía Chávez (@LucyChavezV)

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto de reforma constitucional por el que Procuraduría General de la República sería sustituida por la Fiscalía General de la República. La reforma al artículo 102 constitucional contempla que el Ministerio Público se organice en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios. Eso es un aspecto positivo pues se cumplirá el ideal de independencia de quien investiga y persigue los delitos en el país.

Si bien la reforma logró un gran avance, aún no es suficiente para garantizar una elección de un Fiscal independiente y diseñar una Fiscalía eficaz que sí funcione.

Por ello, actualmente existen iniciativas en el Senado de la República para reformar el texto del artículo 102. Si bien algunas abordan elementos que permitirían garantizar en cierta medida la operatividad de la Fiscalía, otras pareciera que sólo buscan modificar el nombre de la institución; es decir, pretenden que se perpetúe la actual PGR bajo otro nombre. La reforma de 2014 y las iniciativas que están en el Senado aún carecen de candados que garanticen la operatividad, independencia y especialización de la Fiscalía de una manera integral.

Se debe garantizar un trabajo multidisciplinario e integral para la reforma constitucional, diseño legal e institucional de la Fiscalía, en el que se escuchen y sean tomadas en cuenta todas las voces expertas. De lo contrario, la institución estará destinada al fracaso y México a continuar en la crisis de corrupción, violencia, impunidad y violaciones a derechos humanos que vive hasta ahora.

Varias organizaciones de la sociedad civil, academia, empresarios, empresarias, expertas y expertos en la materia nos hemos conformado en el grupo #FiscalíaQueSirva, pues nos preocupa el rumbo que pueda tomar la procuración de justicia en el país. Consideramos que una reforma eficaz al 102 debe contar con un formato de parlamento abierto, en donde se escuchen las voces de la sociedad.

En concreto, la reforma que se propone al artículo 102 de la Constitución debe contemplar la designación de un Fiscal General independiente, honrado, con compromiso con los derechos humanos. Un error que no se puede cometer es que el actual titular de la PGR se vuelva el Fiscal General y su personal tenga un pase automático.

En el país hay más de 30 mil personas desaparecidas, más de 150 mil asesinadas en la guerra contra el narcotráfico, más de 4 mil víctimas de tortura[1], más de 300 mil desplazadas por la violencia, ante esa grave crisis en materia de derechos humanos se debe contar con una fiscalía especial en la materia que permita generar las capacidades de especialización y la efectiva participación de las víctimas.

Así, los derechos humanos deben de estar en el centro de la creación de la Fiscalía. El diseño del 102 debe contar con garantías que aseguren la erradicación de la impunidad, construyendo capacidades para investigar y también mecanismos para que cuando las fiscalías de los estados no tengan las capacidades o la independencia para investigar, la federación pueda atraer los casos y las víctimas no se queden sin justicia. Esto debe ir de la mano con la investigación de contexto. La Fiscalía debe de romper completamente con el modelo de investigación de escritorio, burocrático y de casos aislados que no es eficaz de ninguna forma para romper con las estructuras criminales y los pactos de impunidad.

Hasta ahora, la PGR no se ha posicionado como un modelo de investigación ejemplar, al contrario, ha desincentivado las denuncias derivado de la falta de confianza en la población. Denunciar se percibe como pérdida de tiempo o incluso como un riesgo, por ejemplo de ser extorsionado. El país no necesita más de lo mismo, no es deseable un cambio de nombre que no genere cambios estructurales en la manera de investigar.

Se debe diseñar una fiscalía independiente, progresista, que otorgue certidumbre y confianza. Este diseño obvia la necesidad de participación social, transparencia y rendición de cuentas no sólo cuando ya esté funcionando la Fiscalía, sino desde ahora en su proceso de creación legal e institucional.

 

* Lucía Chávez es directora del área de investigación de la @CMDPDH.

 

 

[1] PGR. Solicitudes de información folios 0001700300414 y 0001700020615.

Close
Comentarios