12 pasos para proteger víctimas de desplazamiento

Presentamos una Guía Mínima sobre los puntos que el gobierno debe atender para brindar, desde un enfoque integral, transversal y especializado, la protección que su población de manera urgente necesita.

En la actualidad, al menos 310 mil 527 personas se encuentran en situación de desplazamiento interno forzado en México. El que estas personas se vean forzadas a huir con la finalidad de salvaguardar su integridad, tiene como consecuencia la ruptura de sus lazos con redes familiares y sociales, la ruptura con el espacio vivido, con la fuente de ingresos y recursos, de abastecimiento y subsistencia. Implica el abandono de la vida que eligieron construir.

La situación de desplazamiento interno forzado impide la garantía y el ejercicio efectivo de derechos humanos tales como: el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y seguridad personal, a la alimentación, a la circulación y residencia, a las garantías procesales y protección judicial, a una vida familiar y cultural digna, a la salud, a la educación, a la vivienda digna y adecuada, al empleo, a la propiedad privada, la vida privada y el domicilio.

El nivel grave de vulnerabilidad de las personas desplazadas se ve acrecentado debido a que no cuentan con un reconocimiento jurídico y social. La invisibilidad y negativa al reconocimiento de su condición por parte del Estado incrementa de manera sustancial el riesgo y la victimización de esta población. Es por esto que hacemos un llamado urgente al Estado mexicano para que reconozca a la población internamente desplazada en nuestro país y con la intención de reforzar este llamado, presentamos una Guía Mínima sobre los puntos a los que el gobierno debe atender para brindar desde un enfoque integral, transversal y especializado, la protección que su población de manera urgente necesita.

Con la finalidad de contribuir a que esta respuesta sea clara y efectiva, retomamos el Marco de Responsabilidad Estatal creado por Brookings Institution que establece al menos 12 pasos que debe cumplir un Estado para proteger a sus víctimas de desplazamiento.

Para la correcta definición e identificación de la población, es preciso saber:

¿Quién es una persona en situación de desplazamiento forzado interno?

Las personas desplazadas internamente son quienes de manera individual o colectiva huyen o escapan de su hogar, del lugar donde viven o residen, hacia otro municipio de su estado o hacia otro estado del país, para evitar ser víctima de una situación de violencia generalizada, de un conflicto armado, de violaciones a los derechos humanos, de catástrofes naturales o de catástrofes provocadas por el ser humano; o por las consecuencias sufridas por estas situaciones.

¿Cómo identificar quien es una persona internamente desplazada?

Existen dos elementos decisivos para la identificación de una persona desplazada interna forzada:

  1. El carácter coercitivo o involuntario del movimiento
  2. El movimiento tiene lugar dentro de las fronteras estatales, es decir, que encuentra refugio en otro lugar dentro del mismo país. Respecto a la interpretación de este elemento es importante tomar en cuenta que: no importa si, para llegar al lugar de refugio las personas tuvieron que transitar por el territorio de otro país, o si primero fueron a otro país y luego regresaron de forma voluntaria o involuntaria a su propio país pero a un lugar distinto a su lugar de origen. Tampoco importa si la persona dejó su lugar de origen de manera voluntaria y luego no puede regresar por eventos ocurridos en su ausencia.

I. Otro aspecto a resaltar es que cuando se habla del desplazamiento interno de población, no se hace referencia al término de ciudadanía, por lo tanto, las personas extranjeras también pueden ser desplazadas internas[1].

Paso 1: Prevención. El gobierno tiene la responsabilidad de prevenir y evitar las condiciones en su territorio que puedan generar desplazamientos de poblaciones, asegurarse que el desplazamiento que sea evitable no tenga lugar, y que en caso de que éste ocurra, dure lo menos posible.

Paso 2: Generar consciencia nacional sobre el problema: Principalmente mediante el reconocimiento del problema por parte de autoridades desde el nivel más alto. A esto se deben sumar esfuerzos de concientización a través de campañas mediáticas de sensibilización de alcance social y gubernamental, incluyendo policías y militares y servidores públicos.

Paso 3: Recolección de datos sobre el desplazamiento: Generar información creíble sobre el número, las condiciones, y los lugares donde se encuentran los desplazados para partiendo de esa información diseñar políticas y programas efectivos para su atención.

La información debe desagregarse por género, edad, y otros indicadores sobre las vulnerabilidades particulares de los grupos o de miembros de los grupos. Este esfuerzo no debe poner en riesgo su seguridad, protección, ni libertad de movimiento.

Consideramos que este paso es crucial, debido a que en México no existe un diagnóstico formal o fuentes de información oficial que den cuenta de las magnitudes de la problemática o de las condiciones en las que se encuentra esta población.

Paso 4: Capacitaciones sobre los derechos de las Personas Desplazadas Forzadas Internas: La capacitación de oficiales de gobierno resulta fundamentar para concientizar sobre sus responsabilidades para la atención y protección de las víctimas de desplazamiento. Se debe tener como objetivo capacitar a: quienes inciden en realización de políticas públicas a nivel nacional; oficiales de gobierno a nivel regional y local, ya que son quienes están en contacto directo con los desplazados y son responsables por implementar las políticas en el terreno; militares y policías para poder tener un rol en la protección; comisionados de instituciones de derechos humanos; legisladores; sociedad civil y a los mismos desplazados para que reconozcan su situación y conozcan sus derechos.

Paso 5: Creación de un marco legal que sostenga los derechos de las Personas Desplazadas Forzadas Internas: Establecer sus derechos y las obligaciones de los gobiernos hacia ellos. Diversos países han desarrollado leyes que se refieren al desplazamiento en general, o a una fase específica del desplazamiento.

Paso 6: Establecer una Política Nacional o Plan de acción para atender el desplazamiento interno.

Paso 7: Establecer una Institución Focal para las Personas Desplazadas Forzadas Internas: Esta institución sería responsable de garantizar la atención de la población y de facilitar la coordinación entre gobierno y contrapartes locales e internacionales.

Paso 8: Rol de los Organismos de Derechos Humanos en el país: Para monitorear las condiciones de las personas internamente desplazadas y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, debieran: llevar a cabo investigaciones sobre violaciones graves a derechos humanos de personas desplazadas forzadas internas, dar seguimiento a alertas de potenciales desplazamientos, y aconsejar al gobierno sobre los derechos de las personas desplazadas forzadas internas, posiblemente asesorando la labor legislativa de forma que se salvaguarden las garantías establecidas en los Principios Rectores. Además, debieran de monitorear la labor del gobierno en la protección de desplazados, informar a las personas desplazadas forzadas internas sobre medidas tomadas para su seguridad y protección, y hacer lazos con asociaciones de personas desplazadas forzadas internas.

Paso 9: Participación de personas desplazadas forzadas internas en toma de decisiones: Las víctimas deben tener la capacidad de incidir en el diseño de políticas y programas para su atención, con la intención de que éstos resulten verdaderamente efectivos.

Paso 10: Soluciones Duraderas: Realizar los esfuerzos necesarios para garantizar el regreso o reasentamiento seguro de las personas desplazadas.

Paso 11: Asignación adecuada de recursos

Paso 12: Cooperación con organizaciones internacionales y regionales: Cuando el gobierno no cuente con la capacidad de otorgar la protección y bienestar de los desplazados, éste debe aceptar asistencia internacional.

Esta Guía Mínima aporta los elementos básicos que el Estado, con voluntad, podría adoptar para la atención de cientos de miles de mexicanos que a la fecha permanecen en absoluta vulnerabilidad. Sin embargo, reiteramos que el elemento fundamental para lograr dar respuesta a la problemática del desplazamiento interno forzado y sus víctimas, yace en su reconocimiento. Subrayamos, el gobierno mexicano tiene una deuda pendiente con las personas desplazadas, la mejora de su calidad de vida y la garantía y ejercicio pleno de sus derechos humanos dependen de su reconocimiento.

 

@CMDPDH

 

 

[1] Por su calidad de extranjeros, estas personas no gozan de algunos derechos que buscan proteger a los desplazados nacionales, tal como el derecho a participar de elecciones.

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