El silencio no hará desaparecer las atrocidades

“Si no se habla de ello, no existe”, “si no se nombra, no está ocurriendo”. El silencio no va a hacer que desaparezcan los horrores, sólo va a permitir que las dinámicas se perpetúen.

Ha pasado ya el primer semestre de un año bastante agitado, no sólo respecto a los números alarmantes de víctimas que ha dejado la violencia, sino también en el debate relacionado con la preservación, la renovación y el fortalecimiento de las estructuras que ayudan a la regulación de la vida de este país.

Esto nos permite observar que urge dar respuestas que permitan detener las atrocidades actuales, al mismo tiempo que resalta la pertinencia de establecer instituciones que lleven a la sostenibilidad de los proyectos que faciliten reparar a las víctimas de tales atropellos, y que además, prevengan la aparición de prácticas semejantes en el futuro.

La fórmula completa requiere al Estado mexicano que prevenga, investigue, sancione y repare las violaciones graves a derechos humanos. Sin embargo, el camino supone la garantía de una amplia gama de derechos, aunado a la toma de conciencia por parte de la sociedad, con la finalidad de exigir que se hagan efectivos los bienes mayores, como lo es el respeto a la integridad personal y a la vida.

De manera particular, la academia y las organizaciones de la sociedad civil hemos intentado hacer eco de estas premisas, haciendo una reflexión sobre el alcance y significado que adoptan en el día a día los conceptos jurídicos que componen el método descrito en la búsqueda de justicia. Esto ha llegado a ocasionar que muchas veces se pierda del horizonte que la justicia no sólo refiere a la rama legal, es decir, no basta que se condene a los perpetradores del daño, sino también refiere a la reconstrucción de quién era la persona, la redignificación de las víctimas, de sus familias y de las comunidades de las que eran parte, es decir, de la memoria colectiva.

Conocer la verdad sobre lo que sucedió, cómo sucedió y por qué sucedió, como parte de una dinámica que ya se venía desarrollando en la región y cuyas catastróficas consecuencias eran inevitables de continuar con la misma inercia. Esta es la clase de ejercicios a los que pocas veces se les pone atención en el seguimiento de procesos para la obtención de justicia y que constituye una parte esencial, no sólo para determinar la legalidad de ciertos actos, sino para la construcción de políticas públicas que den fin a una situación de continua devastación. Que se brinden soluciones duraderas y no sólo respuestas de emergencia.

Así, el informe En el desamparo. Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010) y Allende, Coahuila (2011), publicado por El Colegio de México, aporta notablemente a la discusión y permite reflexionar por quién y para quién se está trabajando y, por lo tanto, hacia dónde debe ir encaminada la atención de las instituciones encargadas de tratar los efectos que dejan estos sanguinarios incidentes en las personas.

Dentro de los resultados más sobresalientes que se obtienen del análisis realizado por El Colegio de México, los investigadores destacan que dos de los hechos más violentos en el país continúan sin lograr una respuesta integral ni para los sobrevivientes, ni para los familiares, ni para las comunidades en las que se ejecutaron las acciones o de las que provenían las víctimas. Uno de ellos, la masacre de 72 migrantes centro y sudamericanos en San Fernando, Tamaulipas, ejecutados por la organización criminal de los Zetas entre el 22 y 23 de agosto de 2010, como parte de la contienda que este grupo armado tenía por el control de la zona con el Cartel del Golfo y la cual fue dada a conocer por los testimonios de 2 sobrevivientes. El otro, sobre la desaparición y ejecución de 26 miembros de la familia Garza en Allende, Coahuila, en marzo de 2011, de acuerdo con los testimonios recopilados –se tienen indicios que la cantidad de personas secuestradas y asesinadas durante este evento oscila entre 42 a 300- en un lapso de 48 horas, donde además se destruyeron y bandalizaron sus viviendas, como parte de la estrategia de represalias por la cooperación de uno de sus integrantes con la Administración para el Control Drogas de Estados Unidos (DEA, Drug Enforcement Administration). Estos dos sucesos no se pueden considerar como aislados, sino más bien representativos de lo que ocurre en varias regiones del país.

La investigación también señala pequeñas pautas sobre la forma en la que actúan determinados grupos de la delincuencia organizada y su capacidad de influencia con relación a las autoridades locales para que colaboraran en el incidente, o bien, no acudieran a los llamados de auxilio tras recibir la alerta de lo que estaba ocurriendo. A su vez, que no deja de apuntar la paralización de algunos órganos estatales y federales al percatarse de quiénes eran los responsables de las atrocidades.

A pesar de lo evidente, el trabajo que se desarrolla durante esta primera entrega de la investigación académica sobre los eventos en San Fernando en 2010 y Allende en 2011 es cauteloso en saltar hacia conclusiones precipitadas, acotando constantemente las características de la procedencia de la información que se ocupa en el análisis. Un ejemplo de ello se representa a través de varios incidentes de desaparición de personas, en los que no es posible concluir que también fueron ejecutadas, ya que durante la investigación únicamente se determina que se encontraron restos mortales y que fueron identificados, pero no las circunstancias bajo las cuales perecieron.

De igual manera, el estudio observa que no hay indicadores objetivos que le permitan a CNDH calificar la gravedad de los eventos, ya que únicamente incluye como variable significativa el conteo del número de muertos. Por lo tanto, cuando se llegan a identificar episodios de drástica violencia ocurrida durante un breve periodo de tiempo, son la clase de casos que carecen de seguimiento por parte de los mecanismos de investigación y reparación para víctimas, ya que no contarán con una clasificación de “grave violación a los derechos humanos” de acuerdo con los criterios de asignación del órgano nacional de derechos humanos.

Las acotaciones que se resaltan durante la exposición del informe permiten a los autores hacer un llamado en el sentido de dejar de invisibilizar la situación, puesto que la sociedad y los gobiernos han llegado al punto de “si no se habla de ello, no existe”, “si no se nombra, no está ocurriendo”, generando entonces un contexto en el que, inclusive, quiebran las voces independientes que se dedican precisamente a informar de lo ocurrido. El silencio no va a hacer que desaparezcan los horrores, sino que va a permitir que las dinámicas se perpetúen. El silencio sólo logrará que haya tolerancia ante la ocurrencia de atrocidades y la normalización de la violencia como modo de vida.

Por el contrario, el identificar lo que está sucediendo y denominarlo por lo que en realidad significa facilita abordar el fenómeno desde diversas aristas y proponer una respuesta integral al mismo, puesto que se obtendrán consensos a través de un diálogo más abierto.

 

@CMDPDH

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