Desplazamiento interno y soluciones para protección

Actuar a favor de la población internamente desplazada no es solo un acto humanitario y coherente con derechos humanos, representa una estrategia para mantener el tejido social y la seguridad política de un Estado.

En México, cientos de miles de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares frente al clima de violencia en el que su vida se ve enmarcada. Escapar abandonando todo resulta una medida reactiva ante hechos victmizantes que de manera directa han impactado en su persona, familia o comunidad. Pero abandonarlo todo también ha sido una medida preventiva ante la violencia imperante en sus lugares de origen.

Desafortunadamente la problemática del desplazamiento es una cuestión que en México no ha sido asunto prioritario dentro la agenda política; prueba de esto es que aunque en la Constitución federal y las leyes derivadas de la misma se establece la garantía de los derechos humanos existe una renuencia por fundamentar de manera explícita los derechos inherentes de la población internamente desplazada, impidiendo con ello su distinción y trato preferencial, situación que da lugar a una evasión constante de responsabilidades de las autoridades facultadas para atenderlo en todos sus niveles de gobierno.

Las respuestas del Estado mexicano frente al desplazamiento interno han sido insuficientes. Oscilan entre la negación y la esporádica intervención. No obstante, dada la magnitud y consecuencias que derivan de él, resulta crucial el construir acciones de carácter legislativo para su protección y asistencia.

La reciente visita no oficial de la relatora especial de los derechos de las personas internamente desplazadas de la ONU, Cecilia Jiménez Damary, el pasado 23 y 24 de agosto en el marco del Foro Internacional sobre Desplazamiento Forzado Interno en México, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Senado de la República y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos en México, nos evidencia una aproximación hacia el reconocimiento de la problemática del desplazamiento interno forzado que enfrenta nuestro país y abre una ventana de oportunidad para que este tema logré ser asumido dentro de la agenda pública como uno de los tema prioritarios que el Estado mexicano debe atender con urgencia.

Debe entenderse que pese al aparente costo operativo y económico que representa la atención de esta población, a largo plazo la elaboración de una Ley General para las personas desplazadas forzadas internas también beneficia al Estado. El abordaje marginal de esta situación persistente, sin perspectivas encaminadas a la construcción de soluciones duraderas, puede constituir un factor determinante para la obstaculización en la construcción de paz, la estabilidad, la recuperación y la reconstrucción del tejido social en la etapa posterior a la crisis que hoy enfrentamos. De tal forma que actuar a favor de la población internamente desplazada no es solo un acto humanitario y coherente con derechos humanos, sino representa una estrategia para mantener el tejido social y la seguridad política de un Estado.

Esta Ley General para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno deberá se trazada a partir de los criterios internacionales en la materia, con perspectivas a largo plazo, considerando la implementación de elementos mínimos, como la creación de un Registro Único de víctimas de desplazamiento, medidas de prevención, protección y asistencia en todas las fases que comprenden el ciclo del desplazamiento (en el lugar de origen -retorno, en zonas de refugio -integración local o la reintegración en otra parte del país- reasentamiento); la conformación de un Sistema Nacional para la Prevención y Atención Integral que tenga por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la protección, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las personas en condición de desplazamiento forzado interno. A la par, es fundamental, realizar la creación de un tipo penal para esta forma de victimización.

La búsqueda de soluciones duraderas al desplazamiento interno es un proceso prolongado, el cual debe atender razones humanitarias, de derechos humanos, de desarrollo, reconstrucción y alcance de paz. Es un hecho gradual que requiere la participación y disposición del Estado -como principal responsable de atender a dicha población-, agentes internacionales humanitarios y de desarrollo -como complementarios de la labor estatal-, en el que la voluntad política es fundamental para la estabilización del contexto particular que generó el desplazamiento. Así mismo, es imperativo que las autoridades consideren plenamente las necesidades e intereses de los desplazados internos, pues las políticas que se desarrollen en su auxilio impactarán directamente en su calidad y plan de vida. La participación activa, libre e informada en el diseño y planeación de las políticas, resulta fundamental.

El reconocimiento formal de la problemática, la elaboración de una ley, la realización de un diagnóstico oficial para dimensionar cuantitativa y cualitativamente el problema, y la creación de políticas públicas y programas de alcance nacional que cuenten con un enfoque diferencial y especializado para su atención integral, son las acciones adecuadas para la atención efectiva de la población internamente desplazada.

Cercanos al cumplimiento del vigésimo aniversario de los Principios Rectores de los Desplazados Internos, nos encontramos frente a una importante oportunidad para fomentar la adopción de estar norma de ámbito mundial que fue elaborada para proteger los derechos de las personas internamente desplazadas durante todas las fases que comprenden el desplazamiento.

Atender a la población internamente desplazada para el alcance de soluciones duraderas es un imperativo hacia los Estados que enfrentan esta problemática. Las y los desplazados son una población en condiciones de profunda vulnerabilidad que, por cuestiones ajenas debieron huir y buscar refugio para salvaguardar la vida, siendo obligación de los distintos órdenes nacionales de gobierno protegerlos.

A 15 años de la visita oficial a México del entonces Representante del Secretario General de la Naciones sobre las personas internamente desplazadas, Francis M. Deng, resulta urgente que el Estado mexicano, congruente con su obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas en México, extienda una visita oficial a la Relatora Cecilia Jiménez para visitar el país a la brevedad, con la finalidad de poder auxiliar a las autoridades mexicanas en la comprensión y atención del problema.

De no afrontar esta situación, el gobierno mexicano no sólo pondrá en duda la vigencia de un Estado de derecho, sino que quedará en deuda con miles de víctimas del pasado y del presente condenándolas a un ciclo interminable de violencia y de violaciones a sus derechos humanos.

 

@CMDPDH

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