Derecho a la salud de personas usuarias de drogas

La política de salud sobre drogas de este país es contraria a los elementos esenciales para garantizar el derecho a la salud, al derecho a la prevención de enfermedades y al principio de no discriminación e igualdad de trato.

El próximo 28 de septiembre, México será revisado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Organización de las Naciones Unidas. Esto quiere decir, que las personas expertas integrantes de dicho Comité examinarán el cumplimiento de las obligaciones contraídas por México en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Desde hace 11 años México no había comparecido ante este Comité de Naciones Unidas, por lo que la revisión que se le haga en las próximas semanas será de gran relevancia para evaluar el avance y los retos que México enfrenta en la protección, respeto y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales.

Más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil mexicana han informado al Comité sobre violaciones en México del derecho a la libre determinación de los pueblos, incluyendo los derechos a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, al derecho al trabajo y a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, al derecho a la seguridad social, a la alimentación adecuada, al derecho al agua y saneamiento, a una vivienda adecuada, al derecho al nivel más alto posible de salud física y mental, entre otros. De manera inédita, también se le ha presentado información al Comité DESC sobre las violaciones del derecho a la salud de las personas usuarias de drogas en México.

En México, la política de salud en materia de uso de plantas y sustancias ilícitas, conocidas como drogas, es limitada y frecuentemente resulta en la violación del derecho a la salud de las personas usuarias de drogas, así como de otros derechos fundamentales como el derecho de toda persona al debido proceso y a no ser torturada. En la práctica la política de salud sobre drogas de este país es contraria a los elementos esenciales para garantizar el derecho a la salud, al derecho a la prevención de enfermedades y al principio de no discriminación e igualdad de trato.

De acuerdo al Comité DESC, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud debe cumplir con los siguientes elementos: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. No obstante, la política de salud en materia de drogas en México contradice dichos elementos:

Disponibilidad: En México los servicios de salud para personas usuarias de plantas y sustancias actualmente ilícitas, se han enfocado exclusivamente en el tratamiento con el objetivo de lograr la eliminación total del consumo, eludiendo la responsabilidad del Estado de adoptar estrategias de reducción de daños. Así mismo, la oferta de los servicios públicos de tratamiento de adicciones es limitada y las opciones privadas frecuentemente incumplen los lineamientos establecidos para su funcionamiento.

Accesibilidad: La criminalización del consumo y la penalización de la posesión, compra y producción de drogas dificultan enormemente que las personas usuarias de drogas, y en particular las personas jóvenes, se acerquen a los servicios de salud por temor a ser criminalizados y estigmatizados y fomentan prácticas de mayor riesgo al consumir.

Aceptabilidad: La desvinculación de los centros de tratamiento privados con internamiento con el Estado ha fomentado que en ellos se reproduzcan graves violaciones a los derechos humanos de las y los pacientes. Se ha documentado en dichos centros la recurrencia del “internamiento bajo engaños, escaso aseo personal, alimentación deficiente, violencia emocional y tratamientos similares”. Sumado a ello, se han identificado casos de tortura y malos tratos, incluyendo “encierro involuntario […] o forzado por padrinos o policías, violencia física y psicológica, abuso sexual, trabajo esclavo no remunerado y el uso de cadenas, sogas y candados para limitar la movilidad de los internos, entre otros”. Esto inclusive ha devenido en otras violaciones a derechos como la privación de la vida y la desaparición de personas mientras se encontraban internadas en centros de tratamiento.

Calidad: Los servicios de tratamiento de adicciones públicos a nivel nacional, en particular aquellos localizados en zonas rurales o zonas urbanas pequeñas, frecuentemente carecen del presupuesto necesario y por lo mismo cuentan con un personal reducido y sin capacitaciones médicas y psiquiátricas, muchas veces no llevan un registro ni los expedientes de las y los pacientes y no cuentan con la infraestructura necesaria. Por otro lado, los centros de tratamiento privados en ocasiones cuentan con las mismas deficiencias que los públicos, además de que no siempre se basan en modelos clínicos estandarizados de tratamiento.

Derecho a la prevención de enfermedades

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que entre las medidas que los Estados deben adoptar se incluyen aquellas que son necesarias para “la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole”. A pesar de que en el 2009 México aprobó una reforma a Ley General de Salud que abrió la puerta para la inclusión de políticas de reducción de riesgos y daños, así como de tratamientos no basados en el abstencionismo, en México aún son excepcionales las políticas e intervenciones de este tipo. La falta de servicios de reducción de riesgos y daños, que doten de herramientas e información a las personas usuarias de drogas con el objetivo de que puedan desarrollar un uso más responsable y evitar que éste se convierta en un uso problemático es contraria al derecho a la prevención de enfermedades.

Por lo anterior, será de suma importancia que el Comité DESC recomiende al Estado mexicano asignar presupuestos suficientes para la realización progresiva del derecho a la salud a fin de proveer servicios de reducción de daños a las personas usuarias de drogas ilícitas.

Así mismo, resultará fundamental que el Comité exhorte al Estado mexicano a clausurar todos los centros de internamiento de adolescentes por consumo de drogas, así como a garantizar los servicios de prevención, reducción de los daños y tratamiento de la dependencia, sin discriminación.

Por último, un llamado del Comité DESC a hacer efectiva la descriminalización del uso de todas las sustancias psicoactivas hoy consideradas ilegales en México con el objetivo de poner fin a las detenciones arbitrarias de personas usuarias y fomentar un mayor acercamiento de esta población a los servicios de salud, podrá significar un avance significativo en el cambio de paradigma en relación al enfoque que el gobierno de México ha priorizado en los últimos 10 años en el combate a las drogas.

 

@CMDPDH

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