Los retos de la política de drogas internacional

Los avances presentados en el documento de conclusiones de la UNGASS se encuentran vinculados a demandas tradicionales del Norte Global, donde los índices de consumo de drogas son mucho mayores y no cubren las necesidades más urgentes del Sur Global.

Por: Amaya Ordorika (Amaya903) y Miguel Villegas

A un año y medio de la pasada Sesión Especial sobre drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS), realizada en abril de 2016, y a poco más de un año de la próxima revisión de la Declaración Política y Plan de Acción sobre drogas de Naciones Unidas, que se llevará a cabo en 2019, el movimiento internacional por un cambio en la política de drogas se encuentra en un momento clave para reconocer logros, identificar pendientes y reevaluar prioridades y estrategias.

Entre los logros de la UNGASS 2016 se puede destacar el reconocimiento de la urgente necesidad de garantizar el acceso a medicinas esenciales, de promover la prevención y el tratamiento de sobredosis, de vincular la discusión sobre política de drogas con la Agenda para el Desarrollo 2030, y de fortalecer la cooperación con otras entidades de las Naciones Unidas, todo esto contenido en el documento de conclusiones. A pesar de no haber incluido el concepto de reducción de riesgos y daños en dicho documento, este sí incluye alusiones a las propuestas que la perspectiva de reducción de riesgos y daños pone sobre la mesa. Será fundamental dar seguimiento puntual a estos avances para que se traduzcan en hechos y continúen aproximándose a los ideales planteados por el movimiento.

No obstante, entre los grandes pendientes se encuentran las limitaciones en las “Recomendaciones operacionales sobre reducción de la oferta y medidas conexas; aplicación eficaz de la ley; respuestas a la delincuencia relacionada con las drogas, y lucha contra el blanqueo de dinero y promoción de la cooperación judicial”. Estas recomendaciones se concentran en continuar un modelo de combate a las organizaciones dedicadas a la producción, distribución y venta de drogas, coloquialmente conocido como “guerra contra las drogas”. En esta sección del documento se continúa promoviendo una aproximación de seguridad sin reconocer los posibles beneficios de los modelos regulatorios, y destaca preocupantemente la ausencia de menciones al respeto a los derechos humanos. Así mismo, el documento evita concluir la necesidad de poner fin a la pena de muerte por delitos relacionados con drogas que se mantiene vigente en varios países.

En los países del Sur Global, la guerra contra las drogas se vive de manera distinta a los del Norte. En estos países se concentra la mayor parte de la producción y tráfico de drogas a nivel global, lo cual implica dinámicas diferentes. Aunque también existe consumo de drogas, que debe ser descriminalizado y abordado como una cuestión de salud pública, los impactos más grandes de la política mundial prohibicionista resultan de albergar mercados ilícitos altamente lucrativos y de las estrategias de seguridad que tienen como objetivo oficial combatir dichos mercados.

En México, por ejemplo, desde que en el 2006 el entonces presidente Felipe Calderón declaró una estrategia de combate frontal al narcotráfico, continuada por el ahora presidente Enrique Peña Nieto, las cifras de delitos violentos y violaciones a derechos humanos han aumentado alarmantemente. Esta estrategia consistió en la militarización de la seguridad pública, legitimada en el combate al narcotráfico, a través de la sustitución de titulares de instituciones de seguridad pública por militares, en licencia o en retiro, así como el empleo de las fuerzas armadas en tareas correspondientes a corporaciones civiles de seguridad. Entre el 2006 y ahora hay más de 30,000 personas desaparecidas, han habido más de 150,000 muertes por homicidio y más de 300,000 personas que se han visto forzadas a desplazarse internamente debido a la violencia.

Los avances presentados en el documento de conclusiones de la UNGASS se encuentran vinculados a demandas tradicionales del Norte Global, donde los índices de consumo de drogas son mucho mayores. A pesar de que dichas demandas son compartidas por los países del Sur Global, no cubren las necesidades más urgentes de estos países.

Esto pone de manifiesto la necesidad de construir un movimiento fuerte y unificado de política de drogas en el Sur Global que sea capaz de construir un análisis común e incluyente, así como de generar estrategias propias de resistencia y transformación de las condiciones actuales. Este movimiento requiere incluir en su lectura las intersecciones de la política de drogas con los impactos del colonialismo, la relación económica con los países del Norte Global que financian la guerra contra las drogas en el Sur, los retos que enfrenta la equidad de género y los altos índices de pobreza. Así mismo, es necesario tener claridad sobre el impacto de la guerra contra las drogas en otras luchas, como las luchas por la defensa de tierra y territorio que encabezan pueblos indígenas de diversos países de América Latina.

De cara al 2019, podemos prepararnos para el siguiente proceso internacional de evaluación de la política mundial sobre drogas fortaleciendo los espacios de diálogo y de organización regional, coadyuvando en el fortalecimiento de las voces y capacidades de organización de personas y comunidades directamente afectadas por la guerra contra las drogas, y construyendo puentes entre la diversidad de actores y demandas desde el Sur Global para sentar las bases de un movimiento articulado.

 

* Amaya Ordorika es investigadora en política de drogas y derechos humanos en la @CMDPDH y junto con Miguel Villegas es integrante de ReverdeSer Colectivo.

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