Indígenas sin justicia

Más de 7 mil indígenas se encuentran encarcelados de forma arbitraria, la mitad sufrieron algún tipo de tortura y no cuentan con una defensa digna. Chiapas y Oaxaca concentran a la mayoría.

Por: José Luis Gutiérrez Román (@DireccionRoman)

“El Ministerio Público había ordenado a una persona que vivía en la comunidad que sirviera como intérprete traductora. Esta persona no sabía hablar español y firmó un documento que también firmó mi madre y que ninguna de las dos sabía lo que decía”.

“M”, indígena tsotsil, acusado de violación en el estado de Chiapas.

Chiapas y Oaxaca son dos entidades que concentran alrededor del 45 % de personas indígenas a nivel nacional; la mayoría de ellas vive en situación de pobreza o pobreza extrema y reciente de manera constante una gran violencia estructural que se acrecienta en ámbitos relacionados con el acceso a la justicia.

Con el objetivo de documentar las persistentes violaciones a derechos humanos que sufren las personas indígenas cuando se enfrentan al sistema de justicia penal mexicano, ASILEGAL realizó doscientas tres entrevistas en once Centros de Reinserción Social de Chiapas y Oaxaca. El producto de la investigación es el Informe “El acceso a la justicia de personas indígenas privadas de libertad en Chiapas y Oaxaca”.

En México, existen alrededor de 209 mil 782 personas privadas de libertad[1] y, hasta mayo de 2017, 7 mil 433 pertenecían a un pueblo o comunidad indígena[2]. En Chiapas, el porcentaje es de 6.77% y la mayoría son indígenas tseltales, mientras que en Oaxaca el porcentaje es de 30.8% y la mayoría son mazatecas.

El panorama que se identificó en cuanto a la violación de derechos en contra de esta población es desolador e indignante; desde su detención, hasta el momento en el que se encuentran privadas de libertad en algún Centro de Reinserción Social, las personas indígenas son sujetas a un trato por demás indigno y, por supuesto, ilegal.

De acuerdo con la información recabada, la mayoría de las detenciones se desarrollaron de manera arbitraria y prácticamente la mitad de las personas indígenas detenidas sufrieron algún tipo de tortura. En Chiapas, al 83% de las personas detenidas no se les mostró una orden de aprehensión y el 77% no entendió el motivo de su detención. En Oaxaca, el porcentaje de personas a las que no se les mostró una orden de aprehensión también fue de 83% y en esta entidad el 52% de las personas entrevistadas mencionó no haber entendido el motivo de su detención.

En cuanto a la tortura, el 32.5% de las personas entrevistadas en Chiapas mencionaron haber sufrido algún acto de tortura durante la detención y en Oaxaca el porcentaje fue de 50%. Algunos de los actos de tortura mencionados por las personas entrevistadas fueron: amenazas, insultos, robo de pertenencias, choques eléctricos, golpes, vendaje de los ojos, rocío con gas lacrimógeno, “arrastrones”, quemaduras, disparos al aire con arma de fuego, “encañonamiento”, observar cómo torturaban a su familia o a otras personas detenidas, y despojarlas de su ropa.

Un dato por demás sobresaliente relacionado con la aplicación de la prisión preventiva, una medida cautelar cuyo uso abusivo dentro de nuestro país ha sido reiteradamente denunciado por constituir una violación al derecho a la presunción de inocencia y por representar una pena anticipada, es que, tanto en Chiapas, como en Oaxaca, más del 50% de las personas indígenas se encuentran bajo esta medida. En Chiapas el porcentaje de personas indígenas en prisión preventiva es de 52.8% y en Oaxaca es de un alarmante 97.4%.

Por otro lado, un reclamo recurrente cuando se habla de justicia y personas indígenas es la carencia de intérpretes traductores certificados. La falta de cumplimiento de la garantía de contar con la asistencia de un(a) intérprete traductor tiene como consecuencia la indefensión y una violación sucesiva a los derechos a los que toda persona debe tener acceso durante el proceso.

En el país existen sólo 575 intérpretes traductores registrados en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas del INALI[3] los cuales son evidentemente insuficientes para atender a las 7 mil 433 personas indígenas privadas de libertad.

Respecto al respeto al derecho de contar con la asistencia de un intérprete traductor durante el proceso en Chiapas, el 42% de las personas entrevistadas mencionó que no contó con ese derecho y en Oaxaca el porcentaje fue de 40%. A este dato hay que añadir que algunas personas pese a que contaron con la asistencia no entendieron al intérprete, ¿por qué? De acuerdo el Colegio de Abogados Indígenas de Chiapas, debido a la carencia de intérpretes traductores certificados una práctica recurrente es que las autoridades de impartición de justicia piden el apoyo a otra persona indígena la cual, en muchas ocasiones, no habla la misma lengua de la persona detenida o, aunque la hable, no comprende bien el español.

En cuanto al derecho a la reinserción social, se observó que en los Centros de reclusión no existen las condiciones adecuadas para que las personas indígenas puedan llevar una estancia con dignidad. En todos los Centros se registró la persistente carencia de servicios básico como el de salud y educación adecuados a sus necesidades. Además, muchas de las personas indígenas se encuentran en Centros lejanos a su comunidad lo que los pone en una situación de abandono y gran vulnerabilidad.

La impunidad siempre presente

“M” es un indígena tsotsil que estuvo privado de libertad acusado de la violación de una de sus hijas. El 13 de octubre de 2016 “M” y sus hijas fueron a recolectar flores, “G”, una de ellas, fue por agua y al pasar el tiempo y ver que no volvía, “M” se preocupó y fue a buscarla. Cuando la encontró ella estaba acostada con un muchacho. Encolerizado, “M” hizo que el muchacho corriera y propinó un fuerte regaño a su hija.

Enfurecido, se fue al pueblo y al poco tiempo escuchó un fuerte alboroto, de pronto, unos policías lo arrestaron. Ya en el Ministerio Público se enteró de que su madre lo había denunciado por presuntamente haber violado a su hija.

Durante el juicio “M” se enteró que el Ministerio Público le hizo firmar un documento a su madre, documento del cual ella desconocía su contenido porque no habla español y no sabe leer. Además de su mamá, la persona que sirvió de intérprete cuando a “M” le tomaron su declaración, tampoco entendía el español y firmó un documento que no entendía y que era la confesión de “M”.

“M” pasó diez días privado de su libertad por culpa del actuar ilegal y por demás negligente de la autoridad. Con el apoyo de una nueva defensa a cargo de ASILEGAL y el apoyo de una intérprete traductora que sí hablaba su lengua, le fue posible acreditar su inocencia.

Tiempo después se supo que la hija de “M” había sido violada por el muchacho con el que la vio y que su madre había entendido mal a su hija cuando ésta utilizó la palabra yil vajil que tiene una doble connotación según la variante de la lengua tsotsil, es decir, puede significar “molestar” o “abusar sexualmente”.

“M” ahora está libre por falta de elementos para vincularlo, pero la autoridad no hizo nada respecto a la violación de su hija.

A pocos días de haberse conmemorado el Día Internacional de los Derechos Humanos, en ASILEGAL, esperamos que el Informe “El acceso a la justicia de personas indígenas privadas de libertad en Chiapas y Oaxaca” constituya una herramienta de trabajo a través de la cual, desde las instituciones y desde la sociedad civil, busquemos mecanismos para lograr el respeto del derecho de acceso a la justicia de las personas indígenas privadas de libertad.

 

* José Luis Gutiérrez es Director de ASILEGAL (Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C.), organización no gubernamental que trabaja en la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad, en especial de aquellos que se encuentran privados de su libertad. Facebook: ASILEGAL Twitter: @Asilegal_df.

 

Fuentes:

[1] Secretaría de Gobernación (junio, 2017). Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional; pp. 14-29

[2] Información obtenida mediante solicitud de acceso a la información presentada ante el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS); fecha de respuesta: 1 de agosto de 2017; Folio: #3670000024917

[3] Hay 24 abogados para 11 millones de indígenas. Excelsior (17 de junio de 2016). Consultado el 8 de mayo de 2017. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/17/1099360

Close
Comentarios