Movilización, presión y aprobación de la LSI

El Colectivo #SeguridadSinGuerra no pudo cambiar la ecuación de costo-beneficio de los actores políticos para no aprobar la Ley de Seguridad Interior porque tenemos una democracia muy deficiente y estamos en medio de una gravísima crisis de inseguridad.

Por: Alejandro Anaya Muñoz

La maquinaria legislativa del PRI (es decir, del gobierno de Enrique Peña Nieto) de pronto metió cambio de marcha y en unos cuantos días consiguió la aprobación la Ley de Seguridad Interior (LSI), a pesar de una extraordinaria movilización social en contra. La LSI es extremadamente riesgosa y problemática, particularmente porque formaliza una estrategia de seguridad fallida, establece incentivos contrarios al desarrollo de una estructura civil de seguridad pública eficiente, propicia violaciones a los derechos humanos, es inconstitucional y, por si fuera poco, trastoca las relaciones cívico-militares en el país. Por ello, lo que sigue es buscar impugnarla y resistirla y evidenciar sus consecuencias negativas. Pero en este espacio no quiero reflexionar sobre las características de la ley ni sobre las medidas que se podrán tomar para enfrentarla, sino sobre la capacidad del gobierno de Peña, el PRI y sus aliados para resistir la gran presión generada en contra de la ley.

Como es bien conocido, la feroz oposición a la LSI fue encabezada y encausada por el colectivo #SeguridadSinGuerra, una muy amplia y densa red de todo tipo de actores de sociedad civil, particularmente integrantes de organizaciones no gubernamentales y académicos expertos en temas de seguridad y derechos humanos. El colectivo se comenzó a conformar hace poco más de un año, como respuesta a las iniciativas de legisladores tanto del PRI como del PAN (o, para ser más precisos, en este último sentido, del PAN ligado al ex Presidente Felipe Calderón) para legislar en materia de “seguridad interior”. Paulatinamente, #SeguridadSinGuerra creció en tamaño y densidad y, con el apoyo o la coincidencia en visiones y argumentos de la representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), órganos y expertos independientes de los regímenes interamericano y de Naciones Unidas de derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), figuras del arte y la cultura y más de un cuarto de millón de ciudadanos que firmaron sus peticiones en medios electrónicos, montaron una oposición extraordinaria a la pretensión del gobierno y el PRI de formalizar la militarización de la seguridad pública en el país.

Utilizando de manera sistemática argumentos claros y sólidos, fundamentados en evidencia, y desplegando una creativa campaña de comunicación (particularmente en redes sociales), el colectivo evidenció una y otra vez los problemas y riesgos de las iniciativas en materia de “seguridad interior”, buscando incrementar los costos de su eventual aprobación para el gobierno y el PRI, tanto dentro como fuera de México. La movilización del colectivo puso obstáculos y pospuso la aprobación de la LSI (aunque también tuvo mucho que ver la discrepancia entre el PRI y el PAN con respecto a la reforma policial y el “mando único”). Sin embargo, como se señaló al inicio de estas líneas, parece ser que en cuanto se decidió a ello y logró asegurar la mayoría de votos en ambas cámaras, la aplanadora del PRI, con el apoyo de los “rebeldes Calderonistas”, sacó la reforma sin mayores problemas.

En política todo tiene que ver con cálculos de costo-beneficio. Es evidente, en este sentido, que los partidos y legisladores que aprobaron la LSI calcularon que aprobando la ley lograrían maximizar su ganancia neta. Las presiones y el peso específico de las fuerzas armadas y los intereses de muchos gobernadores han sido, sin duda, parte importante de la ecuación. Pero lo que quiero destacar es que ni siquiera una movilización social extraordinaria (en cierto sentido sin precedentes), como la que desplegó #SeguridadSinGuerra, logró cambiar el resultado final del cálculo. Esto nos muestra que, desafortunadamente, el activismo en materia de derechos humanos en México sigue teniendo límites importantes.

Quisiera señalar un par de elementos relacionados, que son sugeridos por la literatura académica en la materia. Si bien la presión internacional es muy importante para poner en marcha “el poder de los derechos humanos”, no es suficiente en sí misma para lograr transformaciones sustantivas y lograr que el respeto por los derechos humanos se institucionalice y sea la práctica habitual de los actores. En otras palabras, la presión internacional no es una varita mágica; generalmente suele provocar más “compromiso”, pero sin llegar a generar mayor “cumplimiento”. Más allá de la presión “desde afuera”, es fundamental la “presión desde adentro”. Pero para que ésta última tenga una influencia más determinante es necesario que se den cambios importantes en las condiciones políticas al interior de los países; de manera particular, que se profundicen y consoliden los procesos de democratización; que se generen transformaciones en el sistema político, de manera que una ciudadanía densa y participativa tenga mecanismos efectivos para incidir en los procesos de toma de decisiones. Por otro lado, está demostrado que la agenda de derechos humanos sufre en demasía en contextos de conflicto interno y/o crisis severas de (in)seguridad, particularmente porque en éstos se fortalecen dinámicas que generan violaciones a los derechos humanos y surgen grupos sociales que demandan “seguridad a cualquier costo”.

Lo que todo esto sugiere es que #SeguridadSinGuerra no pudo cambiar la ecuación de costo-beneficio de los actores políticos (entre otras cosas, seguramente) porque tenemos una democracia muy deficiente y porque estamos en el medio de una gravísima crisis de inseguridad. En este contexto era muy difícil “ganar”. Trágicamente, la LSI parece fortalecer ambas dinámicas, contrarias al desarrollo de la agenda de derechos humanos: debilita aún más nuestra democracia (al fortalecer el “poder de veto” de las fuerzas armadas) y pospone y dificulta la solución de la crisis de seguridad (al formalizar una estrategia fallida y desincentivar el desarrollo de las autoridades civiles que necesitamos). Parecería, en este sentido, que estamos perdidos en una especie de laberinto que la LSI ha hecho aún más intrincado y difícil de descifrar.

Ante este pesimismo, no obstante, la solución no es cambiar de estrategia o dejar de hacer lo que las y los colegas de #SeguridadSinGuerra han hecho con tanta fuerza, inteligencia y creatividad. Al contrario, al enfrentar la LSI alimentaron y desarrollaron la densidad de la sociedad civil y por lo tanto de la ciudadanía en México. En este sentido, la discusión y aprobación de la LSI es un punto más de lo que es y seguirá siendo un proceso de muy largo aliento. Todo parece indicar que, en este caso concreto, se perdió la partida. Pero al sentarse a jugarla, y jugarla muy bien, se ganó enormemente en capacidades para enfrentar la siguiente.

 

* Alejandro Anaya Muñoz es Profesor-investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), y miembro del Consejo Directivo de la @CMDPDH.

 

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