Opinión Consultiva de la Corte IDH y el sector LGBTI

¿Por qué es importante para México la resolución de la Corte Interamericana sobre las obligaciones de los Estados respecto a la identidad de género de las personas trans y los derechos a la igualdad y no discriminación de parejas del mismo sexo?

Por: Efraín Tzuc (@efra_tzuc)

El pasado 9 de enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) adoptó la Opinión Consultiva[1] OC-24, solicitada por Costa Rica, sobre las obligaciones de los Estados respecto al derecho a la identidad de género de las personas trans y los derechos a la igualdad y no discriminación de parejas del mismo sexo. Esta resolución representa un precedente importante para el reconocimiento de los derechos humanos de la comunidad LGBTI.

Aquí te contamos 5 puntos de la Opinión Consultiva OC-24 que podrían permitir avanzar en la agenda de derechos humanos de la comunidad LGBTI en nuestro país:

  1. La Convención Americana de los Derechos Humanos protege a las personas LGBTI 

La Corte nuevamente reconoció que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención bajo los principios de igualdad y no discriminación. Esta determinación inicial fundamenta el reconocimiento de otros derechos interpretados a la luz de la diversidad sexual – y no de la hetero/cisnorma[2] -. Por ejemplo, a partir de este reconocimiento la Corte interpreta que el derecho al nombre para las personas trans va más allá de la posibilidad de tener un registro que permita el reconocimiento del resto de la sociedad y el Estado, si no que necesariamente implica la obligación del Estado de crear mecanismos que permitan modificarlo de acuerdo a la identidad autopercibida de la persona.

  1. La identidad de género se basa en la autopercepción e identificación y no debe someterse a terceros

Precisamente al respecto de la identidad de género, la Corte adopta una definición amplia basada en la autopercepción e identificación del individuo, que supera los rasgos biológicos o físicos como determinantes de la identidad, también añade que el derecho a la identidad de género está «estrechamente relacionado con el principio de autonomía personal», por lo que no debe someterse a terceros, incluyendo el propio Estado.

  1. El procedimiento para el cambio de nombre en registros oficiales debe ser de naturaleza administrativa, rápido y gratuito

La Corte también resolvió que la vía más adecuada para el cambio de nombre en registros oficiales en el caso de las personas trans es la administrativa. Este punto es especialmente importante ya que en nuestro país sólo la Ciudad de México y los estados de Michoacán y Nayarit permiten el cambio de nombre para las personas trans por esta vía, es decir, sin tener que recurrir a una instancia judicial. De acuerdo a la Corte, la vía judicial podría retardar un proceso que debe durar lo menos posible dada la importancia del reconocimiento de la identidad de género para el goce de otros derechos. Además, la vía judicial podría representar una verificación innecesaria por parte de un tercero. En este punto también es importantísimo enfatizar que la Corte rechaza aquellos procedimientos que requieren valoración o terapia médica o psicológica de cualquier tipo ya que representaría una patologización de las personas trans totalmente injustificada. Respecto a la gratuidad del procedimiento, la Corte realiza nuevamente una interpretación con perspectiva de diversidad sexual al determinar que las personas cisgénero no se ven en la necesidad de recurrir a este procedimiento, por lo que están exentas de pagar una cuota para contar un registro acorde a su identidad de género, a diferencia de las personas trans. Por ello, no hay razón para que estas últimas sí tengan que pagar con el fin de contar con el mismo registro.

  1. Es innecesario y discriminatorio crear nuevas figuras específicas para las parejas del mismo sexo que produzcan los mismos efectos que el matrimonio. 

Sobre la obligación de los Estados para proteger los vínculos de las personas del mismo sexo, la Corte reiteró que la Convención no protege a un único modelo de familia y que es innecesario crear nuevas figuras que produzcan los mismo efectos que el matrimonio basándose únicamente en la distinción por la orientación sexual, lo cual sería discriminatorio. La Corte IDH coincide con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al determinar que la negación del matrimonio de personas del mismo sexo por considerar que el fin de éste es la procreación es discriminatorio y no corresponde a la realidad ni siquiera en las propias uniones heterosexuales, como es el caso de las parejas que deciden no tener hijas/os pero pueden acceder al matrimonio. La Corte tampoco encontró el argumento respecto a la etimología de la palabra «matrimonio» como válido, puesto que las palabras han evolucionado conforme a la misma sociedad y este criterio no aplica para otras palabras ampliamente utilizadas que cuyo significado ya no corresponde a su etimología.

  1. La existencia de debates internos sobre el reconocimiento de derechos de las personas LGBTI no son argumentos para negar estos derechos 

Este punto sin duda es importantísimo porque señala que no hay razón alguna para negar los derechos en cuestión a las personas LGBTI. Más allá de los argumentos filosóficos y religiosos, más allá de las acaloradas discusiones en redes sociales, incluso por encima de las manifestaciones de los grupos conservadores que insisten en el trato discriminatorio de las personas LGBTI, el Estado está obligado a reconocer a las parejas del mismo sexo en los mismos términos que se ha reconocido a las parejas heterosexuales, incluyendo el derecho al matrimonio y los derechos patrimoniales que deriven del mismo, así como el derecho a la identidad de género que, como ya se mencionó, requiere del reconocimiento al nombre elegido por la persona de acuerdo a su propia autopercepción e identificación.

Recordemos que en México las personas trans viven una situación gravísima de violencia: de acuerdo al  Proyecto de Investigación Transrespect vs Transphobia, de 2008 a septiembre de 2017 se han cometido 337 crímenes de odio contra personas trans en nuestro país. Además, apenas 12 Estados permiten el matrimonio de personas del mismo sexo. Es por ello que la Opinión Consultiva de la Corte IDH representa un avance en la región que podría ser un nuevo impulso para la agenda política del movimiento LGBTI en México. Sin embargo, es preciso reconocer que los adelantos por el camino jurídico en algunas ocasiones van más acelerados que los cambios culturales y sociales que deseamos ver en nuestro día a día como personas LGBTI. Es por ello que el alcance de esta resolución sólo será significativo en la medida que nos apropiemos de ella y exijamos su adopción por parte de los gobiernos federal y estatales.

 

* Efraín Tzuc es Oficial de Prensa en la @CMDPDH.

Fuentes:

[1] La Opinión Consultiva es un procedimiento que permite a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos consultar la interpretación de la Corte respecto a la normativa de la Convención Americana de los Derechos Humanos u otros Tratados del Sistema Interamericano, así como los los alcances de las obligaciones de los Estados a partir de éstos. Por su propia naturaleza, no establece responsabilidades específicas.

[2] Norma que reconoce como modelo válido, ideal, normal y natural para relacionarse afectiva y sexualmente a la heterosexualidad (heteronormatividad), y la identificación de género únicamente acorde al sexo asignado al nacer (cisnormatividad – cisgénero).

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