Describiendo la impunidad de México en tres actos

La impunidad, la ausencia de controles, y la apropiación del Estado por la clase política para su beneficio son las características inherentes a “nuestra” democracia.

Por: Daniel Vázquez

La transición a la democracia no significó el fin de las violaciones a los derechos humanos. Lo que tenemos son nuevos patrones de violación en el marco de la democracia a la mexicana (clientelismo, negación, simulación, corrupción e impunidad).

El primer acto se da en la política nacional, el punto de partida es la corrupción con total impunidad. La corrupción tiene dos objetivos: que una parte de la clase política se enriquezca y, más importante aún, desviar fondos públicos (nacionales y locales) para apuntalar la estructura clientelar que se activa el día de la elección. Con un sistema de partidos tan fragmentado como el mexicano, la coerción sobre el voto por medio de estructuras clientelares permite ganar elecciones. En la medida que se mantengan los puestos de gobierno, se mantiene también la corrupción, el enriquecimiento ilícito y, lo más importante, la impunidad.

La negación y la simulación son ya bien conocidas en la clase política: niegan que las desapariciones o la tortura sean generalizadas, niegan que el narco gobierne en amplias regiones del país, en fin, niegan la existencia de poco más de 75 millones de personas en condiciones de pobreza o vulnerabilidad y cambian la forma de medirlos.

En la medida que no hay un reconocimiento del problema, no se puede construir una solución. Ahí aparece la simulación, las respuestas simuladas en coyunturas políticas. ¿Qué hace la clase política para NO resolver un problema? Antes creaba una comisión legislativa, hoy hace una fiscalía especializada, reforma leyes, firma promesas ante notarios, en fin, hacen como que hacen para que todo siga igual.

La simulación es todavía más grave, simulan también el diseño de órganos autónomos, pero los neutralizan con el nombramiento de testaferros, como han hecho con el Tribunal Electoral, con la bancada priista en el INE, con el anterior Procurador, con el nombramiento de ministros a modo, o como le quieren hacer ahora en el nombramiento del Auditor Superior de la Federación.

Esta lógica política requiere de una impunidad estructural, una donde el 99 % de los delitos queden impunes, incluyendo los que ellos cometen. En esta marea revuelta, quedan impunes también los actos de corrupción que les permiten comprar votos y ganar elecciones, lo que elimina por completo el control electoral de las decisiones políticas. La simulación de la autonomía de los órganos que integran el sistema de justicia extingue cualquier idea de Estado de derecho.

La principal característica de la democracia es que los gobiernos tienen una serie de controles, de pesos y contrapesos; al contrario, la principal característica de la democracia a la mexicana es que estamos frente a una donde los controles han sido neutralizados por la clase política, en donde esta clase se ha apropiado del gobierno para su beneficio: esta es la más conocida definición de corrupción.

El segundo acto se da en la política local o regional. Lo que tenemos en diversas entidades federativas son redes violentas de macrocriminalidad que tienen su propia historia. La lógica y temporalidad de las redes de macrocriminalidad de Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas o Veracruz, sólo por mencionar algunas, son muy diferentes. Sin embargo, hay dos puntos que comparten: están conformadas por el crimen organizado, empresarios y políticos locales; y se constituyen como gobiernos de facto paralelos a las estructuras institucionales.

¿Qué hace la clase política frente a estas redes? Niega su existencia y simula el combate al narcotráfico o a la corrupción. Es decir, o forma parte de la red, o simplemente las encumbre para evitar “mala prensa” pero, especialmente, para mantener los negocios que articulan a lo federal (como el dinero sucio en las campañas presidenciales) con lo local.

Esta lógica política local tiene como consecuencia mantener el marco de impunidad estructural y, por ende, la impunidad a las violaciones a derechos humanos: los 200 mil muertos, la desaparición y la tortura generalizada, todo sin investigar, sin encontrar culpables, sin obtener justicia.

El tercer acto está conformado por la relación entre lo federal y lo local. Esta relación está marcada por el encubrimiento o la investigación controlada. La lógica federal requiere de la local y viceversa, tanto para obtener fondos sucios, como para mantener la impunidad.

Frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos por las redes de macrocriminalidad locales, la federación puede optar por encubrirlos, como ha hecho hasta ahora con masacres como la de Allende en Coahuila; o por realizar investigaciones controladas que, lejos de arribar a la verdad y generar justicia, tienen como principal objetivo dar un carpetazo al asunto y hacer control de daños, como la verdad histórica de Ayotzinapa.

Esta es hoy la democracia a la mexicana: la impunidad, la ausencia de controles, y la apropiación del Estado por la clase política para su beneficio son las características inherentes a “nuestra” democracia. Este marco permite entender la relevancia que tuvo la aprobación de la Ley de Seguridad Interior de hace unas semanas. En México hay una disputa por dos proyectos de nación: el de la democracia a la mexicana cuyo siguiente paso es la militarización; y el de colectivos como #SeguridadSinGuerra o #FiscalíaQueSirva, quienes consideran que aún se puede construir algo de república, con un viso mínimo de Estado de derecho. Dejaremos esta disputa (y su posible ganador) para otra charla.

* Dr. Luis Daniel Vázquez es Profesor-Investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Profesor-Investigador de tiempo parcial FLACSO-México.

 

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