Derechos humanos y el acuerdo entre México y la UE

Durante años, organizaciones sociales han apelado a mecanismos de exigibilidad mucho más concretos para hacer de la cláusula democrática un verdadero instrumento de cooperación y supervisión.

Por: Olga Guzmán (@OlGuz)

El Acuerdo Global, o mejor dicho, el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, entre México y la Unión Europea, firmado en 1997 y en vigor desde del 2000, comprende capítulos de cooperación e intercambio económico y comercial, así como de diálogo político. Desde entonces, y partir de su Asociación Estratégica en 2009, México y la Unión Europea se han mantenido como socios y aliados muy cercanos que ejercen fuerte influencia en asuntos de importancia mundial de ambos lados.

Para México, la relación con la Unión Europea es de suma importancia. No solo es el segundo socio comercial más importante después de los Estados Unidos, sino también constituye su principal donante en material de cooperación internacional.[1] En el ámbito de diálogo político, sostienen anualmente encuentros de alto nivel en temas como seguridad, justicia y derechos humanos. Es en este último rubro, que organizaciones de la sociedad civil, tanto mexicanas como europeas, han participado en 4 seminarios previos a los diálogos de derechos humanos, a fin de emitir recomendaciones a ambos socios bilaterales, con el objeto de promover mayor escrutinio entre ambas partes, en aras de la promoción, respeto y protección de los derechos humanos.

El marco referencial que ha guiado las discusiones en torno a la armonización de los compromisos internacionales de derechos humanos desde la entrada en vigor del Acuerdo Global entre México y la Unión Europa, ha sido la cláusula democrática ubicada en el Artículo 1 del Acuerdo Global, que a la letra dice:

“El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo”.

Durante años, las organizaciones que hemos monitoreado y participado en los diálogos de concertación política entre México y la Unión Europea, hemos apelado a mecanismos de exigibilidad mucho más concretos para hacer de la cláusula democrática un verdadero instrumento de cooperación y supervisión.

Conscientes de las asimetrías económicas y sociales de ambas partes, pero también preocupadas por la grave situación de derechos humanos en México, hemos hecho llamados  enérgicos para que los socios estratégicos y los países aliados de México no volteen la mirada ante los crímenes atroces, violaciones graves a derechos humanos y rampante impunidad que ocurre en nuestro país.

Al interior del país, las instituciones de procuración e impartición de justicia han demostrado que no quieren y no son capaces de investigar y sancionar crímenes y violaciones a derechos humanos que en la abrumadora mayoría de los casos, son cometidos o permitidos por sus propios funcionarios. Cada vez más el número de víctimas se multiplica, y comienzan a formarse y fortalecerse colectivos y movimientos de familiares y sobrevivientes de violaciones a derechos humanos que buscan justicia y reparación.

Así mismo, el entorno para defender derechos humanos en México, sigue siendo inseguro e incluso se ha convertido en una labor de alto riesgo. Quienes nos dedicamos a defender a víctimas y sobrevivientes de tortura, somos etiquetados como delincuentes, y cuando alertamos sobre los riesgos que implican que las fuerzas armadas ejerzan tareas de seguridad pública, somos considerados como traidores o enemigos de la patria.

No importa que todos los mecanismos internacionales de derechos humanos que han visitado o revisado la situación de México durante esta administración, hayan coincidido ya en que México enfrenta una crisis de derechos humanos e impunidad. Para nuestros gobernantes, éstas son simple apreciaciones “irracionales” alimentadas por encono social.

Ha sido la propia Unión Europea y países como Suiza y Noruega que han llamado públicamente al Gobierno de México más de una decena de veces a esclarecer los asesinatos en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Incluso, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ha afirmado que con el alto número de asesinatos de periodistas, México es uno de los países más peligrosos del mundo para las personas trabajadoras de los medios de comunicación[2]. Esta valoración ha sido compartida por países como Alemania, cuyos diplomáticos compararon la situación de México en cuanto al respeto al derecho a la libertad de expresión, a la de países como Turquía, Bangladesh o Azerbaiyán durante el 35º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En ese sentido, esos llamados de preocupación provenientes de la Unión Europea para poner fin a la impunidad y para fortalecer las capacidades de investigación y persecución del delito en México, tendrían que ser materializados en mecanismos concretos de cooperación, supervisión y exigibilidad dentro del Acuerdo Global.

Por ello, en el marco del Quinto Seminario de Sociedad Civil Unión Europea México, celebrado en la Ciudad de México el pasado 10 de octubre, organizaciones de la Sociedad Civil defensoras de derechos humanos en México y la Unión Europea (OSC) recomendamos a ambos gobiernos “establecer un mecanismo de cooperación internacional contra la impunidad en México de carácter técnico, financiero y político, con el respaldo de la Unión Europea”.

Ante la renuencia por parte del Gobierno en turno de implementar la recomendación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en torno al establecimiento de un Consejo Asesor contra la impunidad, durante las negociaciones de los capítulos políticos del Acuerdo Global, deben garantizarse mecanismos de cooperación internacional contra la impunidad entre México y la UE, que contemplen acciones para el fortalecimiento de capacidades en las instituciones mexicanas para investigar y sancionar casos de graves violaciones derechos humanos, en particular tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.

Tal y como lo propusimos en el marco del Seminario y Diálogo de derechos humanos de alto nivel entre México y la UE, dicho mecanismo de cooperación debe poner especial atención al diseño de la nueva Fiscalía General de la República, de tal manera que se cuente con una institución autónoma e independiente y podría asistir al Estado mexicano en el fortalecimiento de las capacidades de investigación, incluyendo los servicios periciales.

Así mismo, ante la ola de reacciones negativas que atrajo la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en el Parlamento Europeo, y de incluso Diputados del Parlamento que se opusieron a la modernización del Acuerdo Global en tanto no se aseguren medidas para revertir la crisis de derechos humanos e impunidad, la renegociación del mismo, como acuerdo de concertación política, representa una gran oportunidad para asistir técnicamente al Estado mexicano en el desarrollo de un plan de retiro gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, derogando legislaciones como la Ley de Seguridad Interior y así cumpliendo con las recomendaciones de diversos mecanismos internacionales de derechos humanos.

La cláusula democrática de derechos humanos, no puede seguir representando un principio orientador obsoleto de un Acuerdo de concertación política y comercial entre dos socios estratégicos. Ésta debe de traducirse en mecanismos concretos, exigibles y participativos, que ayuden a uno de los principales aliados de la Unión Europea, a brindar paz, seguridad y justicia a sus connacionales.

 

@CMDPDH

 

 

[1] CEPAL. Estudio sobre la cooperación en el Acuerdo Global México – Unión Europea, 2012.

[2] Declaración de la Portavoz de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, sobre el asesinato de periodistas en México, disponible aquí.

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