La violencia contra las mujeres no es un asunto privado

La violencia, más allá de los actores que intervienen en ella, es y debiera ser un tema de índole público. No obstante, en el sistema mexicano, existe una seria distinción cuando las víctimas de violencia son mujeres.

Por: Carolina Hernández Nieto (@CarolinaHNieto)

El pasado 21 de febrero del año en curso, se llevó a cabo una conferencia de prensa convocada por las madres de dos mujeres víctimas de feminicidio: Nadia Alejandra Muciño Márquez y Lilia Alejandra García Andrade.

Estos dos casos comparten características:

  1. En vida, Nadia y Lilia fueron víctimas de un sistema social que tolera y normaliza la violencia en contra de las mujeres, lo que resultó en la pérdida de sus vidas.
  2. Luego de su muerte, la violencia en su contra se institucionalizó y continúa reproduciéndose hasta el día de hoy. El Estado mexicano les ha negado a ellas y a sus familias los derechos de justicia, verdad y reparación.

Una de las principales causas para que al día de hoy casos como el de Nadia y Lilia sigan siendo el común denominador de la sociedad mexicana es dividir el tema de la violencia en una esfera pública y en otra, privada.

Esta división entre ámbito público y privado nace a partir de la necesidad del Estado para delegar y justificar las tareas en las que podrá o no, intervenir. En este sentido, lo público se convierte en el centro de discusión, en el espacio de mayor interés, lo anterior, bajo el argumento de que es en esa esfera donde se desarrollan las actividades de mayor impacto colectivo.

La violencia, más allá de los actores que intervienen en ella, es y debiera ser un tema de índole público. No obstante, en el sistema mexicano, existe una seria distinción cuando las víctimas de violencia son mujeres.

A pesar de que las mujeres formamos el 51%  porcentaje de la población y que integramos el 43.8% de las personas ocupadas en la economía nacional[1], el sistema binario continúa considerando que las mujeres nos desarrollamos en el espacio doméstico y por ello a pesar de la aparente progresividad de algunas políticas públicas, nuestras demandas y necesidades según el Estado y gran parte de la sociedad, siguen concentradas en la esfera privada, de ahí que deban ser resueltas de forma personal.

Toda esta lógica se ve reflejada cuando las mujeres nos atrevemos a denunciar actos de violencia en nuestra contra. En primer lugar, debido a que estadísticamente las principales personas agresoras de mujeres guardan relación sentimental o de parentesco con ellas, las autoridades ministeriales al tener conocimiento de ello minimizan el impacto y en muchas ocasiones, su intervención se limita a buscar una mediación o conciliación entre la persona agresora y la víctima[2]. Aquí comienzan las omisiones y la apatía.

En el caso de Nadia Alejandra, previo a su muerte, ella denunció en dos ocasiones violencia doméstica. Una de esas denuncias incluía privación ilegal de la libertad por parte de su pareja, y a pesar de los antecedentes, el personal ministerial consideró que se trataba de otra pelea marital y omitió acercar servicios de atención integral.

No podemos negar que la presencia de las mujeres así como de nuestras demandas y necesidades ha cobrado visibilidad en la opinión pública y con ello, la capacidad de maniobra política ha permitido que se incorporen algunos de estos temas a la agenda pública, sin embargo, la implementación y ejecución de insumos efectivos que permitan medir y evaluar el impacto real de estas estrategias sigue pendiente[3].

Nos acercamos al 8 de marzo, fecha que ha sido designada como el Día Internacional de la Mujer, día en el que los discursos se alinean y las mujeres acaparamos los reflectores, nos convertimos en protagonistas. Es claro que esto no es suficiente, jurídica y políticamente el Estado y la sociedad en general, debemos asumir nuestra responsabilidad para con la atención integral de mujeres que denuncian violencia.

La violencia en contra de las mujeres no puede seguir siendo investigada y tratada como un problema de índole privado y/o doméstico, con doce Alertas de Violencia de Género activadas, y el índice de muertes por violencia feminicida aumentando, la exigencia para que estos casos acaparen el ámbito público debe ser total.

 

* Carolina Hernández Nieto, es abogada de la @CMDPDH.

 

[1] Datos obtenidos del último censo realizado por el INEGI en el año 2015.  Disponible aquí.

[2] A pesar de que existen Protocolos y Estándares Internacionales en los que se recomienda no recurrir a estas prácticas toda vez que la víctima se encuentra inmersa en un contexto de violencia y de no existir medidas suficientes, la posibilidad de que la víctima retorne a este medio es altamente probable.

[3] Un ejemplo de ello es el seguimiento a las Alertas de Violencia de Género (AVG) declaradas en Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luís Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit; de las cuales al día de hoy no se tienen resultados que permitan afirmar que la violencia contra las mujeres ha disminuido. Al contrario, las solicitudes para que se declare la AVG continúan y actualmente, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Oaxaca, Puebla, Yucatán y Zacatecas continúan a la espera de ser resueltas.

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