A oídos sordos, impugnaciones a la LSI

La Ley de Seguridad Interior es la más impugnada en el país. Hasta el momento hay 14 controversias constitucionales, 9 acciones de inconstitucionalidad y 700 demandas de amparo, aunado al abierto rechazo por parte de organismos internacionales como la ONU y ahora la CIDH.

Por: Daniela Caballero (@ledicendan)

El pasado 2 de marzo se llevó a cabo una audiencia temática en el 167 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que el colectivo Seguridad sin Guerra manifestó ante las y los comisionados la necesidad de proveer de insumos técnicos a la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN) para resolver las controversias contenidas en la Ley de Seguridad Interior.

Lo anterior también incluyó una petición ante la CIDH para que la SCJN hagan públicas las audiencias como se ha hecho en otros casos de gran relevancia. A partir de la participación del colectivo, la comisionada Flavia Provesan señaló que el 4 de diciembre la CIDH ya había expresado su preocupación por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

Además, los comisionados Luis Ernesto Vargas, Esmeralda Arosamena y el relator especial sobre la Libertad de Expresión, Edison Lanza, también cuestionaron a los representantes del gobierno durante la audiencia sobre las implicaciones de la Ley de Seguridad Interior, destacando el comentario del comisionado Luis Ernesto Vargas sobre el temor a la criminalización de la protesta pública.

Ante las cifras otorgadas por el colectivo -80 mil personas detenidas sin base legal por personal castrense, las 2 mil 800 denuncias por tortura contra miembros de las fuerzas armadas, los 4 mil enfrentamientos donde elementos castrenses han tenido participación y que han dejado 4 mil 200 muertos- las respuestas no alcanzan.

La Ley de Seguridad Interior es la más impugnada en el país. Hasta el momento hay 14 controversias constitucionales, 9 acciones de inconstitucionalidad y 700 demandas de amparo, aunado al abierto rechazo por parte de organismos internacionales como la ONU y ahora la CIDH.

La representación del Estado Mexicano durante la audiencia estuvo a cargo del subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, y por el subsecretario de Gobernación, Rafael Avante, quienes resaltaron las implicaciones en materia de seguridad de la ley. Ruiz Cabañas destacó la “tendencia” de la presencia de las fuerzas armadas en los aeropuertos europeos; mientras que Avante aclaró que la ley no faculta al presidente de la República de nuevas responsabilidades sino que la reglamenta, nuevamente lo anterior sin responder en qué consiste o cómo se determinará el control al ejercicio de seguridad o qué puede ser tomado como seguridad interior.

El Estado Mexicano nos da un mensaje claro con las respuestas que no llegaron o llegaron incompletas ante la CIDH: no quiere escuchar. Las inquietudes del colectivo Seguridad sin Guerra, así como de los varios mecanismos internacionales, se quedan en dudas en el aire y temores del futuro sobre nuestra seguridad; de los temores alimentados por las cifras de muertes, asesinatos y graves violaciones a derechos humanos que seguimos viendo en aumento.

La última palabra la tendrá la SCJN, que tendrá como obligación revisar a profundidad la ley y tomar en cuenta los hechos y argumentos que el Estado no ha querido escuchar. Y nuestro trabajo es y será seguir la discusión, exigir una discusión abierta y consensuada hasta el momento en que realmente se nos escuche.

 

* Daniela Caballero es encargada de Redes Sociales en la @CMDPDH.

Close
Comentarios