Mecanismo internacional contra la impunidad

El país necesita hacer un esfuerzo para comprender lo que ha sucedido en los últimos doce años a través de un ejercicio nacional, con enfoques regionales, que recupere los testimonios de las víctimas.

El 11 de diciembre de 2006, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa puso en marcha una estrategia de guerra contra el narcotráfico que ha sido continuada por el Presidente Enrique Peña Nieto. Se trata de una política que implicó sacar a miles de soldados y marinos a desempeñar tareas de seguridad pública y para emplear la fuerza letal militar en contra de las organizaciones criminales. Ello ha provocado una escalada de violencia en el país sin precedentes, que ha producido un número indeterminado de víctimas directas e indirectas. Cientos de miles de personas han sido asesinadas, privadas arbitrariamente de la libertad, desaparecidas por la fuerza, torturadas y se han visto forzadas a huir de sus hogares como resultado de la violencia generalizada, los enfrentamientos armados y por las violaciones a los derechos humanos.

Integrantes de la delincuencia organizada, así como autoridades civiles y militares, para avanzar sus respectivas políticas de seguridad y de control territorial han cometido esos crímenes en perjuicio de la población civil, incluidas personas indefensas y fuera de combate.

Lamentablemente, por negligencia, colusión o corrupción, las instituciones de procuración e impartición de justicia federales y locales no han cumplido con su obligación constitucional de investigar y llevar a juicio a los responsables de violaciones a derechos humanos y crímenes atroces, por el contrario solamente lo han hecho en un número pequeño de casos. Al ser la falta de castigo penal la regla, el mensaje es muy claro: si eres policía, militar, marino o integrante de la delincuencia organizada y decides matar, torturar, desaparecer y privar arbitrariamente de la libertad a otra persona, puedes estar seguro que nadie te sancionará. Otro mensaje muy poderoso de la impunidad, es que ni la víctima, ni la sociedad en su conjunto tendrán conocimiento de la verdad de lo ocurrido.

Una señal adicional consiste en que gracias a la impunidad los autores de esos abominables delitos, así como los jefes de las organizaciones criminales y de las instituciones públicas que planearon, ordenaron, toleraron, auxiliaron, encubrieron o contribuyeron de manera sustancial en su comisión, seguirán en las calles.

Ante el escenario de impunidad dibujado, consideramos que México necesita un paquete de medidas de política pública para romper con los pactos de impunidad y permitir que se haga justicia. Para que las cuatro medidas que propondremos más adelante tengan viabilidad y puedan ofrecer resultados satisfactorios, lo primero que debiera lograrse en el país es el retorno a la normalidad constitucional. Para ello, se debe hacer regresar a las fuerzas armadas a sus cuarteles, a la vez que se deberá de contar con una policía civil fortalecida, capacitada y bien remunerada, que le permita recuperar su función de garantizar la seguridad pública conforme a lo que señalan los más altos estándares tanto de la Constitución como del derecho internacional y comparado.

Mientras las fuerzas armadas sean parte de los operativos u operaciones para hacer frente a la delincuencia, a través de la participación directa de su personal al lado de ministerios públicos y fiscales locales y federales, o mediante el nombramiento de militares en retiro o licencia al frente de las policías o secretarías de seguridad pública, es muy poco probable que las procuradurías del país quieran llevar a juicio a quienes codo a codo con ellas desempeñan tareas de prevención y persecución del delito. No tenemos duda que el retiro de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública reducirá la violencia en muchas partes del país, a la vez que obligará a la clase política a garantizar que la población cuente con policías profesionales y capaces. Si la seguridad deja de depender de las fuerzas armadas, las instituciones de procuración e impartición de justicia harán lo que les corresponde.

Como medida primera para cambiar esa penosa realidad, México necesita contar con una fiscalía autónoma, capaz y profesional, que no dependa del poder político para poder llevar a juicio a civiles y militares que han cometido delitos de tortura, desaparición y asesinato. La nueva fiscalía de la Nación deberá contar con un área especializada al mas alto nivel que estará encargada de investigar los crímenes que se han cometido de manera sistemática y generalizada por parte de funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno.

Aunado a lo anterior, y con el objeto de fortalecer las capacidades de las fiscalías en la investigación de delitos como los antes referidos, cuando son cometidos a gran escala y como parte de un plan o política de organizaciones criminales o de instituciones del Estado, México necesita poner en funcionamiento un mecanismo internacional complementario para hacer frente a la impunidad. Con especialistas en investigación penal de otros países con probada experiencia en la materia, se buscará fortalecer el aprendizaje y el funcionamiento de los ministerios públicos mexicanos en la forma en que se deben investigar y presentar acusaciones en contra de quienes cometen delitos contra la humanidad o de corrupción. Además, al tratarse de un órgano internacional con financiamiento propio creado bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas, se buscará minimizar la capacidad de influir de actores políticos nacionales de manera indebida en su funcionamiento. La participación de no nacionales también evitará que los grupos de poder mexicanos puedan controlar desde dentro o por medio del presupuesto a la mencionada institución.

Con una fiscalía que sirva a los intereses de la justicia, apoyada y complementada por un mecanismo internacional para hacer frente a la impunidad, es probable que más personas puedan ser llevadas a juicio, sin embargo, seguirá siendo un desafío poder procesar y castigar a los más altos dirigentes de organizaciones criminales y del Estado. Los gobernantes de alto nivel, por ejemplo, tienen una gran capacidad para influir en el ánimo de los operadores de justicia, principalmente por su poder político. Como muestra, basta con ver las investigaciones realizadas hasta el momento para llevar a juicio a gobernadores u otros altos funcionarios públicos. Dichas investigaciones no han sido satisfactorias, ni han traído como consecuencia sanciones ejemplares. Para ello, será necesario que México coopere con la Corte Penal Internacional en las investigaciones que pueda iniciar por los crímenes de lesa humanidad y / o de guerra que se hubieren cometido en México desde diciembre de 2006 a la fecha. Este tribunal del que México es parte y que además es reconocido en la propia Constitución, tiene jurisdicción para investigar y castigar a los más altos responsables de haber cometido crímenes de competencia de la Corte, es decir presidentes, secretarios de estado, gobernadores, procuradores y otros altos funcionarios públicos, así como dirigentes de organizaciones criminales que hubieren cometido ese tipo de crímenes.

Por último, y si bien hay algunas cifras sobre los delitos cometidos en México, así como un número considerable de recomendaciones de comisiones públicas de derechos humanos que permiten entender la situación de violencia que atraviesa el país, e informes académicos y de organizaciones civiles, la dimensión de las atrocidades, así como las causas y circunstancias en los que se desarrollaron las políticas delincuenciales tanto de organizaciones criminales como de instituciones públicas, son aún desconocidas o muy fragmentadas. El país necesita hacer un esfuerzo para comprender lo que ha sucedido en los últimos doce años, no solo por medio de los resultados de investigaciones de integrantes de la academia, del gremio periodístico y de organizaciones de la sociedad civil, sino de un ejercicio nacional, con enfoques regionales, que recupere los testimonios de las víctimas. Solamente con narrativas compartidas que reflejen de manera objetiva lo ocurrido, el país podrá avanzar por el camino de la paz, de la reconciliación y evitará, esperamos, que ese tipo de atrocidades vuelvan a ocurrir.

Un paquete de medidas como las señaladas, es necesario para que México pueda salir de la gravísima crisis de derechos humanos y de corrupción en la que se encuentra inmerso. Confiamos en que la clase política se comprometerá con dichas medidas y se pronunciará públicamente sobre su urgente implementación.

 

@CMDPDH

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