Desatinado, ocultar información sobre armas

El ocultamiento de las armas distribuidas a fuerzas policiales debilita todavía más la oportunidad de tener un debate público informado.

Por: Natalia Baéz, Sam Storr y John Lindsay-Poland

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha clasificado las adquisiciones de armas por corporaciones policiales, desglosado por año y tipo de arma, como información reservada, bajo el argumento de que saber de su capacidad armamentística podría representar un riesgo para la seguridad pública. En el contexto de violencia e impunidad que se vive en el país, el ocultamiento de las estrategias y capacidades del Estado subvalora la necesidad de transparencia para el diseño de estrategias de seguridad pública más efectivas.

Cabe resaltar que esta decisión contradice una serie de respuestas que fueron previamente otorgadas por la SEDENA y por múltiples corporaciones policiales, a solicitudes de información referentes a la compra de armas por parte de las instituciones del Estado, sin que ello haya repercutido en alguna ocasión sobre su capacidad de respuesta armada[1].

Desde la administración de Felipe Calderón, la estrategia de combate al narcotráfico ha implicado la actuación conjunta de SEDENA y SEMAR con fuerzas de seguridad pública civiles. Este enfoque en la militarización de la seguridad pública sigue vigente a la fecha, a pesar de no haber dejado más que un saldo alarmante de violencia, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias.

La tasa de homicidios violentos en el país ha ido en aumento, alcanzando una máxima histórica en 2017 con 25 mil 339 personas asesinadas, 16 mil 898 de ellas con arma de fuego. Además, el subregistro de los delitos que no son denunciados o investigados –93.6%, según datos de INEGI– sugiere una crisis de rendición de cuentas y confianza pública.

Es así que, ante este contexto, el acceso a la información referente a la participación conjunta de militares con fuerzas policiales en el combate a la delincuencia organizada se vuelve indispensable para conocer de los efectos que estas operaciones tienen sobre la seguridad de la población civil. La generación de un diagnóstico certero en base a datos duros, se vuelve un reto al no contar con la información necesaria para evaluar el desempeño de estas estrategias de seguridad y dificulta la creación y el desarrollo de políticas públicas que verdaderamente protejan a la población.

En miras de alcanzar un nivel de transparencia y rendición de cuentas adecuado en el país, sería pertinente hacer pública la información referente al flujo legal de armas en México, las rutas y destinatarios finales del armamento comprado por las fuerzas armadas. Esto nos permitiría tener certeza sobre en manos de quién terminan las armas y qué tan efectivas han sido las inversiones realizadas para el combate frontal al crimen organizado.

Previo a la reciente decisión del INAI y de acuerdo con respuestas a solicitudes de acceso a la información sometidas por particulares, entre 2007 y 2017 la SEDENA adquirió 423 mil 632 armas para su comercialización, de las cuales 187 mil 037 fueron armas de tipo largo y 236 mil 595 armas cortas.[2] Según estos datos, solamente entre 2010 y 2016 SEDENA comercializó 166 mil 763 armas a las dependencias de seguridad en los estados del a república, aparte de armas comercializadas al público, empresas privadas y dependencias federales (81 mil 882 armas).[3] Además, en el periodo 2008-2017 se entregaron 32 mil 53 armas a diferentes dependencias de seguridad de ocho estados del a república[4], entre las cuales se encontraban casi 14 mil armas de tipo largo.

Igualmente, en el estado de Veracruz, entre los años 2010 y 2016 – durante el gobierno de Javier Duarte – alrededor de 7 mil armas fueron obtenidas y distribuidas a fuerzas estatales y municipales de seguridad pública. Entre estas destacan 2 mil 742 fusiles de asalto calibre 5.56mm y .223”, de diseño militar. Sin embargo, en este mismo periodo, el 85.1% de la población dijo sentirse insegura, mientras que la tasa de homicidios aumentó un 158%.

Ante tales circunstancias, llama la atención que el 7 de febrero de 2018, el pleno del INAI clasificara como reservada información sobre las armas de fuego adquiridas cada año por corporaciones policiacas, bajo el argumento de que se podría generar un posible daño a la seguridad pública por revelar la capacidad de unidades policiacas. Si bien miembros del pleno notaron que SEDENA no cumplió con su deber de presentar argumentos específicos, se puede agregar que tampoco lo hizo el INAI, ya que la información sobre compras de armas a nivel estatal no rinde un inventario vigente de las armas a la disposición de unidades individuales de la policía, por lo que sería imposible medir su capacidad de reacción y por lo tanto no pondría en riesgo la seguridad pública. Esto también genera confusión sobre si los comisionados del INAI consideraron el extenso historial de información pública ya emitida o, deliberadamente, optaron por cerrar una vía que fortalezca la rendición de cuentas de las autoridades hacia la ciudadanía. 

Lo que revela esta decisión es la prevalencia de la idea que la incertidumbre es necesaria para brindar seguridad. Como “la niebla de guerra”, descrita por el teórico militar Carl von Clausewitz, abriendo la posibilidad de clasificar a la transparencia en sí misma como una amenaza a la seguridad interior. Al contrario, el deber del Estado de rendir cuentas sobre la naturaleza y los impactos de sus operaciones en contra del crimen organizado proviene de su obligación de proteger a la población.

Ahora que la Ley de Seguridad Interior nos lleva a una encrucijada, con la posibilidad de que la presencia militar en las calles se establezca legalmente como una espantosa normalidad, el ocultamiento de las armas distribuidas a fuerzas policiales debilita todavía más la oportunidad de tener un debate público informado. Con la Ley de Transparencia, se reconoció que el acceso a la información es un requisito de base de una sociedad democrática, un ideal que se ve amenazado por la lógica bélica que domina las instituciones.

 

* Natalia Báez es investigadora de la CMDPDH, Sam Storr es licenciado en historia con maestría en humanitarianismo y respuestas al conflicto, y John Lindsay-Poland es escritor, activista e investigador enfocado en derechos humanos y desmilitarización en América Latina.

 

 

[1] Estos datos están disponibles al público bajo los folios: 0000700016317, 0000700121515, 0000700033414, 0000700204015, 0000700114211, 0000700014117 y 0000700200113.

[2] SEDENA. Solicitud de acceso a la información pública, número de folio: 0000700000518.

[3] SEDENA. Solicitud de acceso a la información pública, número de folio: 0000700075417.

[4] SSP Baja California. Solicitud de acceso a la información pública, número de folio: 00718617; SSP Campeche: 0100701117; CES Estado de México: 00332/CSC/IP/2017; SSP Morelos: 801817; SSP Morelos: 00794317; SSP San Luis Potosí: SSP/DJ/UT/0819/2017; SSP Sinaloa: 01206717; CES Tlaxcala: 00040418; SSP Veracruz: 989417.

Close
Comentarios