La y los candidatos a la presidencia deben responder

Provocar que se hable de las políticas de seguridad y administración de justicia que están rebasadas y han desatado un permanente estado de guerra continúa siendo una tarea de la ciudadanía, ya que esperar o confiar en la voluntad política de las instituciones encargadas de hacerlo ya no representa una opción.

Por: Carolina Hernández Nieto (@CarolinaHNieto)

El martes de la semana pasada participé en un taller dirigido a personas que acompañamos en distintos procesos a nivel nacional y/o internacional. Todas ellas comparten el carácter de víctimas indirectas en casos de violaciones graves a derechos humanos.

Luego de realizar un ejercicio de análisis de contexto, se llegaron a las siguientes conclusiones:

  • A sus casos los atraviesala impunidad.
  • Este año, debido al proceso electoral, sus casos están [más] detenidos.
  • Dentro de los discursos de la y los presidenciales no encuentran un posicionamiento claro respecto a temas de su interés, tales como: derechos humanos, violencia, impunidad, corrupción, reparación integral, justicia efectivaperspectiva de género,sólo por mencionar algunas.
  • Necesitan conocer la postura oficial de la y los presidenciales sobre estos temas.

Luego de esta experiencia, reconociendo la coyuntura política que vivirá nuestro país este año, realicé un ejercicio similar al del taller y a efecto de dar voz a las inquietudes colectivas y a la personal es que aprovecho este espacio para plantear las siguientes anotaciones:

Día a día, las redes sociales, los medios de comunicación y sobre todo, el dicho de boca a boca dan noticia a las y los mexicanos de testimonios directos, trabajos académicos y/o periodísticos que documentan, sustancialmente: (i) casos de corrupción en los tres niveles de gobierno, (ii) violaciones a derechos humanos y (iii) legitimación social y política de grupos paraestatales, por ejemplo, crimen organizado.

Estas problemáticas son reflejo de un diagnóstico nacional que evidencia: a) la falta de capacidad técnica para investigar delitos complejos, b) debilidad institucional y c) deficiencias estructurales que, lejos de proteger la independencia de los jueces para investigar casos que pueden llegar a involucrar a importantes actores de poder político o económico, los expone a interferencias, presiones y obstáculos de distintos tipos, dejando en la impunidad los casos más emblemáticos e importantes para la ciudadanía.[1]

Ante este escenario, no provoca sorpresa la apatía y falta de expectativas por parte de la ciudadanía mexicana respecto al proceso electoral en puerta. A esta apatía se suma una estrategia de comunicación política evasiva y ambigua por parte de la y los presidenciales, donde no toman partido ni exhiben posturas concretas que clarifiquen cuáles serían las políticas públicas que implementarían en caso de ganar las elecciones de julio.

Finalmente, un error común en los discursos de la y los candidatos a la presidencia es el ignorar las propuestas surgidas en el contexto de impunidad que vive hoy nuestro país, y cuyo origen radica en grupos de la sociedad civil organizada tal como es la creación de una #FiscalíaQueSirva autónoma e independiente del poder político, mediante una reforma al artículo 102 constitucional, o la exigencia de poner un alto a la violencia que ha generado la militarización, esto a través de la campaña #SeguridadSinGuerra. Sabemos que el evitar hablar de estos temas es parte de la estrategia, pues si bien la y los presidenciales critican la administración de Enrique Peña Nieto y de sus antecesores, callan al hablar de las políticas de seguridad  y administración de justicia que están rebasadas y han desatado un permanente estado de guerra. Provocar que se hable de estos temas continúa siendo una tarea de la ciudadanía, ya que esperar o confiar en la voluntad política de las instituciones encargadas de hacerlo ya no representa una opción.

El reconocimiento público del contexto de violencia e impunidad que vive hoy nuestro país es el primer paso; dar cabida a las propuestas que ya existen desde sociedad civil para la atención de estas problemáticas, sería el paso siguiente; entablar el diálogo y el debate respetuoso entre las propuestas ya existentes y las posturas que con relación a ellas guarden la y los presidenciales, sería por el momento, una primera meta.

Por todo lo anterior, me sumo y les invito a conocer y sumarse a la petición dirigida al Instituto Nacional Electoral (INE) para que incorpore al primer debate de la y los candidatos a la presidencia las preguntas que desde la ciudadanía les hacemos.

Firma la petición aquí.

 

* Carolina Hernández Nieto es abogada del área de Defensa de la @CMDPDH.

 

[1] Due Process of Law Foundation (DPLF)., La lucha contra la IMPUNIDAD desde el derecho internacional. Disponible aquí.

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