La tortura en México sigue siendo generalizada

El Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU encontró en una visita reciente a México que la tortura sigue siendo recurrente en el país.

Por: Lucía Chavéz Vargas (@LucyChavezV)

La tortura ocurre frecuentemente en México al momento de la detención, traslado y puesta a disposición, esta grave violación a derechos humanos también tiene lugar en estaciones migratorias, centros de detención de adolescentes, prisiones y hospitales psiquiátricos. Las víctimas son mujeres, hombres, adolescentes, niñas, niños y personas con discapacidad.

El Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT) es un mecanismo de las Naciones Unidas que surge con el fin de prevenir la tortura y otros tratos crueles en contra de personas privadas de su libertad, por ejemplo en una prisión, en una estación migratoria o en un hospital psiquiátrico. El SPT ejerce su mandato a través de visitas a los países, particularmente a los lugares de detención, para así emitir recomendaciones a fin de apoyar a los países en el efectivo cumplimiento a los derechos humanos.

Del 12 al 21 de diciembre de 2016 el SPT visitó México por segunda vez –la primera en 2008-. En esta oportunidad realizó visitas a 32 lugares en donde podrían encontrarse personas privadas de la libertad. Estas visitas no son anunciadas a fin de que se examinen las verdaderas condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad.

Lo que encontró el SPT es que la tortura sigue siendo recurrente en el país, reiteró lo que otros mecanismos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya habían hecho notar al Estado mexicano: la tortura es generalizada.

El SPT abordó también el tema de la impunidad. Mencionó que las escasas sentencias condenatorias son la excepción e indican que la impunidad es prevalente. Identificó diversas causas que contribuyen a la prevalencia de la impunidad: i) Deficiencias de los ministerios públicos que desestiman las denuncias por tortura; ii) una inadecuada implementación del Protocolo de Estambul sumado a la falta de independencia de médicos y peritos; iii) la “disparidad de armas” entre el ministerio público y la defensa pública, esta última notablemente con menos recursos para actuar iv) escasez de jueces; v) deficiencias para interponer una queja en los centros de privación de la libertad; vi) carencia de un registro unificado de todo el país sobre todo tipo de detención.

El SPT encontró, en esos 9 días en los que estuvo en el país, que prácticamente ningún centro de detención, de los 32 visitados, garantiza al cien por ciento la integridad personal y el desarrollo adecuado de las personas que se encuentran privadas de la libertad.

El SPT realizó diversas recomendaciones al Estado mexicano, entre las que destacan eliminar la figura del arraigo; implementar estándares de uso racional y proporcionado de la fuerza con un enfoque de derechos humanos; que los organismos públicos de derechos humanos fortalezcan los programas de supervisión no anunciada de los centros de privación de la libertad; proteger a las niñas, niños y adolescentes privados de su libertad; procurar medios para que las personas con condiciones de salud mental puedan otorgar su consentimiento informado para tratamientos médicos; asegurar la correcta implementación de la Ley General de Tortura.

Solicitó además al gobierno mexicano que en junio de este año, emita una respuesta sobre las medidas que adopte para poner en práctica las recomendaciones.

Adicional a las observaciones y recomendaciones del SPT habrá que sumar la pobre política de transparencia que ha caracterizado a este gobierno. El informe del SPT, de inicio, tiene carácter de reservado. Es decir, el mecanismo internacional no lo hace público y sólo lo transmite al Estado quien tiene la potestad o no de publicarlo. Desde diciembre de 2017 que el informe fue emitido, no fue hecho público sino hasta el mes de abril que a raíz de una solicitud de información realizada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos se hizo público, aunque aún no ha sido difundido ampliamente en la página web de la cancillería mexicana.

 

* Lucía Chávez Vargas es coordinadora del área de investigación de la @CMDPDH.

Close
Comentarios