Adiós al arraigo

El uso del arraigo que en principio se presenta como una figura que contraviene las disposiciones generales de derechos humanos en materia procesal, no solo contribuyó a consolidar prácticas de detención sin contar con una orden de arresto correspondiente, sino que ha favorecido a vulnerar los derechos a la libertad e integridad personales.

Por: Montserrat Martínez

El pasado 26 de abril de 2018, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma al artículo 16 constitucional, la cual estaría previendo la eliminación del arraigo. La relevancia y coherencia que esta acción tiene a nivel del marco jurídico mexicano, así como la que tendrá en la práctica, podemos explicarla en los términos que se describirán a continuación.

Para ello, es importante tener en mente la siguiente premisa: si el Estado –garante de los derechos humanos de las personas que habitan en su territorio– se encuentra enfrentando al crimen organizado, es preciso brindarle de herramientas que le permitan llevar a cabo su misión.

Por ejemplo, el uso del arraigo, el cual tuvo como resultado 8 mil 763 personas arraigadas de 2006 hasta junio de 2017 por la SEIDO, de los cuales el 88.3%[1] de los casos se judicializaron, tendencia que cobra mayor énfasis entre 2006 y 2012[2]. Esta cuestión pone en relevancia que hay una alta probabilidad de que llegue a abrirse un proceso en contra de las personas detenidas bajo la figura referida.

Sin embargo, ¿por qué no le es posible al sistema contar con la misma eficacia para investigar previo a realizar una detención?, sino por el contrario es necesario detener a una persona para conseguir investigar. Quizás la respuesta podría estar en el acceso que la autoridad logre tener a una de las fuentes primarias de información: el testimonio.

Es decir, cuando la verificación del un crimen depende una declaración autoinculpatoria sobre pertenencia al crimen organizado y no por la recolección de una serie de diversas evidencias que conduzcan a sospechar, de manera contundente, de la persona detenida. Peor aún, ¿y si se documenta que la declaración fue obtenida por la fuerza?

Un poco de contexto

De acuerdo con las observaciones realizadas por el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, tras su visita a México en 2009, en la mitad de los 70 casos de exámenes médicos analizados sobre personas en situación de arraigo, las personas examinadas presentaban signos de violencia reciente[3].

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha informado que durante los dos primeros años de la constitucionalización del arraigo, el 38% de las quejas generadas en el marco de la medida se refirieron a detención arbitraria y el 41%, a tratos crueles, inhumanos o degradantes antes de recibir la orden de arraigo o durante éste[4]. Del total de los casos, el 26% presentaron ambas violaciones[5]. Entre los casos que se determinaron de tortura, las formas de daño que se identifican son golpes, lesiones, ahogamientos, fracturas y aplicación de descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo.  Así mismo, se contó con casos en los que se registraron largos plazos de incomunicación, lo cual entorpeció la defensa de los mismos. 

Las disposiciones constitucionales, por orden de aparición

  1. a) Párrafo Octavo del Artículo 16 de la CPEUM

En junio de 2008, la medida del arraigo fue introducida al octavo párrafo del artículo 16 de la Constitución Mexicana, siempre que fuera “necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos” y, principalmente, con la finalidad de que la persona indiciada no fuera a escapar de un proceso judicializado, en caso de que se le llegara a encontrar culpable. Todo esto supone muchas condiciones.

En primer lugar, la paradoja que supone que, al mismo tiempo que se inicia una transición en el país del sistema de justicia penal inquisitivo hacia uno de índole acusatorio –junio de 2008–, se propicie la posibilidad de aplicación de una figura excepcional, como el arraigo, de manera recurrente.

Entonces, el uso de esta disposición representaría una contradicción al principio de presunción de inocencia, puesto que las personas serían detenidas sin que existiera una acusación formal en su contra, mucho menos una investigación en curso por parte de las autoridades judiciales. Es decir, sería contravenir directamente el derecho al debido proceso y las garantías esenciales en las que se basa el nuevo sistema de justicia penal.

Sin embargo, la pertinencia de esta decisión tendría razón de ser, tomando en cuenta que se desplegaba –por disposición del Ejecutivo Federal- una estrategia de seguridad pública centrada en el enfrentamiento abierto en contra del crimen organizado, lo cual por ende implicaría el uso regular de métodos que llevarán a la erradicación de las organizaciones criminales más grandes del país.

  1. b) Capítulo I del Título Primero de la CPEUM

Para el 10 de junio de 2011, se emite un decreto por el cual se decide modificar la denominación del Capítulo I del Título Primero de la Carta Magna mexicana, en el que se pasa de las “Garantías Individuales” a “De los Derechos Humanos y sus garantías”.

De este primer cambio, se desprenden las innovaciones incluidas a lo largo de los tres primeros párrafos del artículo 1 constitucional: reconocimiento de los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte; la atención al principio pro persona para hacer interpretación de las normas de derechos humanos; y, las obligaciones institucionales del Estado mexicano.

Si bien, en un inicio, esto evidencia una comprensión más amplia sobre cómo se deben razonar los derechos humanos de las personas cuando se presente una controversia, este ánimo progresista se vio frenado por la decisión adoptada por la SCJN en el año 2013, bajo la Contradicción de Tesis 293/2011.  La explicación está contenida en el punto resolutivo segundo “las normas contenidas en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte que reconocen derechos humanos tienen la misma fuerza normativa que las normas contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconocen esas prerrogativas fundamentales y que cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica el Texto Constitucional”.

Así, la oportunidad de usar el Control de Convencionalidad –es decir, que los jueces se remitan al contenido de los derechos humanos estipulados en los Tratados de los que México es Parte-, atendiendo a favorecer “la protección más amplia” que se le pueda dar a las personas, se diluye en el caso de que las autoridades decidan disponer de la detención de alguien del que no se tiene información suficiente para procesarlo y que, sin embargo, se considere que se puede obtener algún dato relevante mientras se le mantiene arrestado, por ejemplo, por medio de su testimonio.

  1. c) La Ley de Seguridad Interior

Como “la cereza del pastel”, el 21 de diciembre de 2017 se decide promulgar una Ley de Seguridad Interior, por medio de la cual, la participación coordinada entre las Fuerzas Armadas y las corporaciones de seguridad pública, se realizará en razón de una Declaratoria que legitime determinadas diligencias.

El artículo 27 de dicha legislación, prevé la competencia de las Fuerzas Armadas para detener a las personas que observen que estén cometiendo un delito y, así, ponerlo a disposición de una autoridad competente, “por medio o en coordinación de la policía”. Letra que podría llegar a motivar una tendencia para el uso del arraigo, puesto que el empleo de la medida a nivel constitucional está explícitamente determinado para casos de delincuencia organizada.

Conclusión

El uso del arraigo que en principio se presenta como una figura que contraviene las disposiciones generales de derechos humanos en materia procesal, no sólo contribuyó a consolidar prácticas de detención sin contar con una orden de arresto correspondiente, sino que al mismo tiempo ha favorecido a vulnerar los derechos a la libertad e integridad personales. Aunque es preciso tomar en cuenta que obedece a una situación contextual muy propia que se vive en el país y es el enfrentamiento de nuestro gorbierno contra el crimen organizado.

La permanencia de la figura de arraigo a nivel constitucional sería consistente con la existencia de la Ley de Seguridad Interior, sin embargo, al parecer, una determinación de ese estilo se consideró excesiva ante la prevalencia de una Constitución notablemente progresista en cuanto a garante de derechos humanos.

Es entonces que la eliminación del arraigo es coherente con la estructura de un Estado democrático de derecho, en la que los representantes de la ciudadanía deciden nivelar los preceptos más básicos que definen las prioridades de México ante su población: la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

 

* Montserrat Martínez es investigadora de la @CMDPDH.

 

Referencias:

[1] PGR. Solicitudes de acceso a la información pública, números de folio: 0001700077117, 0001700077417, 0001700132817, 0001700064517 y 0001700212417.

[2] PGR. Solicitud de acceso a la información pública, número de folio: 0001700099617

[3] CAT/OP/MEX/1, párr. 225

[4] Solicitud de acceso a la información generada por la CMDPDH; Oficio CNDH/PVG/DG/138/2010, folio 7110, de 29 de abril de 2010, misma que otorgó la información a través de la Primera (oficio CNDH/PVG/DG/138/2010), Segunda (oficio CNDH/2VG/08012010), Tercera (oficio TVG/000709) y Quinta (oficio QVG/CNDH/108/2010), Visitadurías de dicho organismo público, entre los meses de marzo y abril de 2010.

[5] En los informes de la CNDH se puede apreciar que del año 2000 al 2005, el número de quejas por malos tratos se mantuvo estable, estando en el rango de 200 a 300 quejas al año por este concepto. Para 2006, se aumentó a 330 quejas y en 2007 a 395. Sin embargo, en el año 2008 dicha cantidad se disparó a 987 quejas, superando la barrera de los mil en 2009 y llegando a 1,161 en 2010.

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