Las víctimas de desplazamiento que el gobierno no ve

Dada la creciente cifra de población que padece desplazamiento forzado es fundamental que se tipifique como delito federal y se elabore una Ley General para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno que ampare a las víctimas de esta violación de derechos humanos.

Ante la negativa del gobierno mexicano por  reconocer el desplazamiento interno forzado y por construir una base mínima que le permita comenzar a orientar sus esfuerzos para atender a las víctimas de este gran drama humanitario que padece parte de la población mexicana, desde diversos espacios han surgido investigaciones, trabajos y aproximaciones para seguir documentando y denunciando su presencia, escalamiento y sus impactos.

En un esfuerzo por dimensionar la problemática del desplazamiento interno forzado (DIF) en el país, desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) publicamos el Informe 2017 sobre  Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo, dentro del cual registramos una estimación histórico-acumulativa de 329,917 personas internamente desplazadas en México en el periodo de la actual política de seguridad de Guerra Contra las Drogas (2006-2017), con la intención de posicionar la urgencia sobre el reconocimiento y atención de esta problemática y sus víctimas.

Derivado de nuestro trabajo de investigación podemos afirmar que este fenómeno de tendencia creciente en nuestro país tan solo en el año 2017 sumó 20,390 personas en situación de desplazamiento interno forzado derivado de desplazamientos masivos en el país.  Durante este año, se registraron 25 episodios de DIF masivo a causa de la violencia generada por grupos armados organizados, violencia política, conflictividad social y conflictos territoriales, así como por un proyecto extractivo minero. Estos episodios afectaron al menos 9 estados, 27 municipios y 79 localidades mexicanas. Los estados en donde el fenómeno tuvo presencia, fue: Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas.

Sobre las formas de violencia presentes antes o durante los episodios de DIF, pudimos registrar ataques armados en contra de la población civil; enfrentamientos entre grupos delincuenciales y entre estos y agentes del Estado; desalojos con violencia; asesinato de un defensor comunitario; uso de armas de fuego o presencia de personas armadas; amenazas e intimidación; casas, cultivos o negocios quemados, destruidos o baleados; saqueo de viviendas y robo de animales, cultivos u otras pertenencias; reclutamiento forzado y detenciones arbitrarias por autoridades. Además de estas formas de violencia, también se observó que el temor fundado ante la violencia de organizaciones criminales y el contexto de disputa por el territorio entre grupos criminales fueron causa de los desplazamientos. La población más afectada fueron las  mujeres, la niñez y la población indígena.

El objetivo del Informe es caracterizar a profundidad los episodios de desplazamiento interno masivo para identificar su magnitud, las causas que lo generan y los actores involucrados, conocer los territorios de expulsión y de recepción y el perfil de las víctimas, a fin de evidenciar una realidad presente que desafortunadamente es desdibujada dentro del territorio nacional. Este fenómeno no se encuentra reconocido en su más alto nivel por el gobierno mexicano y sus invisibilizadas víctimas permanecen en un estado de profunda vulnerabilidad.

Recordemos que las personas internamente desplazadas de manera forzada, son aquellas que de manera individual o colectiva (por ejemplo, familias o grupos de familias) huyen o escapan de su hogar, del lugar donde viven o residen, hacia otra colonia dentro su mismo municipio, hacia otro municipio de su estado o hacia otro estado del país, para evitar ser víctima de una situación de violencia generalizada, de un conflicto armado, de violaciones a los derechos humanos, de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano; o como resultado, es decir, después de haber sido víctima de estas situaciones.

El desplazamiento interno forzado puede presentarse como resultado de un conflicto (reactivo) o bien, para evitar los efectos del mismo (preventivo).  Esto no solo incluye movimientos de personas huyendo de un peligro inmediato sino que también puede presentarse bajo la forma de salidas preparadas y organizadas en previsión de peligros, expulsiones u otras formas de violencia.

En ese sentido, el desplazamiento interno forzado debe ser entendido como  una condición de facto de desprotección porque el Estado no pudo garantizar la protección de estas personas y prevenir su desplazamiento. Esto significa que la responsabilidad primaria de proteger y asistir a las poblaciones afectadas recae sobre el propio Estado  quien debe responder por sus acciones u omisiones que generaron el desplazamiento interno forzado, así como por no haber previsto, asegurado  o tomado las medidas necesarias para proteger los derechos de la población para evitar que sea víctima de las diversas formas de violencia y ni haber establecido las condiciones y los medios para el retorno seguro de la población desplazada.

Entonces, ¿qué debería hacer el gobierno mexicano para atender esta situación?

México requiere reconocer a su más alto nivel el fenómeno, así como realizar un diagnóstico integral sobre el desplazamiento interno forzado para establecer sus causas, definir las necesidades de los desplazados en cada una de las fases del ciclo del desplazamiento y difundir los derechos de las personas desplazadas en todo el país. Esto con la finalidad de que se adopte una política nacional y las medidas tendientes a prestar una respuesta conforme a los estándares internacionales en la materia, en particular los Principios Rectores del Desplazamiento Interno.

Dada la alarmante y creciente cifra de la población en esta situación es fundamental que se legisle en la materia y se tipifique al desplazamiento interno forzado como delito federal. En ese sentido, es necesaria la elaboración de una Ley General para la Prevención y Atención  del Desplazamiento Forzado Interno que ampare a las víctimas de esta compleja violación de derechos humanos.

 ¿Por qué impulsar una Ley General? ¿En qué ayudaría?

Una legislación pertinente que busque atender a las personas desplazadas debe por un lado contemplar sus necesidades más inmediatas, siendo especialmente sensible a su pérdida personal y el dolor que se enfrenta. Pero, al mismo tiempo, ser suficientemente capaz en términos operativos de definir e involucrar a todos los actores y autoridades competentes, monitorear el fenómeno, caracterizar a las víctimas y consultarlas sobre las decisiones a tomar respecto a sus propios procesos.

Una Ley General para la Prevención y Atención  del Desplazamiento Forzado Interno, tiene que considerar como elementos mínimos: medidas de prevención, protección y asistencia en todas las fases  que comprenden el ciclo del desplazamiento; la creación de un Registro Único de víctimas de esta situación;  la conformación de un Sistema Nacional para la Prevención y Atención Integral que tenga por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la protección, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las personas en condición de desplazamiento forzado interno.

La creación de una ley general en la materia, así como el reconocimiento de la problemática, la elaboración de un diagnóstico oficial para dimensionar cuantitativa y cualitativamente el problema, y la creación de políticas públicas y programas de alcance nacional que cuenten con un enfoque diferencial y especializado para su atención integral, son las acciones adecuadas para garantizar los derechos humanos de la población desplazada por la fuerza.

Para conocer más acerca de este fenómeno y descargar el informe completo, visita aquí.

 

@CMDPDH

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