Alertas migratorias: ¿seguridad o arbitrariedad?

Más que un mecanismo de detección de riesgos, las alertas migratorias fungen como una sanción administrativa, lo que no sólo es contrario al fin para el que fueron creadas, sino que además generan flagrantes violaciones a los derechos de debido proceso, defensa adecuada, unidad familiar, seguridad jurídica, protección internacional y libertad de circulación y residencia, entre otros.

Por: Daniela Gutiérrez Escobedo y Mariana Peguero Moreno

El atentado a las torres gemelas del 11 de septiembre de 2001 fue un parteaguas en el sistema de cooperación internacional en materia de seguridad, obligando a los Estados a la creación de mecanismos más rigurosos y especializados de seguridad interna, pero también a la generación de mecanismos de cooperación entre los gobiernos que permitiera identificar, de manera transfronteriza, riesgos y amenazas a la seguridad nacional de cada uno de los Estados.

A lo anterior se le conoce como seguridad hemisférica y consiste en un círculo geográfico concéntrico donde las fronteras se perciben a partir del territorio de dos o más estados. Así, el concepto de “frontera” como la demarcación territorial que separa a un Estado de otro, se diluye ante la presencia de un riesgo o amenaza permitiendo que la información generada a partir de los mismos sea compartida entre los Estados para contenerlos oportunamente.[1]

En el círculo geográfico conformado por Estados Unidos, México y Canadá, nuestro país tiene una gran responsabilidad: por ser el país con mayor flujo migratorio a nivel mundial, porque la frontera que comparte con su vecino del norte es la más transitada del mundo, y porque la frontera sur es suficientemente porosa como para permitir el cruce de personas indocumentadas y miembros de grupos delincuenciales.

Precisamente, el control de los flujos migratorios ha sido pieza central en la prevención de la comisión de actos terroristas generando el efecto de la “securitización de la migración”. Así, posteriormente al atentado, los países de Norteamérica firmaron los Acuerdos de Fronteras Inteligentes donde se acordaron medidas como la obtención de información avanzada sobre pasajeros, la revisión de personas provenientes de terceros países y la creación de identificadores biométricos, entre otros.[2] En el caso de México se creó en el año de 2004 el Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM), programa de registro y consulta de información sobre las personas que ingresan o salen del país y que permite la identificación en tiempo real de personas cuyos antecedentes resultan sospechosos y pudieren implicar un riesgo o amenaza a la seguridad nacional.[3]

Dentro del SIOM existe lo que se conoce como “alerta migratoria”, es decir, un registro en las listas de control migratorio; estas bases de datos administradas por el Instituto Nacional de Migración (INM), que permite a esta autoridad identificar a una persona extranjera ya sea cuando ingresa o sale del territorio mexicano, o bien cuando busca la obtención de un documento migratorio de estancia legal.

Las alertas migratorias no están reguladas ni en la Ley de Migración ni en su reglamento. Aquella ni siquiera la menciona y el reglamento desarrolla en diversos de sus preceptos legales –sin claridad, precisión y orden– algunos de los supuestos en los que se levantará una alerta, sin que se determine con certeza las autoridades competentes para hacerlo, sus efectos jurídicos, el derecho de los extranjeros a solicitar información acerca de las mismas o el procedimiento para su eliminación.

Las alertas migratorias constituyen un antecedente negativo que impide la internación al país, la regularización migratoria en todas sus formas, la renovación de una condición de estancia previamente adquirida, la obtención de un permiso de trabajo, la reposición de un documento migratorio o la salida de la estación migratoria a pesar de que se tenga el derecho para hacerlo.

En el caso de solicitantes de la condición de refugiado les impide contar con una condición de estancia legal en tanto dan seguimiento a su procedimiento y, para el caso de personas refugiadas o a quienes se les ha otorgado algún tipo de protección internacional, les impide la obtención de la Residencia Permanente o incluso tiene por efecto la cancelación de la protección internacional brindada.

Ahora bien, las alertas migratorias pueden ser interpuestas por autoridades nacionales e internacionales en materia de seguridad, quienes solicitan al INM su incorporación a las listas de control migratorio. No obstante, las autoridades migratorias mexicanas también pueden levantar una alerta migratoria en contra de una persona extranjera sin que tenga que mediar para ello un acuerdo debidamente fundado y motivado.

Lo anterior significa que si bien las alertas migratorias debieren atender a la protección de la seguridad nacional, su levantamiento no siempre se hace respecto de personas que encajen en dicho supuesto. De una lectura de la Ley de Migración se advierte que para el caso de personas extranjeras que ingresaron al país de forma irregular y, posteriormente fueron deportadas, se levantará una alerta migratoria que implicará en un eventual nuevo ingreso, su detección.

En dicho tenor, la experiencia de la CMDPDH en el litigio de casos de personas migrantes, solicitantes de asilo y personas con protección internacional que tienen alertas migratorias da cuenta de que, si bien estas tienen como fin “prevenir riesgos y amenazas a la seguridad nacional”, son utilizadas de forma arbitraria por parte de las autoridades migratorias.

Más que un mecanismo de detección de riesgos, las alertas migratorias fungen como una sanción administrativa, lo que no sólo es contrario al fin para el que fueron creadas, sino que además generan flagrantes violaciones a los derechos de debido proceso, defensa adecuada, unidad familiar, seguridad jurídica, protección internacional y libertad de circulación y residencia, entre otros.

Como las escasas y difusas disposiciones legales sobre las alertas migratorias refieren que éstas tienen naturaleza de seguridad nacional, las autoridades migratorias entienden que su levantamiento no debe ser notificado a la persona extranjera, así como tampoco es necesario respetar ninguna de las formalidades esenciales del procedimiento.

En los casos litigados se ha documentado que los extranjeros se percatan que tienen una alerta migratoria cuando ésta ya ha producido sus efectos jurídicos. Al buscar defenderse, las autoridades migratorias niegan cualquier información relativa a las mismas alegando que se trata de información reservada a pesar de que la persona, en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sea titular de la misma.

La falta de regulación normativa pública en la materia, y la incertidumbre jurídica que eso genera en las personas extranjeras que cuentan con una alerta migratoria en su contra, permite a las autoridades migratorias utilizarlas de forma abusiva, lo que implica que prácticamente cualquier extranjero en México pueda ser víctima de los efectos que genera el levantamiento de una alerta migratoria.

Por lo anterior, resulta imperioso que por medio de litigio estratégico las mismas sean impugnadas buscando lograr que las autoridades encargadas de interponerlas, sustanciarlas y levantarlas, sometan su actuar a un escrutinio de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad.

En el litigio estratégico de casos de migrantes y solicitantes de asilo en México, la CMDPDH tiene más de un año litigando casos con alertas migratorias, por lo que si tienes una alerta migratoria o conoces a alguien que tiene una en su perjuicio, escríbenos a [email protected].

 

* Daniela Gutiérrez Escobedo y Mariana Peguero Moreno son abogadas de la @CMDPDH.

 

Referencias:

[1] Chillier, Gaston & Freeman, Laurel; El Nuevo Concepto de Seguridad Hemisférica de la OEA: Una Amenaza en Potencia, Washington Office on Latin America (WOLA), Washington, 2009 Disponible aquí. http://www.fes-seguridadregional.org/images/stories/docs/0261-001_g.pdf

[2] Manaut, Raúl Benítez & Rodríguez Ulloa, Carlos; Seguridad y fronteras en Norteamérica. Del TLCAN a la ASPAN, Frontera norte vol.18 no.35 México ene./jun. 2006 Disponible aquí. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-73722006000100001

[3] Calleros Alarcón, Juan Carlos; El vínculo entre seguridad nacional y migración en México, p.p 23. Disponible aquí. https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n88/01calleros.pdf

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