Justicia pausada, justicia denegada

¿Cuánto tiempo hace falta para reparar integralmente a cuatro mujeres indígenas torturadas a manos de militares? Porque ya pasaron 24 años desde que se registró la violación de los derechos humanos de las hermanas González Pérez y de su madre Delia.

Por: Natalia Pérez Cordero

¿Cuánto tiempo tiene que esperar una víctima de tortura sexual para ver satisfecha la justicia en su caso? ¿Cuánto tiempo hace falta para reparar integralmente a cuatro mujeres indígenas torturadas a manos de militares? ¿Cuánto tiempo más debemos darle a las fuerzas armadas para que se disculpen por todas las violaciones a derechos humanos y por tantas vejaciones cometidas históricamente?

El día de hoy se cumplen veinticuatro años desde que Ana, Beatriz y Celia, todas González Pérez, y su madre, la señora Delia Pérez, fueran obligadas a cambiar su identidad, su nombre y hasta desplazarse en más de una ocasión luego de que fueran detenidas arbitrariamente por militares en un retén en el estado de Chiapas en el año de 1994 -en el marco del conflicto armado en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)-, con el único fin de humillarlas y torturarlas física, psicológica y sexualmente, mientras obligaban a su madre a oír tales atrocidades.

Su “error”, ¿ser mujeres?, ¿indígenas?, ¿pasar en el momento y lugar equivocado?, ¿ser ¡zapatistas!? Muy probablemente todas las anteriores, el hecho es que la vida de estas cuatro mujeres cambió por completo aquel 4 de junio de 1994.

Pese a las denuncias interpuestas, no hallaron ningún tipo de justicia en las instancias de procuración de justicia nacionales, quienes incluso remitieron la investigación penal al fuero militar, lo que mantuvo el caso casi veinte años en completa impunidad y nula de imparcialidad. Esta razón las llevo a elevar su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que este organismo evaluara las pruebas y decidiera sobre la responsabilidad del Estado mexicano por violaciones atribuidas a las Fuerzas Armadas.

El 4 de abril del 2001, la CIDH publicó su informe de fondo No. 53/01, en el que concluyó que el Estado mexicano era responsable por la violación de los derechos a la integridad personal y a la protección de la honra y dignidad, a la libertad personal, garantías judiciales y protección judicial respecto de Celia González Pérez y sus derechos de niña, y de la violación a su obligación general de respetar y garantizar los derechos previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También señaló la violación al artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

En el mismo informe, la Comisión Interamericana ordenó al Estado mexicano a reparar adecuadamente a las hermanas González y a su madre, así como a investigar de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria.

Pese a esta resolución internacional, las hermanas González Pérez y su madre al día de hoy no han sido reparadas, aunque desde el año 2014 se presentó una propuesta de reparación integral al Estado que tomaba en consideración la perspectiva de las víctimas, la cual no fue aceptada según lo solicitado, particularmente la petición de que la Secretaría de Defensa Nacional ofreciera disculpas públicas a las hermanas y a su madre por lo ocurrido aqu4l 4 de abril de 1994 a manos del ejército.

Por su parte, si bien la investigación se turnó al fuero civil desde el año 2013, la justicia ha sido negada de facto, pues las autoridades ministeriales no han hecho las labores de investigación necesarias para identificar a los responsables, sin contar los intentos -no permitidos- de diligencias por demás revictimizantes.

Desde entonces, la justicia ha estado pausada, “congelada”, muestra del fracaso para integrar la perspectiva de género y cultural en la implementación de medidas de reparación e investigación de casos de violaciones graves a derechos humanos como el presente.

Frente a este contexto reiterado de denegación de justicia, el pasado 18 de abril del año en curso las hermanas González Pérez y su madre Delia enviaron una carta a la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación mostrando su indignación ante el incumplimiento de las recomendaciones de la CIDH y refirieron lo que, para ellas, en sus palabras, es justicia:

“Para nosotras la justicia es que se reconozcan los derechos que tenemos como mujeres indígenas, y por ello pedimos que se reinicie el proceso de reparación que se había seguido ante la Unidad de Derechos Humanos teniendo nosotras la claridad de que ningún dinero podrá reparar el daño que nos hicieron porque nuestra dignidad indígena y prácticas culturales fueron trastocadas de forma irremediable impactando nuestra vida colectiva y comunitaria, y éste mirar no es comprensible desde una visión occidental en [donde] todo se repara con dinero, pero ese dinero proviene de todo el pueblo a través de nuestros impuestos y para nosotras, las y los indígenas, según nuestro sistema de justicia, la forma que usamos para garantizar la no repetición de la violencia es sancionar al perpetrador con un castigo que lleva implícito el reconocimiento social del mal accionar pero también la satisfacción de la víctima en cuanto a que su dignidad no ha podido ser vulnerada porque se garantiza socialmente el respeto de la misma”

Es necesario escuchar, visibilizar e incluir la concepción de justicia desde la visión de estas cuatro mujeres, indígenas y zapatistas como una manera de hacerles justicia social y humana, en la espera de que algún día llegue la justicia concebida por ellas, cuya espera les ha tomado los últimos veinticuatro años de sus vidas a la sombra de la impunidad.

Puedes leer la carta completa de las hermanas Gonzáles Pérez en esta liga.

 

* Natalia Pérez Cordero es abogada de la @CMDPDH.

 

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