México necesitará un Mecanismo contra la Impunidad

Para fganar la confianza de los mexicanos, el gobierno de AMLO deberá recobrar la credibilidad en las instituciones encargadas de procurar justicia; habrá de garantizar el orden y recuperación de las fuerzas de seguridad, y tendrá que construir un Mecanismo Internacional contra la Impunidad.

Por: Olga Guzmán (@OlGuz)

 

La principal misión del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tal y como él mismo lo ha anunciado, será erradicar la corrupción e impunidad imperante en nuestro país.

En un Estado democrático de derecho, como se dice ser México, no pueden haber más de 200 mil homicidios dolosos, más de 10 mil denuncias por tortura, ni más de 34 mil víctimas de desaparición, sin investigar y sin sancionar.

Ante ingente misión, la próxima administración deberá en primer lugar recobrar la confianza y credibilidad en las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia. Para ese fin, no solo será necesaria la consolidación de una Fiscalía General de la República capaz de conducir investigaciones de manera imparcial e independiente, garantizando que no se conduce bajo ninguna instrucción política que afecte el curso de las investigaciones de los crímenes atroces y/o delitos de corrupción. Para ello, también necesitaremos de una persona encargada de la Fiscalía que tenga el perfil idóneo para cumplir a cabalidad con sus funciones constitucionales y que establezca una política criminal concreta para el eficaz desempeño de su gestión.

En segundo lugar, el próximo gobierno habrá de garantizar el orden y recuperación de las funciones constitucionales tanto de las fuerzas de seguridad civiles y armadas. Es decir, ante la abrumadora evidencia de los abusos y las violaciones graves a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas mexicanas, y la consecuente impunidad que han gozado hasta el momento militares y marinos que han cometido crímenes atroces, habremos de recuperar la confianza en nuestras policías y ser testigas y testigos del retiro de las Fuerzas Armadas de nuestras calles y de la eliminación de la arbitraria función que se les confirió en materia de seguridad pública.

No obstante, la enraizada corrupción e impunidad imperante en las instituciones mexicanas, requerirá de medidas radicales para desterrarla. Así que en tercer lugar, el gobierno de AMLO tendrá que convocar a la brevedad a víctimas, sociedad civil, academia y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a construir y diseñar juntas y juntos, un Mecanismo Internacional contra la Impunidad.

No hace falta demasiada inspiración ni suspicacia para entender que mecanismos extraordinarios de justicia, permiten dar un respiro aún cuando la más pesada neblina no permite ver luz. De los países de la región, somos el único en donde no se ha sancionado a ningún servidor público de alto nivel a nivel federal por crímenes atroces o delitos de corrupción. En Guatemala, con una Fiscalía capaz e imparcial y el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), se logró desmantelar un esquema de corrupción masiva en donde se encontraba implicado el ex presidente de ese país Otto Pérez Molina, quien fuera procesado y posteriormente encarcelado junto con su vicepresidenta Roxana Baldetti en 2015. La misma suerte han corrido los ex presidentes de El Salvador Antonio Saca en 2016, el panameño Ricardo Martinelli, el salvadoreño Mauricio Funes y el guatemalteco Álvaro Colom en 2018, todos procesados y en prisión por delitos de corrupción, sin contar la orden de prisión preventiva proveniente que tiene el ex presidente de Ecuador Rafael Correa por el presunto secuestro de un disidente político cometido en Colombia.

Si AMLO verdaderamente piensa buscar la reconciliación durante su gobierno, hay un mensaje importante que se debe de dar para que el sentimiento de impunidad y falta de justicia no se quede anidado en la ciudadanía mexicana: Ningún delito por corrupción o crimen atroz quedará impune. Y no basta con investigar y llevar ante los tribunales mexicanos a los autores materiales, sino que todo servidor público quien con jerarquía superior haya tenido conocimiento, haya hecho caso omiso o no diera conocimiento a las autoridades competentes para su investigación, o no haya adoptado las medidas necesarias para prevenir la comisión de crímenes y violaciones graves a derechos humanos, deberá ser diligente investigado y en su caso, llevado ante la justicia.

El gobierno de AMLO, por más decidido que se encuentre para llevar a cabo su misión de desterrar la corrupción e impunidad que se encuentran propagadas como cáncer dentro de las instituciones mexicanas, no podrá solo. Por ello, habrá de acercarse con quienes venimos solicitando el establecimiento de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad durante los últimos años.[1]

El establecimiento de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad en México, tendrá por objeto fortalecer las capacidades de las fiscalías del país en la investigación de delitos como tortura, desapariciones forzadas y homicidios dolosos, cuando son cometidos a gran escala y como parte de un plan o política de organizaciones criminales o de instituciones del Estado. Dicho Mecanismo no será la solución para todos nuestros males, pero su carácter complementario y bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas, con especialistas en investigación penal de otros países con probada experiencia en la materia, nos ayudará a respirar aire fresco aún en nuestra brumosa realidad.

 

 

*Olga Guzmán Vergara es coordinadora de incidencia internacional de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos @CMDPDH.

 

Referencias:

[1] Corrupción que mata: por qué México necesita un mecanismo internacional para combatir la impunidad. Disponible aquí.

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