Cuando ni el homicidio se castiga

El nivel de impunidad en México deviene de diversos factores como el hecho de que el país tiene cuatro veces menos jueces que el resto del mundo, y solo la mitad las policías preventivas que recomienda el SESNSP. Esto se suma a la desconfianza de los ciudadanos para denunciar crímenes.

Por: Sam Storr

En 2017, la tasa de impunidad para los crímenes empeoró en México, y en ningún otro país latinoamericano es más probable que, entre las consecuencias de un crimen, las víctimas vivan con el temor de ver a su agresor en libertad. En efecto, el homicidio ya no se castiga, concluye el estudio Índice global de impunidad IGI-Mex 2018 publicado por la Universidad de las Américas, Puebla.

En medio de un año en el que se proyecta alcanzar la tasa más alta de homicidios dolosos en la historia del país, es imposible ignorar que México tiene cuatro veces menos jueces y magistrados por habitante que el resto del mundo, y solo la mitad las policías preventivas estatales recomendada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su Modelo Óptimo de la Función Policial. Pero no solo se trata de una actitud negligente hacia la procuración de justicia, y tampoco es cierto que la mera ampliación de personal policial y justiciero brindará mejores resultados; se trata de una hostilidad generada desde los más altos mandos de poder.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), solo el 9.7% de los crímenes son denunciados. Las principales razones para no denunciar un crimen fueron: considerarlo una pérdida de tiempo (33%), desconfianza en la autoridad (16.5%), trámites largos o difíciles (8%), y la actitud hostil de las autoridades (4%).

El pesimismo de la ciudadanía tiene fundamento. De los crímenes reportados, solo el 65% resultaron en una averiguación previa o carpeta de investigación, dando una cifra de 93.6% delitos en los que no se realiza ningún tipo de investigación. Además, no hubo avances en casi la mitad de las investigaciones iniciadas. De acuerdo a los autores del Índice, las instituciones de seguridad deben adoptar estas cifras del INEGI como un indicador de inseguridad en el país; actualmente, las autoridades consideran que entre menos crímenes reportados, mejor su desempeño.

En el contexto de tanta impunidad no deja de sorprender que la tasa anual de homicidios se haya disparado. En 2017 se registraron 29 mil 168 homicidios dolosos, mientras que en el primer trimestre de 2018 se superó incluso la cifra récord alcanzada el año anterior. Aún más, el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas reporta 34,656 personas desaparecidas hasta 2018, cifra que ha aumentado de manera similar a la de homicidios. Desde 2006 a 2017, se abrieron 732 investigaciones por el crimen de desaparición forzada al nivel federal, resultando solo 7 sentencias condenatorias.

Mientras que en México el cuerpo profesional de la policía preventiva y de los agentes de justicia carecen de las capacidades y recursos necesarios para garantizar la seguridad de su población, especialmente para grupos como periodistas y mujeres víctimas de feminicidio, destaca el contraste con la cantidad de recursos dedicados a las fuerzas armadas. En los últimos cinco años, el presupuesto de SEDENA ha incrementado 485%, sosteniendo 270,000 elementos activos, más del doble de los 120,000 policías estatales de la República.

Hemos visto que el ejército asume cada vez más las tareas propias de la policía, en el sexenio pasado (2006-2012) un total de 328 mil 107 elementos de la SEDENA estuvieron involucrados en tareas de seguridad; mientras que en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2017) la cifra es de 212 mil 107 efectivos. Es decir, del año 2006 a marzo de 2017, hubo un despliegue de 540 mil 214 elementos de la SEDENA[1] y 100 mil 481 elementos de la SEMAR[2] en apoyo a las fuerzas de seguridad pública para el combate al narcotráfico.

Además, las fuerzas armadas se han visto implicadas – con cada vez más recurrencia – en una extensa serie de violaciones a los derechos humanos en contra de la población civil. Durante el periodo 2006-2016 la CNDH solo registró un total de 16 quejas por ejecuciones extrajudiciales durante el periodo de 2006 a 2016, lo cual muestra una inconsistencia en cuanto a los registros, pues se reportan un mayor número de recomendaciones. Tras una sistematización realizada por la CMDPDH de todas las recomendaciones emitidas por la CNDH cuyos hechos ocurrieron entre el 2006 y abril de 2017 encontramos que sumaban 75 recomendaciones en las que se documentan hechos de asesinatos, 47 de ellas responsabilizan a las Fuerzas Armadas. La Secretaría de Marina aparece como responsable en 9 recomendaciones y la SEDENA en 39, dentro de las cuales estuvieron involucradas un total de 91 víctimas[3].

Durante enfrentamientos de la SEDENA con presuntos delincuentes entre enero 2007 y abril 2014, fallecieron 209 militares, 3,907 presuntos agresores y 60 víctimas ajenas a los hechos, además de que se detuvieron 3,946 presuntos delincuentes. Después de esta fecha, la responsabilidad de llevar este registro pasó de SEDENA a la PGR, sin embargo, esta entidad informa que tampoco tiene esta información, agregando a la opacidad oficial sobre la actuación del Ejército y la naturaleza de la violencia desatada.[4]

Podría ser que hemos llegado a un punto de quiebre, en el cual nos encontramos tan bajo en la barranca que no se puede descender ni un paso más. En el caso de Ayotzinapa, la sociedad civil y los tribunales de justicia han marcado un alto, criticando a un gobierno que busca inmediatamente establecer una “verdad histórica” aunque no resulta factible mantenerla, y que levanta una campaña de desinformación y desprestigio hacía las víctimas, sus defensores y expertos independientes. En junio del presente año, se ordenó la creación de una Comisión de Verdad sobre el Caso Ayotzinapa, debido en particular a la falta de independencia y el uso de tortura por parte de las autoridades investigadoras, una práctica generalizada. Tan solo en 2017, la CNDH recibió 402 denuncias de tortura por parte de autoridades federales.[5]

Aunque la creación de mecanismos de justicia nacional es un fenómeno de suma importancia, debido a la falta de voluntad política para la rendición de cuentas es necesario también contar con un mecanismo internacional e independiente de investigación y acompañamiento técnico para abatir la impunidad, tal como se describe en el reporte Corrupción que Mata. De acuerdo a la organización Impunidad|Cero, uno de los crímenes que más se comete con impunidad es la corrupción, con sentencias en menos del 1% de los casos.

Para sacar al país de la ola de violencia e impunidad en la que se encuentra inmerso, es indispensable adoptar un nuevo enfoque sobre la policía preventiva y el sistema de justicia, pero ninguna iniciativa o inversión será exitosa bajo la influencia perversa de la corrupción endémica.

 

@CMDPDH

 

* Sam Storr es licenciado en historia con maestría en humanitarianismo y respuestas al conflicto.

 

 

Referencias:

[1] SEDENA. Solicitud de acceso a la información pública, número de folio: 0000700043917.

[2] SEMAR. Solicitud de acceso a la información pública, número de folio: 0001300019517.

[3] Análisis a partir de resultados preliminares de la base de datos The Investigation and Documentation System (I-DOC) de Case Matrix Network para ser usada por la CMDPDH, gracias al financiamiento de la Unión Europea y al Ministerio Noruego de Asuntos Exteriores

[4] PGR (2015). Solicitud de información número de folio: 0001700241717.

[5] CNDH. Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a los Derechos Humanos. Disponible aquí.

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