Caso Lorena González: la fabricación de culpables

Lorena fue acusada y detenida hace 10 años por el gobierno capitalino por un delito que nunca cometió. Pasó siete años presa injustamente, víctima de tratos crueles e inhumanos. Su caso es una muestra de la forma rutinaria en la que se cometen violaciones a derechos humanos en CDMX.

Por: Víctor Alonso Del Pozo Rodríguez* (@Aluonso)

Las detenciones arbitrarias en México son cotidianas y son muy frecuentemente el punto de partida de graves y persistentes violaciones de los derechos humanos en el país, tales como la tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.[1]

-Amnistía Internacional

La semana pasada, se cumplieron diez años de la detención arbitraria de Lorena González Hernández. A Lorena la detuvieron un 5 de septiembre, en las instalaciones del lugar en el que trabajaba desde 1995. Le fabricaron un delito, que nunca cometió, para que el Gobierno capitalino pudiera alardear sobre su capacidad de rendir resultados en la investigación del secuestro de Fernando Martí. A Lorena la exhibieron, en una aparatosa conferencia de prensa, como una delincuente de alto perfil; la arraigaron por dos meses y, posteriormente, la enviaron a una prisión en condiciones de incomunicación.

La mantuvieron privada de su libertad a pesar de que, en el fuero federal, ya había una persona procesada, acusada y confesa por los mismos hechos y delitos. Por si fuera poco, —conscientes de la insuficiencia probatoria y de las graves violaciones al debido proceso— la autoridad ministerial de la Ciudad de México le fabricó un nuevo delito, que mantuvo oculto, con la intención de hacerlo valer en caso de que Lorena obtuviera su libertad en el primer proceso.

A Lorena le arrebataron, injustamente, siete años de su vida. Un sistema de justicia corrupto, incapaz de hacerle frente a las injerencias abusivas y arbitrarias del Poder Ejecutivo de la CDMX, menoscabó su dignidad, la separó de su familia, y la sometió a tratos que se podrían considerar como crueles, inhumanos y degradantes. Ignorando y solapando los crímenes atroces y violaciones graves a derechos humanos de los que fue víctima Lorena, el Estado Mexicano —durante todo el proceso— demostró carecer de voluntad y capacidad para cumplir con sus obligaciones constitucionales de investigar, sancionar y, reparar dichas violaciones.

A pesar de ello, a Lorena le cerraron las puertas en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal porque consideraban que “no existían elementos suficientes para acreditar las violaciones a los derechos humanos”; y,  por su parte, a la fecha, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha emitido una recomendación al respecto.

El caso de Lorena refleja una situación, presente en todo el aparato Estatal, caracterizada por “niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares”.[2] En este contexto, ante la inacción e indolencia del gobierno mexicano, las víctimas —de la mano de las organizaciones que las acompañamos— han tenido que buscar, sin el apoyo del Estado, la forma de ser reparadas en sus derechos. Esto, en última instancia, “ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos”.[3]

Ha sido un proceso arduo, en el ámbito laboral, familiar, y social: un proceso de lucha. A pesar de ello, yo no tengo nada claro a diez años de la detención. La vida parece seguir; sin embargo, nada cambia, las víctimas de violaciones a derechos humanos no han sido reparadas: la autoridad ni siquiera me reconoce la calidad de víctima.

El caso de Lorena, asimismo, es una muestra fehaciente de que en Ciudad de México también se comenten, rutinariamente, violaciones graves a derechos humanos en un contexto que parece sugerir la existencia de un plan, o política de Estado, de encarcelación —u otra privación grave de la libertad física— en violación de normas fundamentales de derecho internacional, para mostrar (al menos, en apariencia) que el Gobierno de la Ciudad de México es capaz de rendir resultados en el combate al llamado crimen organizado. Sobre ello, es menester apuntar que en 2008, año en que fue detenida Lorena, el que fuera titular de la Jefatura de Gobierno asumió un compromiso personal frente a la consigna “si no pueden, renuncien.”, lanzada por Alejandro Martí.[4] Tan solo unas semanas después, sin pruebas, la procuraduría capitalina privó de su libertad a Lorena al tiempo que se regodeaban, señalando que “hicimos el compromiso de que no habría impunidad y estamos cumpliendo”.[5]

La urgencia por rendir resultados, y presentar culpables, para cumplir ante los ojos demandantes de los familiares de la víctima de secuestro, provocaron un actuar irregular del Estado que estuvo atravesado por la comisión de graves violaciones a derechos humanos. Así, como apunta Aguilar, “ante el reclamo indignado lo que procede es la acción decidida, enérgica, de la clase política. […] la indignación también puede ser una trampa, pues construye un mundo moral de certezas ineludibles en el cual el remedio a nuestras dolencias es, como diría Robespierre (uno de los grandes indignados en la historia), una justicia pronta, severa e inflexible.

La indignación nos hace creer que la solución a nuestros males seculares es la mera voluntad de los políticos. De esta forma alienta un voluntarismo irreal. […] El Estado mexicano, o por lo menos sus personeros, se sienten, con toda razón, culpables. No han cumplido la labor esencial de cualquier Estado de verdad: proteger a sus ciudadanos. Pero la culpa no es un camino a la justicia. Ésta es útil socialmente cuando ayuda a restaurar la justicia, cuando es un acicate para reparar el daño. Pero no siempre es así. La culpa tiene claras desventajas. El culposo busca afanosamente el perdón y expiar sus pecados. Cuando nos sentimos culpables desconfiamos de nuestro juicio crítico, pues lo principal es dar satisfacción a través de muestras de contrición y arrepentimiento. El culpable sólo puede bajar la cabeza y asentir. No puede ver de frente a la víctima ni mucho menos cuestionar sus reclamos. […] Así, la razón queda subordinada a la culpa. Y esto conlleva riesgos. Pues, como afirma Shklar, hay algo perturbador en el hecho de idealizar a los vencidos. En efecto, la tribuna del sentimiento no es un foro para razonar, pues desde ahí los políticos invocan pasiones y no ideas”.[6]

Las violaciones cometidas en contra de Lorena no pueden quedar impunes. Si bien es cierto que nadie le podrá devolver los años que le robaron en prisión y que, en ese sentido, se podría decir que el daño es estrictamente irreparable frente al limitado alcance de lo jurídico para devolver las cosas al estado en que estaban, antes de la perpetración de las violaciones a derechos humanos, es importante entender que “hay un punto en que el Derecho sí interviene […] para frenar la crueldad con que los seres humanos tratan a sus semejantes […] La reparatio no pone fin a lo ocurrido, a la violación de los derechos humanos. El mal ya se cometió; mediante la reparatio se evita que se agraven sus consecuencias (por la indiferencia del medio social, por la impunidad, por el olvido). […] La reparatio dispone de nuevo, reordena la vida de los sobrevivientes victimados, pero no logra eliminar el dolor que ya está incorporado ineluctablemente al cotidiano de su existencia. La pérdida es, desde este ángulo, rigurosamente irreparable. Aún así, la reparatio es un deber ineludible de los que tienen por responsabilidad impartir la justicia […], la realización de la justicia se sobrepone a todo y cualquier obstáculo, inclusive los que se desprenden del ejercicio abusivo de reglas o institutos del derecho positivo”.[7] Por ello, no debemos perder de vista que el Estado Mexicano tiene una deuda impostergable con Lorena: debe de garantizar su derecho a la reparación integral, en donde se deberán de cumplir con medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción, y garantías de no repetición; así como con su derecho a la verdad, y la justicia.

Yo necesito que se me regrese mi dignidad. Que la sociedad sepa que Lorena González fue víctima de detención arbitraria, que no me tachen de delincuente. Que se sepa que Lorena González es inocente: la autoridad debe reconocer, públicamente, que se equivocó.

A diez años de la detención de Lorena, la ineptitud y la actitud dolosa de las autoridades responsables debe de ser castigada con todo el peso de la ley; pero, más aún, la CNDH debe de asumir su responsabilidad de fungir como un facilitador para el restablecimiento y reconocimiento de la dignidad de Lorena; así como para coadyuvar a que reconstruya su proyecto de vida, puesto que “en el marco de la transitoriedad de la vida, a cada uno cabe proceder a las opciones que le parecen acertadas, en el ejercicio de plena libertad personal, para alcanzar la realización de sus ideales. La búsqueda de la realización del proyecto de vida desvenda, pues, un alto valor existencial, capaz de dar sentido a la vida de cada uno. Es por eso que la brusca ruptura de esta búsqueda, por factores ajenos causados por el hombre (como la violencia, la injusticia, la discriminación), que alteran y destruyen de forma injusta y arbitraria el proyecto de vida de una persona, revístese de particular gravedad, – y el Derecho no puede quedarse indiferente a esto”. [8]

En este aniversario, se vuelve imperativo que las instituciones encargadas de hacer prevalecer el Estado de Derecho, ante los abusos de sus agentes, atiendan el clamor por justicia, verdad, y reparación que Lorena ha alzado en estos diez años. No podemos permitir que Lorena se convierta en una olvidada de la justicia; de lo contrario, se haría indiscutible que México se convirtió en un Estado fallido, consumido por la corrupción y por la inmensa sed de poder de quienes lo gobiernan, incapaz de garantizarle a sus ciudadanos los derechos más básicos. ¡Justicia y reparación para Lorena!

 

*Víctor Alonso Del Pozo Rodríguez, abogado del Área de Defensa de la CMDPDH

 

@CMDPDH

 

Referencias: 

[1] Amnistía Internacional, Falsas sospechas. Detenciones arbitrarias por la policía en México, (Londres: Amnesty International Ltd, 2017), 4.

[2] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Situación de los Derechos Humanos en México, (Washington: CIDH, 2015), párrafo 12.

[3] Ibíd.

[4] Al respecto, véase aquí.

[5] Al respecto, véase aquí.

[6] José Antonio Aguilar, “El papel político de la indignación”, Nexos (enero 2015),

[7] Antônio Augusto Cançado Trindade, Voto razonado. Bulacio versus Argentina, (Costa Rica: Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2004).

[8] Antônio Augusto Cançado Trindade, Voto razonado. Gutiérrez Soler versus Colombia, (Costa Rica: Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2004).

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