Corrupción y derechos humanos ¿Por qué vincularlos?

Aunque la institucionalidad, los compromisos y las normas que combaten tanto la corrupción y las violaciones a los derechos humanos corren en paralelo, ambos rubros son vinculantes porque en muchas instancias, los actos de corrupción conllevan una violación de derechos humanos.

Por: Magdalena Sepúlveda Carmona (@Magda_Sepul)

En los últimos años ha avanzado la agenda que busca resaltar los vínculos entre corrupción y derechos humanos.  Lo que en un principio empezó con un análisis principalmente académico[1], ha ido logrando, de manera lenta pero segura, una influencia cada vez en diferentes ámbitos. Hoy en día, los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, como el Consejo de Derechos Humanos, los Relatores Especiales, así como los órganos de supervisión de tratados, a menudo abordan el impacto negativo de los actos de corrupción en el disfrute de los derechos humanos.[2] Los vínculos también se han explorado en algunas decisiones judiciales[3], así como en declaraciones políticas[4]. Esta tendencia, también se ha manifestado a nivel regional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha referido en numerosas ocasiones a los impactos de la corrupción en la situación de los derechos humanos de los países de la región. Estos vínculos se han destacado en decisiones de casos[5]; de sus informes sobre la situación de derechos humanos en los países[6], en las resoluciones respecto de medidas cautelares[7] , así como en sus audiencias públicas[8]. En el 2017, a través de su Resolución 1/17 sobre los Derechos Humanos y la Lucha contra la Impunidad y la Corrupción, la CIDH enfatizó que “La lucha contra la corrupción está indisolublemente ligada al ejercicio y disfrute de los derechos humanos. La impunidad fomenta y perpetúa los actos de corrupción. Por lo tanto, el establecimiento de mecanismos efectivos para erradicar la corrupción es una obligación urgente para lograr un acceso efectivo a una justicia independiente e imparcial y para garantizar los derechos humanos”.

Esta tendencia, se ha hecho evidente también en México, cuando la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) junto con el Comité de Participación Ciudadana convocaron a los primeros “Diálogos Derechos Humanos y Anticorrupción” que se celebraron en la Ciudad de México el 23 de Agosto pasado.

Frente a esta creciente vinculación de las agendas de anticorrupción y de derechos humanos, cabe preguntarse ¿cuál es la utilidad de vincular ambas agendas? Si la institucionalidad, los compromisos y las normas nacionales e internacionales que combaten tanto la corrupción como las violaciones a los derechos humanos corren en paralelo, ¿por qué se insiste en vincularlos?

Que los dos tópicos por lo general se analicen y trabajen de manera separada, no significa que en la práctica no existan vínculos evidentes. Aunque no todos los actos de corrupción supongan una violación de derechos, en muchas ocasiones esto ocurre. En muchas instancias, los actos de corrupción conllevan una violación de derechos humanos específicos, tales como el derecho a la salud, la educación, a un juicio justo o la prohibición de tortura.

Asimismo, es evidente que la protección de los derechos humanos es una medida preventiva básica contra la corrupción. Cuando existen restricciones al espacio democrático a través de, limitaciones a las libertades de expresión (por ejemplo, amenazas a periodistas o defensores de derechos humanos, falta de pluralidad y diversidad en los medios, u obstáculos al derecho a la información), asociación (por ejemplo, impedimentos formales o prácticos para formar asociaciones civiles), reunión (por ejemplo, criminalización de la protesta social) se obstaculiza el combate contra la corrupción o la rendición de cuentas. Una protección débil de los derechos o las libertades públicas abre el espacio a la corrupción. Se crean las condiciones para que los corruptos puedan salir impunes.

Establecer el vínculo entre actos de corrupción y violaciones de los derechos humanos puede servir para:

  1. Crear conciencia en la población y en las autoridades acerca del daño de las prácticas corruptas. Permitiría visibilizar que por lo general la corrupción no se trata de un delito sin víctimas, sino que, en muchas ocasiones, impacta negativamente a los grupos más vulnerables y desventajados de la población e impacta desproporcionadamente a mujeres y niños. Hacer evidente este daño que provocan los actos de corrupción, podría ayudar a aumentar el apoyo público a las iniciativas anticorrupción. La identificación de los vínculos específicos entre corrupción y derechos humanos podría convencer a actores claves, tales como funcionarios públicos, parlamentarios, jueces, fiscales, abogados, empresarios, banqueros, contadores, los medios y el público en general, para que encaren con mayor rigor la corrupción.
  2. Crear nuevas posibilidades para la acción. Los actos de corrupción se podrían desafiar utilizando los mecanismos nacionales, regionales e internacionales que existen para supervisar el cumplimiento de las normas de derechos humanos, incluyendo, por ejemplo, las comisiones de derechos humanos, el sistema interamericano de protección de derechos humanos, así como los organismos de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Cuando los actos de corrupción se vinculan a las violaciones de los derechos humanos, todas estas instituciones pueden actuar para buscar la responsabilidad en casos de actos de corrupción y así disminuir los incentivos a la corrupción. Aunque los mecanismos de derechos humanos no sustituyen a los mecanismos tradicionales contra la corrupción – principalmente la vía penal y administrativa- estos mecanismos pueden dar visibilidad a los casos de corrupción, pueden forzar al Estado a que emprenda acciones preventivas o pueden actuar de manera disuasiva.

  1. Incentivar una mayor colaboración entre quienes trabajan en estos campos. Por lo general, las organizaciones estatales, las ONGs y las agencias internacionales que trabajan en materia de corrupción y las que trabajan sobre los derechos humanos tienden hacerlo de forma paralela, sin colaborar y sin tener en cuenta las sinergias de sus acciones. Enfatizar los vínculos entre los trabajos de anticorrupción y de promoción de los derechos humanos les permitiría a estas organizaciones apreciar las ventajas de una mayor colaboración y lograr un impacto mayor con sus acciones.

La integración de los derechos humanos con las estrategias anticorrupción presenta una amplia gama de oportunidades para construir coaliciones de múltiples partes interesadas que apuntan a mejorar el éxito de ambas agendas. En los diálogos mencionados ocurridos en la Ciudad de México, que se enfocaron en el derecho a la salud, nos encontramos con una alianza que puede resultar muy virtuosa, entre empresarios (Coparmex), un organismos federal anticorrupción (CPC), junto con otros actores claves, como organismos de Naciones Unidas (el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y  la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), ONGs que trabajan el tema anticorrupción e impunidad (Impunidad Cero) y así como organizaciones de médicos (Academia nacional de Medicina de México).

Para mejorar el impacto percibido limitado de los programas anticorrupción, es necesario construir alianzas estratégicas que trasciendan los acuerdos sectoriales. Estas alianzas deberían funcionar a nivel local, nacional y mundial fortaleciendo las estrategias de protección de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. Todo esto resultaría provechoso, incluso en los países donde el discurso derechos humanos sea un asunto sensible, al menos para los gobiernos de turno.

 

* La Dra. Magdalena Sepúlveda es Investigadora Asociada en el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD). También es miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT). De 2008 a 2014 fue la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos.

 

@CMDPDH

 

Referencias: 

[1] Véase, por ejemplo, el trabajo pionero del International Council on Human Rights Policy, en particular “Corruption and Human Rights: Making the Connection” (Geneva, 2009) and “Integrating Human Rights in the Anti-Corruption Agenda: Challenges, Possibilities and Opportunities” (Geneva, 2010). Véase también. Lucy Koechlin and Magdalena Sepúlveda, “Corruption and Human Rights. Exploring the Connection”, in Corruption, Global Security, and World Order, Robert Rotberg, ed. (Cambridge MA, Brookings Institution Press , 2009); Martine Broersma and Hans Nelen, eds., Corruption & Human Rights: Interdisciplinary Perspectives (Intersentia Uitgevers N.V., 2010); C. Raj Kumar, Corruption and Human Rights in India: Comparative Perspectives on Transparency and Good Governance (OUP India, 2011); John Hatchard, Combating Corruption. Legal Approaches to Supporting Good Governance and Integrity in Africa (Edward Elgar Publishing Limited, 2014) y Peters, Anne, “Corruption and Human Rights”, Basel Institute on Governance, Working Paper No. 20 (Basel September 2015).

[2] Véase, por ejemplo, “Final Report of the Human Rights Council Advisory Committee on the issue of the negative impact of corruption in the enjoyment of human rights”, UN Doc. A/HRC/28/73 (5 enero 2015); Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, Misión a China, UN Doc. A/HRC/19/59/Add.1 (20 enero 2012); Informe de la Relatora Especial sobre Extrema Pobreza y derechos Humanos, Magdalena Sepúlveda, Misión a Mongolia, UN Doc. A/HRC/23/36/Add.2 (30 mayo 2013) e Informe del Experto Independiente sobre los efectos de la deuda externa y otras obligaciones financieras internacionales en el disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, Juan Pablo Bohoslavsky, UN Doc. A/HRC/28/60 (10 Febrero 2015).

[3] Véase, por ejemplo, South African Association of Personal Injury Lawyers v. Heath and Others, South African Constitutional Court (CCT27/00) [2000] ZACC 22; 2001 (1) SA 883; 2001 (1) BCLR 77 (28 noviembre 2000), para. 4; Hugh Glenister v President of the Republic of South Africa and others, (CCT 48/10) [2011] ZACC 6, (17 marzo 2011), para. 176; and State of Maharashtra through CBI, Anti-Corruption Branch, Mumbai v. Balakrishna Dattatrya Kumbhar (Criminal Appeal No. 1648 of 2012), [2012] 9 S.C.R. 601 602, (15 octubre 2012), para. 14.

[4] . Véase, Consejo de Derechos Humanos, resolución 23/9 “on the negative impact of corruption on the enjoyment of human rights”, 23ava sesión (2013), UN Doc. A/HRC/RES/23/9 (20 junio 2013). Véase también “cross-regional statement on corruption and human rights delivered by Morocco to the 20th session of the Human Rights Council in 2012 on behalf of 134 States”. Disponible aquí. Asimismo, “the Kampala Communiqué”, para.30, Commonwealth Heads of Government Meeting Kampala, Commonwealth Secretariat, Uganda, 23-25 Noviembre 2007. Disponible aquí.

[5] Véase por ejemplo, Informe No. 136/10. Caso 12.658. Luis Gonzalo “Richard” Vélez Restrepo y Familia (Colombia). 23 de octubre de 2010. Párr. 136; CIDH. Informe No. 50/99. Caso 11.739. Héctor Félix Miranda (México). 13 de abril de 1999. Párr. 52; CIDH. Informe No. 130/99. Caso No. 11.740. Víctor Manuel Oropeza (México). 19 de noviembre de 1999. Párr. 58. Ver también, CIDH. Informe Anual 2010. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II: Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5. 7 de marzo de 2011. Párr. 716.

[6] Véase por ejemplo, CIDH, Informe sobre La Situación de los Derechos Humanos en Brasil, 29 de septiembre de 1997, Capítulo III, párr. 25; CIDH Situación de los derechos humanos en Guatemala: Diversidad, desigualdad y exclusión, diciembre 2015;

[7] Véase por ejemplo, Resolución sobre Medida cautelar No 449-17 Luisa Ortega Díaz y familia respecto de Venezuela, 3 de agosto de 2017, disponible aquí; Resolución sobre Medida cautelar No 431-17 Gloria Patricia Porras y familia respecto de Guatemala, 29 de agosto de 2017, disponible aquí;  Resolución sobre Medida cautelar No 351-16 y 366-16 Miguel Ángel Gálvez y familia respecto de Guatemala,21 de agosto de 2016, disponible aquí; Ver asimismo, CIDH. MC-433-14, Claudia Escobar y otros respecto de Guatemala; MC-125-13, Iris Yassmín Barrios Aguilar y otros respecto de Guatemala, MC- 497-16, Thelma Esperanza Aldana Hernández y familia respecto de Guatemala, y MC- 366-16, disponibles aquí.

[8] Véase por ejemplo Audiencia sobre “Derechos humanos y denuncias de impunidad y corrupción en República Dominicana” celebrada durante el 164 Período Extraordinario de Sesiones en la Ciudad de México, del 4 al 8 de septiembre de 2017; Audiencia sobre Denuncias sobre corrupción en las instituciones públicas en Honduras, celebrada durante el 156º Período de Sesiones en Washington, D.C., del 17 al 28 de octubre de 2015.

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