Memoria en disputa

En México, las políticas del olvido han operado permanentemente a través de una memoria oficial que se basa más en la negación que en el reconocimiento de los hechos, sus causas y sus responsables, es decir, en conocer la verdad y así, acceder a la justicia.

Por: Efraín Tzuc (@efra_tzuc)

La memoria es una herramienta fuertísima de resistencia; como tal, los gobiernos han generado políticas para el olvido que buscan desactivar la organización social y favorecer la indolencia ante hechos del pasado que también afectan la percepción de las atrocidades cometidas en el presente. Es decir, la memoria no debe verse como un proceso relacionado a hechos ocurridos, sino como un continuo de hechos que se concatenan y se explican entre sí.

En México, las políticas del olvido han operado permanentemente a través de una memoria oficial que se basa más en la negación que en el reconocimiento de los hechos, sus causas y sus responsables, es decir, en conocer la verdad y así, acceder a la justicia. Los dispositivos utilizados van desde la obstaculización del derecho a la información a partir de la reserva de documentos judiciales, policiales y militares que dan cuenta de los operativos, cadenas de mando, investigaciones de delitos y violaciones graves a derechos humanos, hasta la amenaza e, incluso, ejecución de personas con el fin de acallar a las voces que buscan la verdad. 

#A50del68 

Un ejemplo claro de las políticas del olvido es la masacre de Tlatelolco, ocurrida hace casi 50 años. Esta es reconocida incluso en los libros de texto de educación básica, pero la interpretación de lo que sucedió está plagada de eufemismos y está incompleta al negar la participación de todas las autoridades, particularmente los militares, y la responsabilidad estatal conforme a la cadena de mando, o sea, nunca se ha reconocido quién dio la orden y por qué. A la fecha, no lo sabemos. 

(…) el 2 de octubre, durante una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México, un grupo de policías encubiertos, es decir, vestidos de civil, disparó a miembros del ejército y desató un tiroteo del que aún hoy no se conoce el número de muertos, desaparecidos y encarcelados.

Libro de Historia de tercer grado de secundaria.

Así, la construcción de la memoria ante las peores atrocidades que ha enfrentado nuestro país ha recaído en la ciudadanía, ya sea a través de las propias víctimas, sus familiares, estudiantes, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, academia, etc.}

Como diría Michael Reed, «ni la verdad ni la memoria se imponen»[1]. Sin embargo, es necesario reconocer que la memoria respecto al repertorio de atrocidades del país sí se encuentran en disputa ante un aparato gubernamental que se ha esforzado en silenciar, desgastar y eliminar los esfuerzos de construcción de memorias disidentes e incluso, institucionales, como fue evidente con la reiterada negativa para permitir el acceso y publicación de los archivos de las extintas Dirección Federal de Seguridad, la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales y la propia Secretaría de la Defensa Nacional[2], así como el fracaso de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado para llevar ante la justicia a los responsables que aún se encontraban con vida. 

#Ayotzinapa4años

A pesar de que la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa no es la única atrocidad ocurrida en los últimos años, sin duda sí ha sido la más visibilizada a nivel nacional e internacional. También ha desplegado de una forma más cínica de las políticas del olvido por parte del Estado y las estrategias de resistencia y construcción de la memoria, así como la búsqueda de la verdad por parte de las familias de las víctimas, las organizaciones que las acompañan y la sociedad en general.

Tras el fracaso de posicionar como versión oficial una «verdad histórica» falaz, el Estado mexicano ha invertido esfuerzos monumentales por criminalizar a las familias y sus representantes, incluso, al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que se integró para apoyar en las investigaciones. Desde la comisión de tortura a personas ilegalmente detenidas para presentarlas como culpables hasta el trámite de recursos en contra de la resolución judicial que mandata una Comisión de la Verdad, el Estado mexicano ha dejado entrever su posición que niega rotundamente la responsabilidad estatal, pretendiendo ahogar la organización y exigencia social que se gestó desde el 2014.

Ayotzinapa es una ilustración clara de cómo se construye la memoria respecto a las atrocidades: el Estado no las niega, las interpreta de tal manera que reduce la exigencia. Fue el crimen organizado coludido con las autoridades civiles municipales, dicen. Se ha negado categóricamente la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, obstaculizando hasta el cansancio la investigación de su probable participación. Así funcionan las políticas del olvido y la imposición de una memoria que se pretende oficial y, en consecuencia, verdadera. No hace falta más que recordar que el propio Peña Nieto esgrimió en televisión nacional la consigna «Ayotzinapa somos todos», la misma con la que nos movilizamos miles de personas en todo el mundo[3].

La transición y la construcción de una memoria social incluyente

Sin duda, la pasada elección presidencial ha generado grandes expectativas en términos de justicia. Los recientes compromisos adquiridos por el presidente electo, López Obrador, con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos son un gran paso para conocer la verdad y acceder a la justicia. No obstante, sería un error olvidar que dicha apertura se ha visto antes. Que ya un entonces presidente, Vicente Fox, traicionó su promesa de esclarecer lo ocurrido en la masacre de Tlatelolco y la llamada «guerra sucia». Puesto que la construcción de la memoria es un proceso político complejo, no es neutral, y por ello continuará en disputa según la correlación de fuerzas e intereses de las «élites salientes y de las democratizadoras»[4], así como la resistencia de los y las familiares, y el apoyo que la sociedad continuemos o no dando.

En conclusión, la construcción de la memoria sobre las atrocidades que hemos heredado como sociedad es un proceso complejísimo que se ha visto obstaculizado por las políticas del olvido del Estado mexicano. Tanto en el caso de la masacre de Tlatelolco como con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (y muchas más violaciones graves a derechos humanos ocurridas en el marco de la fallida guerra contra el narcotráfico) la memoria – y la verdad, en consecuencia – continúa en disputa en tanto hay personas que siguen saliendo a las calles, que siguen impulsando los procesos judiciales y que siguen generando mecanismos para transmitir esa otra versión, una versión no oficial a otras y otros.

 

* Efraín Tzuc es oficial de prensa en la @CMDPDH e investigador en temas de derechos humanos.

 

@CMDPDH

 

Referencias: 

[1] Ver columna de Michael Reed “Sobre la construcción de la verdad y la memoria (II)” en Altoparlante, columna de Artículo 19 en Animal Político. Disponible aquí.

[2] Esto en un futuro cambiará con la entrada en vigor de la Ley General de Archivo en 2019.

[3] Ver “Peña Nieto hace suyo el grito: ¡Todos somos Ayotzinapa!” de Rosa Elvira Vargas, Fabiola Martínez y Alonso Urrutia para La Jornada. Disponible aquí.

[4] Ver “El derecho a la memoria y su protección jurídica: avance de investigación” de Lizandro Alfonso Cabrera Suarez, disponible aquí.

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