El otro dos de octubre

Daniel Ramos es un joven michoacano que, hasta el día de su desaparición, trabajaba como instructor comunitario del Consejo Nacional de Fomento Educativo. El 2 de octubre de 2013 Daniel partió al poblado de Nuevo San Martín, en Uruapan, Michoacán, donde continuaría con sus actividades de capacitación; sin embargo, nunca llegó, y de su suerte y paradero no se ha sabido nada.

Por: Carolina Hernández Nieto (@CarolinaHNieto) y Víctor Alonso Del Pozo R. (@Aluonso)

El dos de octubre encierra una dimensión histórica particular, está marcado por la desazón colectiva de un pueblo que evoca una de las muestras más fehacientes de la violencia y el horror con que el Estado Mexicano es capaz de actuar en contra de sus ciudadanos. 2 de octubre no se olvida, pronuncian cientos de personas mientras marchan por las calles de la Ciudad de México cada año. Sin embargo, la tragedia del dos de octubre no acaba ahí, la situación de violencia generalizada que azota al país desde hace más de una década, caracterizada por la comisión de violaciones graves a derechos humanos y de crímenes atroces, ha provocado que esta fecha ya no evoque únicamente un gran acto de violencia del Estado: en esta fecha pero hace cinco años, como si se tratara de una cruel coincidencia, Daniel Ramos Alfaro fue desaparecido en Michoacán.

Daniel Ramos es un joven michoacano que, hasta el momento de su desaparición, se desempeñaba como instructor comunitario del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), puesto que su proyecto de vida –que comenzó a perseguir desde cuatro años antes– se sustentaba en la necesidad de poner su conocimiento al servicio de las comunidades para poder conseguir una beca y acceder a los estudios universitarios. Su noble labor lo llevó a la comunidad de Betania, perteneciente al municipio de Uruapan, Michoacán, en donde permaneció hasta el día dos de octubre de 2013, realizando tareas de capacitación comunitaria. Ese mismo día, alrededor de las 4 de la tarde, Daniel partió con rumbo al poblado de Nuevo San Martín, lugar en el que continuaría con sus actividades de capacitación; sin embargo, Daniel nunca llegó, y de su suerte y paradero no se ha sabido nada.

A pesar del hermetismo e indolencia con la que el Estado ha tratado la desaparición de Daniel, distintos indicios –que parten del hecho de que el mismo día de la desaparición del joven Ramos Alfaro, presuntos elementos del Ejército Nacional arribaron a la población de Betania los que, de acuerdo diversos testigos, mantuvieron contacto con Daniel el mismo 2 de octubre– apuntan a creer que elementos de las fuerzas armadas participaron, al menos con su anuencia y omisión en la desaparición de Daniel.

La desaparición: una violación a derechos humanos que trasciende de la víctima directa

Como suele pasar en otros casos de violaciones graves a derechos humanos, Daniel tenía una “familia, como tantas otras, de gente sencilla y trabajadora, y, muy probablemente, feliz quizás sin saberlo. Vivía la rutina del cotidiano, unida por los lazos de afecto que tornan la vida más digna de ser vivida. Este cotidiano leve y sin misterios perduró hasta el día en que el destino reservó una prueba dura a aquella familia unida y bien conciliada con la vida”.[1] Daniel, hijo y hermano, al ser desaparecido –como se apunta en un voto razonado de la Corte Interamericana– se “llevó consigo las expectativas que su familia en él depositaba, como hijo […] y excelente alumno. El dolor por la pérdida, en estas circunstancias, del ser querido, agudizado por la insensibilidad del poder público y la impunidad de los responsables, tuvo un impacto avasallador sobre toda la familia. Pronto se tornó insoportable, al punto de […] lanzar a los tres sobrevivientes en las profundidades de una tristeza sin fin”.[2]

“Porque pasa el tiempo y como que la esperanza de encontrarlo bien va muriendo. Quiero que aparezca Daniel, es un muchacho bueno: nadie es capaz de hacerle daño a alguien que no hace nada, ¿qué le hicieron a Daniel? ¿Qué vio Daniel? ¿Por dónde pasó Daniel? Le exijo al gobierno una verdad: es lo que quiero, una verdad. Si fueron militares que digan la verdad, si fue la comunidad de Betania que digan la verdad”. 

Rebeca Alfaro

Estos últimos cinco años han estado marcados por el dolor que Rebeca Alfaro —madre de Daniel— ha tenido que soportar. Rebeca, acompañada en su proceso de memoria, verdad, justicia, y reparación para Daniel por la CMDPDH, no ha parado de levantar la voz exigiendo que le digan dónde está su hijo. Así, la indolencia e inacción del Estado Mexicano ha hecho que Rebeca también se convierta una víctima del Estado puesto que, como ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “la privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos. Además, la constante negativa de las autoridades estatales a proporcionar información acerca del paradero de las víctimas o a iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido ha sido considerada, por la Corte, como una causa de acrecentamiento del sufrimiento de los familiares”.[3]

La desaparición de personas es una violación a derechos humanos que reviste particular gravedad

El crimen de Estado cometido en contra de Daniel tiene que ser valorado en su justa dimensión puesto que, como ha apuntado la Corte Interamericana de Derechos humanos, la desaparición forzada de seres humanos constituye una compleja, múltiple, y continuada de derechos humanos;[4] así, es importante que tomemos en cuenta que no se “puede ignorar la gravedad especial que tiene la atribución a un Estado Parte en la Convención del cargo de haber ejecutado o tolerado en su territorio una práctica de desapariciones”,[5] en tanto dicho crimen “constituye una de las más graves y crueles violaciones de los derechos humanos, pues no sólo produce una privación arbitraria de la libertad sino que pone en peligro la integridad personal, la seguridad y la propia vida del detenido. Además, le coloca en un estado de completa indefensión, acarreando otros delitos conexos”.[6] Así, la desaparición de personas se considera “por la naturaleza de los derechos lesionados, una violación de una norma jus cogens”,[7]  por lo que su práctica “implica un craso abandono de los principios esenciales en que se fundamenta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.[8]

La gravedad de la desaparición de Daniel, asimismo, se refuerza cuando tomamos en consideración que se da en un “un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”,[9] en donde “miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han participado en desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada”[10], quienes han gozado “de una impunidad casi absoluta”.[11]

A pesar de lo anterior, es importante señalar que en comparación a otros casos acompañados por esta organización, el personal ministerial a cargo de la investigación ha permitido la coadyuvancia de la familia y ha atendido puntualmente las recomendaciones que el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas realizó para el caso en concreto. No obstante, la voluntad de esta autoridad no es suficiente, pues su trabajo se ha visto entorpecido por las omisiones de distintas autoridades. En la investigación que busca esclarecer la desaparición de Daniel, una de las líneas apunta a la probable participación o anuencia de elementos del Ejército Mexicano; al respecto, las autoridades ministeriales, así como personal de CNDH, ha realizado solicitudes de información a SEDENA solicitando su colaboración para el esclarecimiento de los hechos, y dicha Secretaría al día de hoy, ha sido omisa en dar respuesta. 

Reflexiones finales 

Si bien es cierto que el hecho de que la desaparición de Daniel se haya dado en un dos de octubre puede no ser más que una cruel coincidencia del destino, como apunta el Juez Cançado Trindade de la Corte Interamericana, “[f]rente a las agonías de los tragados por la fuerza del destino cruel, el coro de la tragedia griega se manifiesta, llorando su suerte, pero también dejando advertencias y enseñanzas a los sobrevivientes. Sin embargo, no nos quedamos ahí: hay un punto en que el Derecho sí, interviene. Si, por un lado, la desgracia es atribuible a un determinismo o fatalismo (…), por otro lado hay un elemento de intervención humana que no puede ser menoscabado (v.g., la violencia causadora de las muertes de inocentes indefensos). No todo es, pues, obra de los dioses o del azar, no todo es la fuerza ciega del destino; hay también intervención humana en la consumación de la tragedia.”[12] Es por ello que, frente a la participación dolosa del Estado Mexicano en la consumación de la desaparición de Daniel, es importante entender que el mismo debe de asumir su responsabilidad por el crimen atroz que cometió en contra de Daniel: “[e]s aquí que el Derecho interviene, para frenar la crueldad con que los seres humanos tratan a sus semejantes. Es aquí, en razón de ésto, que interviene el Derecho, para afirmar su propio primado sobre la fuerza bruta, para intentar ordenar las relaciones humanas según los dictados de la recta ratio (el derecho natural), para mitigar el sufrimiento humano, y para hacer la vida, de ese modo, menos insoportable, o quizás soportable, – en el entendimiento de que la vida con sufrimiento, y solidaridad, es preferible a la no-existencia”.[13]

 

Están en algún sitio / concertados

desconcertados / sordos,

buscándose / buscándonos

bloqueados por los signos y las dudas

contemplando las verjas de las plazas

los timbres de las puertas / las viejas azoteas

ordenando sus sueños, sus olvidos

quizá convalecientes de su muerte privada

[…] están en algún sitio / nube o tumba

están en algún sitio / estoy seguro

allá en el sur del alma

es posible que hayan extraviado la brújula

y hoy, vaguen preguntando preguntando

dónde carajo queda el buen amor

porque vienen del odio.[14] 

Dany, a cinco años: no olvidamos. A cinco años, te seguimos buscando.

 

 

* Carolina Hernández y Víctor Del Pozo son abogados en la @CMDPDH.

 

@CMDPDH

 

Referencias: 

[1] Corte IDH, Caso Bulacio Vs. Argentina. Voto Razonado del Juez A.A. Cançado Trindade.

[2] Ibíd.

[3] Corte IDH. Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie C No. 285, Párrafo 122

[4] Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Párrafos 150 y 155.

[5] Corte IDH, Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989, párrafo 135

[6] Corte IDH, Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998, párrafo 66.

[7] Corte IDH, Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Párrafo 75

 

[8] Ibíd., párrafo 99.

[9] Comité contra la Desaparición Forzada, Versión Avanzada No Editada, Observaciones finales sobre el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, consultado junio 3, 2017, párrafo 10

[10] Human Rights Watch, World Report 2017, 425

[11] Amnesty International, Informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, 310

[12] Corte IDH, Caso Bulacio Vs. Argentina. Voto Razonado del Juez A.A. Cançado Trindade.

[13] Ibíd.

[14] Mario Benedetti, Desaparecidos.

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