CEAV sin enfoque de derechos humanos

La política pública de atención a víctimas no contempla un mecanismo real de participación que permita a las víctimas, de manera individual o colectiva, tomar decisiones oportunas en la elaboración de su plan de reparación que considere la reparación integral y los subderechos que la integran.

Por: Verónica Cervera Torres (@verocet)

La obligación ineludible del Estado Mexicano de reparar a las víctimas por violaciones a derechos humanos reviste un fundamento constitucional contenido en el artículo primero, párrafo tercero de nuestra Carta Magna, así como un asidero internacional derivado de instrumentos tales como los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, en el sistema universal, y el numeral 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sistema regional.

A partir de la publicación de la Ley General de Víctimas (LGV) el 9 de enero de 2013, sin inadvertir sus últimas modificaciones de 3 de enero de 2017, se institucionalizó otra vía para obtener una reparación integral como consecuencia de violaciones a derechos humanos a través de la CEAV, la cual sustituyó a la anterior Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA).

No obstante, no basta con el reconocimiento formal del derecho a la reparación integral y los subderechos que la integran: restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y medidas de no repetición, previstos en los artículos 7, fracción I y 27 de la Ley General de Víctimas, ya que es preciso revisar si el proceso reparatorio se ajusta a estándares internacionales en la materia e incluye un enfoque de derechos humanos al menos bajo sus principios mínimos transversales: mecanismos de participación; principio de igualdad y no discriminación incluyendo la perspectiva de género; mecanismos de exigibilidad, y coordinación interinstitucional.

Las anteriores interrogantes nos plantearon la necesidad de documentar el proceso reparatorio a través de las resoluciones emitidas por la CEAV en la materia, desde la fecha de su creación hasta el 10 de julio de 2017, al ser la fecha en que se cumplieron los primeros 100 días de la nueva administración encabezada por un solo Comisionado Presidente, Sergio Jaime Rochín del Rincón, bajo el nuevo marco jurídico de la LGV.

En ese sentido, bajo la solicitud de transparencia 0063300034717 dirigida a la CEAV, se obtuvieron las versiones públicas de 107 planes de reparación integral elaborados por el Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE) como instancia interna de la CEAV encargada de elaborar los dictámenes y bajo el procedimiento señalado en los artículos 144 a 150 de la LGV, mismos que fueron aprobados en su momento por los Comisionados en turno. De las 107 resoluciones, 63 corresponden a víctimas de delitos y 44 a víctimas de violaciones a derechos humanos, de las cuales 37 implican violaciones graves.

Previo al análisis de las mismas, conviene destacar que si bien la LGV contempla de manera formal para el diseño de su política de reparaciones, puntos acordes a estándares internacionales tales como que debe considerarse la gravedad y magnitud del hecho victimizante (artículo 7); debe ser oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva (artículo 26); el deber de notificar a la víctima sobre la resolución emitida (artículo 7, fracción XIV); la participación de la víctima durante el proceso reparatorio (artículo 7, fracción XX); la viabilidad de obtener reparaciones colectivas (artículo 27) y reparaciones para víctimas del fuero local (artículo 88 bis); existencia de recursos presupuestales a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) (artículo 27) sin perjuicio de cubrir la reparación mediante programas gubernamentales federales, estatales o municipales (artículo 156); posibilidad de brindar a las víctimas formación y capacitación (artículo 164); la existencia de un recurso de inconformidad consistente en el juicio de amparo (artículo 144); el mandato de contar con servidores públicos capacitados en derechos humanos que atiendan a las víctimas (artículo 159), y la existencia de asistencia jurídica mediante la figura del Asesor Jurídico Federal (AJF) (artículo 167, fracciones II y IV) y apoyo psicosocial bajo la nueva figura de Acompañante Integral previsto en el “Modelo de Atención Integral. Guía para la Implementación”, no menciona expresamente el incorporar la perspectiva de género como una categoría obligatoria de análisis en la formulación e implementación de reparaciones de conformidad con lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias Caso Gutiérrez Hernández y otros vs Guatemala y Caso I.V. vs Bolivia.

Ahora bien, del análisis de las resoluciones citadas se advierte que pese al amplio catálogo de medidas reparatorias que incluye la LGV, no en todos los casos se analiza su pertinencia ya que no fue ordenada la publicación de la resolución en su versión pública previa consulta con las víctimas y en ninguna se ordenó un acto de disculpa pública. Asimismo, las medidas de no repetición se limitaron a la capacitación de servidores públicos sin explorar propuestas legislativas o cambios en la política pública. Por otra parte, se desprende dilación entre la solicitud de reparación, el reconocimiento de la calidad de víctima y la adopción del plan de reparación integral, aunado a que no se detallan las necesidades y opiniones de las víctimas por cada una de los subderechos que compone la reparación integral, sin mencionar si pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad y excluyendo la perspectiva de género. Por último, no se establecen plazos de cumplimiento ni precisión sobre la coordinación interinstitucional necesaria para lograr el cumplimiento del plan reparatorio y el recurso de inconformidad se limita al juicio de amparo.

¿Qué refleja lo anterior? Que a la política pública en mención le falta enfoque de derechos humanos al no contemplar un mecanismo real de participación que permita a las víctimas de manera individual o colectiva tomar decisiones oportunas en la elaboración de su plan de reparación considerando todos los subderechos, aunado a no contar con un adecuado mecanismo de coordinación interinstitucional que incluya plazos y acciones detalladas en el plan reparatorio que faciliten su realización y puntual seguimiento. Tampoco incorpora la perspectiva de género en los planes reparatorios y limita el mecanismo de exigibilidad a uno de tipo jurisdiccional sin explorar otras vías.

En ese sentido pese a las últimas modificaciones a la LGV, resulta necesario revisar el diseño de la política en cuestión en aras de realizar los ajustes pertinentes, recordando que las reparaciones integrales destinadas a las víctimas de violaciones a derechos humanos no pueden ser una imposición administrativa que pueda resultar en una nueva violación al derecho humano de obtener dicha reparación; por el contrario, resulta indispensable que incorporen el enfoque de derechos humanos para lograr restablecer el proyecto de vida de las personas.

 

Verónica Cervera Torres es Maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y Profesora de posgrado de la UNAM.

 

 

@CMDPDH

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