Abortar en México: posibilidades y desafíos

Según datos publicados por la Dirección General de Epidemiología (DGE) y la Secretaría de Salud, en 2018, el aborto clandestino sigue siendo la tercera causa de muerte materna en México. Chiapas, Jalisco, Esdomex, Veracruz y Guanajuato los estados con más defunciones de este tipo.

 Por: Sofía Cerdá Aparicio

El voto negativo del Senado argentino no frenó la fuerza de una marea verde que, en las últimas semanas, logró extenderse y dar un nuevo aliento al debate social y mediático relativo a la despenalización del aborto en América Latina. Con motivo de estos acontecimientos y  la celebración del Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito el pasado 28 de septiembre, parece necesario recordar en qué situación se encuentra México en materia de legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo.

Cabe destacar que, también en este ámbito, México continúa siendo un país profundamente desigual. Mientras que en 2007 Ciudad de México se convirtió en un ejemplo para América Latina aprobando la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las doce semanas de gestación, los demás estados de la República mantienen hoy una legislación restrictiva que permite el aborto únicamente en supuestos como violación o peligro de muerte para la madre.

En 2017, tras diez años de aborto legal en Ciudad de México, la Secretaría de Salud (SEDESA) e Inmujeres realizaron un diagnóstico de la situación. Se determinó así que la aprobación de la ILE permitió alcanzar una tasa de cero muertes por aborto entre las 176 mil 109 mujeres que se sometieron a este tipo de intervención en la capital del país entre 2007 y 2017. Para Patricio Sanhueza Smith, coordinador del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la SEDESA, la obtención de esta tasa cero no es más que el reflejo de cómo un aborto de calidad, seguro y gratuito permitió salvar la vida de miles de mujeres.

Si por razones evidentes resulta imposible acceder a cifras precisas sobre aborto clandestino, varias organizaciones arrojan luz sobre estas intervenciones y demuestran que, lejos de desincentivar y disminuir su práctica, la restricción del aborto en 31 de los 32 estados de la República sigue condenando a mujeres a someterse a abortos clandestinos con consecuencias dramáticas.

Según datos publicados por la Dirección General de Epidemiología (DGE) y la Secretaría de Salud, en 2018, el aborto sigue siendo la tercera causa de muerte materna en México, siendo los estados de Chiapas, Jalisco, Estado de México, Veracruz y Guanajuato las entidades con más defunciones de mujeres embarazadas. A pocos debería sorprender que, como lo recoge un estudio realizado por el Guttmacher Institute, el Colegio de México y la oficina para México del Population Council, la mayoría de mujeres mexicanas que se someten a abortos peligrosos, autoinducidos o realizados en clínicas con muy pocas garantías, son de origen rural y pobre.  Se trata de aquellas mujeres cuyos escasos recursos dificultan o impiden su traslado hasta la capital para ejercer de manera segura y gratuita el que debería ser un derecho fundamental: la posibilidad de decidir sobre su cuerpo.

En el contexto mexicano, a esta falta de recursos se suma un clima generalizado de violencia social, familiar e institucional contra la mujer. Así, las mujeres decididas a interrumpir su embarazo no solo enfrentan barreras económicas, las trabas institucionales dificultan aún más un proceso ya arduo en la mayoría de estados de la República. Según testimonios de cientos de mujeres, en el caso de aborto por violación, contemplado formalmente por todas las legislaciones estatales, disponer de una autorización, encontrarse en el primer semestre de gestación o haber presentado una denuncia previa, son algunos de los requerimientos que han sido impuestos en diversos hospitales y clínicas del país.

La eliminación de estas barreras y restricciones se vuelve aún más urgente en un país como México en el que los embarazos de niñas y adolescentes fruto de violencia sexual por parte de familiares o conocidos son una realidad cotidiana. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte sobre el alto riesgo de complicaciones que conlleva un embarazo en niñas o adolescentes. Los trastornos emocionales, así como las consecuencias sociales de este tipo de embarazos son igualmente catastróficas. Comprender el marco de violencia estructural contra la mujer que se da en México y muchos otros países de América Latina es un primer paso necesario para tomar conciencia de la urgencia de implementar todo tipo de instrumentos sociales, educativos y legales que protejan a los seres cuya vida realmente se encuentra en peligro.

La oposición al aborto está estrechamente vinculada a convicciones religiosas de profundo calado en América Latina. No se trata aquí de luchar contra creencias y valores, ya sean personales o comunitarios, sino de garantizar que toda mujer tenga la posibilidad de ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo, sean cuales sean sus circunstancias. Poder interrumpir su embarazo de manera legal o decidir seguir adelante estando segura de que contará con garantías y con un ambiente libre de cualquier forma de violencia para ella y para su hijo/a, esas tendrían que ser las opciones de cualquier mujer. Asimismo, una educación sexual desde edades tempranas debería asegurar que ninguna niña tenga que enfrentarse a ese dilema.

Los desafíos siguen siendo enormes en México y en América Latina, no dejemos que muera el debate y se extinga la marea.

 

* Sofía Cerdá Aparicio, estudiante de maestría en Relaciones Internacionales en Sciences Po Paris, dedicada a la investigación de temas relacionados con los derechos humanos en América Latina y especialmente en México y pasante en la @CMDPDH durante el verano de 2018.

 

@CMDPDH

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