Militarización al estilo de la 4° Transformación

La perspectiva que ofrece el Plan de Paz y Seguridad, de López Obrador, es desconcertante. Por un lado señala que es necesario abandonar “la estrategia represiva policial-militar”, y más adelante, apunta que retirar “resultaría desastroso”. Esto significaría que nada va a cambiar en materia de militarización, con Ley de Seguridad Interior o sin ella.

Por: Rodolfo Franco Franco (@francopolis)

Hay que entender el Plan de Paz y Seguridad nacional de la nueva administración como lo que es: un documento de propaganda política. Desde su formato, tiene las características de los documentos de campaña, como Pejenomics, que como decían una cosa decían otra. En el texto, el lugar que ocupa la militarización (al final) es conspicuo porque organizar y mandar al ejército es la primera y única tarea que el presidente puede hacer sin interrupción o interferencia de otros actores. De todas las promesas que hace en el plan , esta es la más fácil de cumplir para el presidente electo. Lo más rescatable pueden ser algunos diagnósticos y reconocimientos puntuales. Por ejemplo, el reconocimiento de que existe algo similar a un conflicto armado en México, la necesidad de recurrir a mecanismos alternativos de justicia, la propuesta de transformar la política de drogas y el estado de la crisis de derechos humanos que vive el país.

Además del lugar conspicuo que ocupa la militarización en el documento, la perspectiva que ofrece sobre el papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública es desconcertante. Por una parte el Plan señala que es necesario abandonar “la estrategia represiva policial-militar, práctica básica y casi única en el sexenio anterior y en el que está por concluir.” Sin embargo, más adelante, el documento apunta a que el contexto institucional y el interés político no dejan muchas opciones, porque retirar de forma inmediata a los militares de tareas de seguridad pública es políticamente costos, o dicho de otra manera “[…] resultaría desastroso relevar las Fuerzas Armadas de su encomienda actual en materia de seguridad pública”. Esto equivale a decir que en el corto plazo nada va a cambiar en materia de militarización, con Ley de Seguridad Interior o sin ella.

Pero la militarización tiene otra utilidad para el presidente electo: las 266 zonas militares parecen más una división de distritos electorales en los que la Guardia Nacional hará tareas cotidianas de resguardo de instalaciones estratégicas y protección civil, y fortalecerá los lazos con la población local. El interés político por mantener al ejército en las calles está velado por un discurso moralizante que señala que “las fuerzas armadas mexicanas constituyen una singularidad en América Latina. Es destacable, asimismo, la ausencia de tendencias oligárquicas en las cúpulas castrenses […] en las Fuerzas Armadas nacionales no se han conformado minorías corrompidas, ni han surgido grupos de interés económicos ilegítimos […] en los sustancial los soldados y marinos mexicanos fueron y siguen siendo pueblo uniformado”.

Esta retórica apologeta también señala que la pérdida de confianza, que han experimentado estas instituciones se debe a las órdenes del mando civil de participar en acciones represivas. El Plan recurre a la figura nacionalista de los militares impolutos y sólo corrompidos por el orden civil. Este mito del militar impoluto es el que sustenta la creación de la Guardia Nacional, su estructura y capacitación militar y, la intención de que dependa de las fuerzas armadas.

El riesgo discursivo y de percepción es mayúsculo. Existe una diferencia fundamental entre los discursos que reclaman la participación del ejército, dados el poder de fuego y capacidades de los grupos armados, y el de la Cuarta Transformación. Al parecer para el nuevo gobierno sólo el modelo militar puede garantizar instituciones fuertes que no sean fácilmente corrompibles. Las implicaciones son serias y de pensarse. El riesgo de aceptar estas decisiones de corto plazo es que, en el camino, lo que era transitorio o sólo una solución parcial se convierta en permanente y se extienda a otros espacios. De repente podríamos encontrarnos con un esquema de educación básica modelado a partir de las estructuras militares de obediencia y disciplina, una máquina de propaganda estatal, con la justificación de que es la mejor manera para promover la regeneración moral de la sociedad, empezando por la juventud. ¿Alguien recuerda algo similar?

El resto del documento es un mar de respuestas a objeciones posibles por parte de los detractores de la militarización y una serie de intercambios simbólicos con públicos objetivos; una sucesión de aseveraciones pobremente hiladas que no pasan la prueba lógica de la no contradicción. A quienes están en contra de la militarización les entrega el cambio en política de drogas; a quienes buscan justicia les entrega policías federales, jueces y ministerios públicos profesionales; a las víctimas de violaciones a derechos humanos les habla de justicia transicional y a los delincuentes les habla de amnistía o indultos. La pereza conceptual y lógica con que se presentan estos temas es evidente. Por ejemplo, la justicia de transición se cita lo mismo para atender violaciones de derechos humanos que para hablar de amnistías a personas vinculadas con el crimen organizado, militares y policías. Producto de esa pereza conceptual, la cuestión central de cómo lograr los cambios que plantea el Plan se erige en una lógica circular moralina y perfecta.

Según los cálculos del presidente electo y su plan de Paz y Seguridad, la corrupción de los funcionarios y políticos, así como sus alianzas con el crimen organizado han provocado la debacle moral del país. Lo que se necesita para regenerar moralmente a México es que todo el mundo se levante temprano, todos se pongan de acuerdo y nadie sea corrupto, como los militares, así “se erradicará la represión y nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado. El nuevo gobierno no permitirá que se comentan actos de impunidad desde el poder”. Pero si esa lógica fuera efectiva bastaría con que el nuevo gobierno no permita la corrupción para que las instituciones funcionen, tal como existen hoy, sin Guardia Nacional.

La lógica manifiesta en estas acciones es otra es otra, no moral ni circular, es maquiavélica (instrumental/racional). El presidente no tiene alternativas a la militarización y quiere hacernos creer que los militares son santos, como él y su partido. Los militares son la única herramienta de la que puede servirse el presidente electo, en el corto plazo, para consolidar su figura política en el tema de seguridad y complementar la distribución de beneficios sociales con presencia militar en todo el país. Promoviendo una percepción de que la presencia militar equivale a contar con seguridad efectiva en cualquier localidad del país. El cálculo y la apuesta son políticos, se trata de desplegar todo el poder de la presidencia, no de combate a la corrupción ni la creación de instituciones efectivas para asegurar justicia y paz en el país. Por alguna razón el presidente electo piensa que seguir la misma estrategia que sus dos antecesores va a rendir frutos distintos en esta ocasión. ¡Veamos cuáles son los efectos de tener militares activos en todo el país y no sólo operativos en algunos estados y regiones! ¡Veamos cuantos abrazos reparte Andrés Manuel después de los primeros 100 días de balazos!

 

*Rodolfo Franco Franco es Coordinador del área de Desarrollo Institucional de la CMDPDH

 

@CMDPDH

 

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