La guardia nacional compromete la justicia

Los legisladores escucharon y, sin embargo, ignoraron las razones de expertos, sociedad civil y organismos nacionales e internacionales sobre los graves riesgos que implica la militarización del país para los derechos humanos, la seguridad y las mismas instituciones militares.

Por: José Antonio Guevara (@JoseAGuevaraB)

La victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador en junio de 2018 generó una amplia expectativa en la población de que, efectivamente, México iba a ser transformado; por fin las cosas se iban a hacer distinto, se erradicaría la impunidad de las graves violaciones a derechos humanos y la corrupción, pero sobre todo, la simulación y el engaño se quedarían en el pasado. Desafortunadamente, en noviembre pasado el entonces presidente electo nos sorprendió con el anuncio de la creación de la Guardia Nacional militar, y su decisión de mantener a las fuerzas armadas como una pieza esencial de su política de seguridad.

A mes y medio de la entrada en funciones del presidente, 16 de enero de 2019, diputadas y diputados de MORENA, PES, PT, en alianza con la bancada del PRI, aprobaron una iniciativa de Guardia Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador. La propuesta actual es tan radical que ni Felipe Calderón Hinojosa ni Enrique Peña Nieto se atrevieron a impulsar nada similar.

La iniciativa se trata de una modificación a la Constitución para legitimar la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública de manera permanente. El presidente y el legislativo en la alianza “Juntos Haremos Historia” tienen la intención de expandir el poder militar en tiempos de paz, que cuidadosamente fue delimitado en la Constitución de 1917. Así el ejército comenzaría a realizar tareas de seguridad pública que no están previstas en la carta magna, situación que amenaza directamente los derechos de las personas y la normalidad democrática del país.

La aprobación de este dictamen es un reto para todos quienes consideran, como (algunas veces) lo hace el presidente, que el debate y el diálogo pueden ayudarnos a tomar mejores decisiones como país. Al parecer los legisladores no lo consideran así, pues aprobaron al vapor esa iniciativa haciendo patente cómo los deseos del presidente tienen un peso especial en el proceso legislativo y que para la cuarta transformación la separación de poderes es también opcional. Lo más lastimoso, sin embargo, ha sido mirar cómo la premura por aprobar esta reforma constitucional ha permitido que las y los legisladores excluyeran, deliberadamente, las voces de las miles de víctimas sobrevivientes de tortura, de los familiares de las personas desaparecidas por la fuerza, así como de aquellas que fueron ejecutadas arbitrariamente por militares y marinos.

El debate, que nunca llegó a ser un diálogo, tuvo un carácter extraño. Durante varios días, los legisladores escucharon y, sin embargo, ignoraron las razones de expertos, sociedad civil y organismos nacionales e internacionales sobre los graves riesgos que implica la militarización del país para los derechos humanos, la seguridad y las mismas instituciones militares.

Ignorar a los expertos es problemático, sobre todo porque el gobierno no ha proporcionado información relevante que los contradiga; pero es más grave que los miembros del legislativo decidieran desdeñar la realidad y las obligaciones legales del Estado mexicano. Por una parte descartaron la abundante evidencia que prueba los efectos terribles de la presencia militar en las calles en tareas de seguridad pública; por otra parte, ignoran las obligaciones legales de México en tratados y sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos instrumentos internacionales imponen limitaciones a la jurisdicción militar para que no puedan investigar delitos o faltas administrativas relacionadas con derechos humanos en tiempos de paz, y mandatan retirar a las fuerzas armadas de tareas propias de las policías.

Lo anterior queda claro cuando, en los términos del dictamen aprobado, las funciones de policía –de prevención e investigación de los delitos- se entregarán en bandeja de oro constitucional, a la casta militar, en detrimento de las atribuciones correspondientes a las autoridades civiles. La guardia nacional se integrará por militares, marinos y policías federales entrenados militarmente, sujetos a un régimen disciplinario castrense controlado en sus extremos por tribunales militares. La nueva institución actuará bajo el mando operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional y, en lo administrativo, también estarán bajo la autoridad de un estado mayor conjunto compuesto en mayor parte por militares.

Es lamentable que, en lugar de discutir sobre las reformas necesarias para cumplir con resoluciones vinculantes y las obligaciones de investigar, procesar y castigar a los soldados y marinos vinculados con delitos como: tortura, violación sexual, desaparición forzada de personas o ejecuciones extrajudiciales en contra de ciudadanos, los diputados del partido en el poder hayan decidido aprobar un dictamen que hará imposible cumplir con esas obligaciones. La implementación de una Guardia Nacional con mando militar en la Secretaría de la Defensa Nacional cancela todas las promesas de verdad, justicia, reparaciones y no repetición a todas las víctimas del país. Este nuevo paradigma de seguridad genera preguntas alarmantes ¿quién va a investigar a marinos y militares acusados de tortura? ¿Ellos mismos, con sus jueces?

Debe quedar claro: las violaciones a derechos humanos no son invenciones. Se ha acreditado fehacientemente, incluso por entes gubernamentales mexicanos, que desde hace décadas los militares y marinos en sus tareas de seguridad pública han detenido arbitrariamente a personas inocentes, alterado escenas del crimen, han ejecutado extrajudicialmente a población civil inocente e indefensa o fuera de combate, han mentido a la opinión pública sobre los perfiles de las víctimas o las circunstancias en las que han sucedido ejecuciones sumarias, así como otros delitos, todos marcados por la impunidad.

En los debates sobre esta reforma constitucional tanto el Presidente de la República como sus Secretarios de la Defensa y Marina nos han pedido que confiemos en ellos en esta nueva aventura militar constitucionalizada. Sin embargo, a diferencia de los expertos y la sociedad civil, el gobierno no ofrece evidencia para pensar que harán las cosas distinto. Ni siquiera han sido capaces de mostrar la voluntad política necesaria para depurar las fuerzas armadas de personas ligadas a violaciones a derechos humanos; para que sean dadas de baja inmediatamente del servicio, o se les lleve a juicio.

Las y los mexicanos no sabemos cuántos integrantes de las fuerzas armadas, incluidos sus superiores jerárquicos, han estado involucrados en la comisión de delitos. No obstante, si sabemos sobre las miles de víctimas de las fuerzas armadas. Por las historias de las víctimas sabemos que hay un modus operandi consistente y un patrón de comisión e violaciones de derechos humanos con recursos públicos. No cabe duda entonces que existe un grupo de agentes del Estado organizados para instrumentar una política sistemática de atrocidades contra el pueblo. Estas acciones pueden calificarse como crímenes de lesa humanidad. Es inaceptable que un gobierno que ha prometido transformar a México sea incapaz de reconocer la obligación de establecer medidas apremiantes para investigar y procesar, de forma imparcial, a los militares, marinos y otros agentes del Estado involucrados en estos actos.

En junio pasado el pueblo mexicano votó por un cambio para dejar atrás la violencia, para iniciar un proceso de construcción de paz y por un gobierno que iba a erradicar la impunidad de las violaciones a los derechos humanos y la corrupción. Para cumplir esas expectativas, los legisladores del Congreso de la Unión tienen un deber ético y la obligación jurídica de aprobar normas encaminadas a garantizar los derechos de todas las personas y no a violarlos; a fortalecer, más no sustituir, los contenidos esenciales de la Constitución de 1917, incluyendo la limitación aún mayor de las actividades de las fuerzas armadas en tiempos de paz; a reforzar las instituciones civiles que aseguren la viabilidad democrática, republicana y federal del país; al mismo tiempo deberán alejarse de iniciativas al servicio de las desafortunadas ocurrencias de uno de sus ciudadanos. Ocurrencias contrarias a normas democráticas como la separación de poderes, o el debate informado y que atentan contra principios básicos de justicia como no ser juez y parte.

Por lo anterior, esperamos que los Senadores de la República rechacen la idea de una guardia nacional militarizada, y al mismo tiempo cumplan con su responsabilidad de abrir una amplia discusión a nivel nacional, sin prisas, ni presiones, ni chantajes, sobre la base de evidencia, sobre el mejor modelo de seguridad para un México que lo merece. De lo contrario, se habrá consumado la intención de entregar a los marinos y militares todos los privilegios de vivir en la impunidad institucionalizada. También es responsabilidad de los Senadores preservar un espacio donde pueda aún practicarse el debate democrático con toda la información sobre la mesa y donde la separación de poderes aún pueda significar algo.

 

* José Antonio Guevara Bermúdez es director ejecutivo de la @CMDPDH.

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