Juicios políticos en el olvido

Ya es hora de que el Poder Legislativo combata activamente la corrupción, a través de resolver y aplicar parlamento abierto en el proceso de atención de denuncias de juicio político en contra de servidores públicos.

El Congreso de la Unión ha dado buenos ejemplos de escándalos coyunturales y de funcionamiento institucional. Es un gran -y costoso- laboratorio público. Costoso no necesariamente por el monto de gasto que utilizan o por la forma de asignar y comprobar los recursos, sino por las consecuencias de las decisiones que toma en el desempeño u omisión del cumplimiento de sus facultades.

Y pese a contar con más de un siglo de existencia institucional, serán apenas veinte años de que el Congreso se proveyó con herramientas legales y cotidianas que generan un piso básico de trabajo de cara al exterior. Merece hacer un breve recuento de ellas, para posteriormente plantear la exigencia al Poder Legislativo de participar activamente en combatir la corrupción, a través de resolver y aplicar parlamento abierto en el proceso de atención de denuncias de juicio político en contra de servidores públicos.

Organización reciente

En el siglo XIX y prácticamente en todo el siglo XX el Poder Legislativo en México funcionó sin tener una ley orgánica y sin generar (mucho menos proporcionar) información accesible sobre sus actividades. La posibilidad de realizar un análisis institucional a partir de las actividades legislativas, es tarea titánica; de ahí que en algún momento utilicé la catalogación de arqueología legislativa respecto de los malabares para construir una investigación histórica (cuantitativa y/o cualitativa) del Congreso. Por ello amerita reconocer como avance la organización interna y la información básica legislativa.

A finales de 2017 se cumplen veinte años de pluralidad partidista y gobierno dividido en las cámaras del Congreso de la Unión. Debido a que ningún partido político contaba con la mayoría simple para aprobar cualquier tema en la Cámara de Diputados, se vieron en la imperiosa necesidad de dar cabida a la pluralidad en las reglas de funcionamiento legislativo, de proveerse con una herramienta que publicara documentos parlamentarios, requirieron dar visibilidad a las votaciones en el Pleno y contar con un canal de comunicación que cubriera y transmitiera –al menos- las sesiones del Pleno.

Así nació la Gaceta Parlamentaria; se aprobaron los acuerdos que delineaban el funcionamiento de las comisiones; se creó como órgano de gobierno a la Junta de Coordinación Política que representa la pluralidad de fuerzas partidistas; se estableció la conformación anual de la Mesa Directiva; se creó la estructura que llevaría el funcionamiento administrativo y parlamentario, entre otras disposiciones. Por si buscan conocer los acuerdos de 1997 y 1998, pueden consultarse aquí.

En la LVII Legislatura también se instaló el sistema electrónico de votación, se creó el Canal del Congreso, se aprobaron los acuerdos parlamentarios que delineaba la publicación de documentos legislativos. Y finalmente, se aprobó la primera Ley Orgánica del Congreso en 1999.

Hoy día, como herramientas cotidianas de información de la actividad de las cámaras, son consulta obligada.

No obstante, los requerimientos actuales se concentran en que la información esté en lenguaje accesible, simple, que se difunda a través de aplicaciones y redes sociales, que se proporcione en formato de datos abiertos, que haya una clasificación temática de la información, que esté actualizada, o bien que se compruebe cada peso que se gasta y los detalles de cómo se deciden nombramientos de funcionarios públicos.

En la última década el Poder Legislativo a nivel federal ha sido particularmente observado (tristemente no podemos decir lo mismo de los congresos locales). Se han utilizado y detallado distintos enfoques en el seguimiento de la actividad legislativa: numeralia de iniciativas, sentido del voto de los legisladores, intervenciones en tribuna, aprobación presupuestal, nombramiento de funcionarios públicos e integrantes de órganos autónomos o tiempos de cumplimiento para emitir legislación.

Pero prácticamente no se ha realizado un seguimiento al uso de las facultades de investigación, de fiscalización y menos aún a la jurisdiccional. En estas tres facultades que tienen los congresos se encuentran fuertes zonas de corrupción.

Sin ejercer facultad jurisdiccional

Pese a los avances de las reglas y de la información respecto del funcionamiento institucional del legislativo, los retos de lo que falta por hacer son mayúsculos. Subrayo que las mejoras no requieren de reformas constitucionales o de ley, sino del completo y abierto ejercicio de las facultades constitucionales y legales que ya tienen los congresos.

Un ejemplo claro es la inacción de la facultad jurisdiccional de la Cámara de Diputados, a través de la revisión y valoración de denuncias de juicios políticos y declaraciones de procedencia. Las comisiones de Gobernación y de Justicia de las últimas cinco legislaturas, decidieron no dictaminar las denuncias de juicios políticos presentadas, a través de que la Subcomisión de Examen Previo sesionara y resolviera dichas denuncias. Así, transcurrieron catorce años.

Cabe agregar que la Subcomisión de Examen Previo se integra por siete diputados de la Comisión de Justicia y siete de la Comisión de Gobernación, conformándose por un total de catorce diputados.

Entre 2003 y 2017 los diputados en San Lázaro acumularon 356 denuncias de juicio político. Y fue hasta febrero de 2017 cuando los integrantes de la Subcomisión de Examen Previo recibieron del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, el requerimiento de pronunciarse sobre la procedencia o no de denuncia de juicio político en contra del ex gobernador del estado de Chiapas, Juan José Sabines Guerrero, que había presentado Horacio Culebro Borrayas.

De no pronunciarse, el Juzgado refirió que les impondría multa a los diputados federales por incumplir las sentencias de amparo. Finalmente, por no haberse pronunciado, el Juzgado terminó por multarlos y -por increíble que parezca- la multa fue pagada por la Cámara de Diputados, sin haber sido descontado de la dieta a cada diputado. En estricto sentido, quienes cometieron el desacato constitucional son los diputados federales en lo individual, como integrantes de la Subcomisión, por lo que la multa debió de haber sido cubierta por ellos.

Es así que en cumplimiento a la sentencia de amparo que presentó un ciudadano y con casi tres lustros de acumular denuncias de juicio político, la Subcomisión de Examen Previo sesionó el 1° de marzo de 2017. Decidió resolver tres de cada diez asuntos, los cuales fueron desechados por prescripción. Dejó sin atender siete de cada diez denuncias, entre las cuales se encuentran cuatro denuncias de juicio político en contra de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz.

Este es uno de múltiples casos en que la inactividad de los diputados federales, a través de un subgrupo de trabajo como la Subcomisión de Examen Previo, no tiene consecuencias ni sanciones públicas. El abandono legislativo en el campo jurisdiccional sobre juicios políticos duró catorce años, 50 diputados conformaron dicha Subcomisión en cinco legislaturas, 300 diputados integraron las comisiones de Gobernación y de Justicia en dicho periodo, nunca dictaminaron y no hubo consecuencias.

Este es un ejemplo lamentable de que a la Cámara de Diputados no le ha interesado dar señales de combatir la corrupción, desde el ejercicio de sus facultades constitucionales.

¿Cuándo resolverán los 247 expedientes pendientes?

Para consultar los listados completos de denuncias de juicio político y resolución de amparos, así como el pago de multa, consultar aquí.

Como en el Siglo XIX

Si quisiéramos analizar el trabajo realizado en la Subcomisión de Examen Previo, no sería posible porque no hay información pública visible y accesible en el sitio web de la Cámara de Diputados, en los vínculos denominados micrositios de las comisiones, y mucho menos en la Gaceta Parlamentaria. Es una información que los diputados integrantes de las comisiones de Gobernación y de Justicia, no han puesto a disposición pública, pese a que son las comisiones encargadas de hacer la revisión respecto de las actividades del Poder Ejecutivo sobre los asuntos internos, de gobernabilidad y de justicia. Ni más, ni menos.

En este tenor, la información parlamentaria respecto a la facultad jurisdiccional se quedó en el siglo XIX. Son inaccesibles las actividades, documentos, votaciones y debates en torno a las denuncias de juicio político, uno de las herramientas constitucionales para combatir la corrupción y el abuso de poder. Ni siquiera podemos conocer si las denuncias de juicio político se caracterizaron por falta de elementos jurídicos, por falta de pruebas o incipiente argumentación jurídica.

Una deuda de la Cámara de Diputados más en parlamento abierto y en combate a la corrupción.

 

@MaricarmenNava

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