La muy costosa lejanía

De acuerdo con la consulta ciudadana de la Red Latinoamericana para la Transparencia Legislativa 2017, en México el 96 % de personas que respondieron la encuesta consideran que su congreso no los representa.

El artículo 1 de la propuesta de dictamen de la Ley Orgánica del Congreso de Ciudad de México, que discutirá la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, refiere que actuará bajo los principios de parlamento abierto pero nada se dice sobre la implementación de datos abiertos, información histórica, transparencia presupuestaria y administrativa, difusión en lenguaje accesible, probidad, declaraciones de intereses, cabilderos, toma de decisiones sustentadas o incorporación de aportaciones ciudadanas y especializadas.

Parece que estamos ante una ley hueca de apertura. Todo indica que observaremos que Ciudad de México perderá el momento histórico de establecer en legislación de avanzada las disposiciones que determinó la Asamblea Constituyente de Ciudad de México a través de la Constitución Política de la capital del país, para que el primer Congreso local fuera –al menos en ley- un parlamento abierto.

Un ejemplo más de la incomunicación entre los requerimientos ciudadanos y la representación legislativa en México. Van algunos pormenores.

Sin vínculo de representación

Latinoamérica lleva un periodo largo con crisis de representación legislativa y desconfianza institucional. Los resultados de la consulta ciudadana que realizamos en la Red Latinoamericana para la Transparencia Legislativa en 2017 lo confirman: la percepción es que los legisladores están desconectados de las necesidades de las personas. Los resultados completos de la Consulta #DileAlCongreso que levantamos en catorce países, la encuentran aquí.

En México el 96 % de personas que respondieron la encuesta consideran que su congreso no los representa. Hay ejemplos concretos por los que la ciudadanía no somos escuchada, como el caso del Senado de la República que no ha realizado nombramientos clave del Sistema Nacional Anticorrupción: magistrados, procurador o fiscal anticorrupción.

O bien la reciente aprobación de la delicadísima e internacionalmente conocida #LeyDeSeguridadInterior que atenta contra los derechos humanos, en la que organismos internacionales, nacionales, académicos, especialistas, sociedad civil hemos urgido su rechazo. Dado que el Congreso no escuchó ninguna de las voces, se presentará controversia por su inconstitucionalidad y ser atentatoria de tratados internacionales. Contrario al unísono rechazo, el Partido Revolucionario Institucional, en conjunto con el voto de legisladores de partidos minoritarios, lograron aprobar la ley en ambas cámaras. El movimiento (al que por supuesto me sumo) que ha expresado argumentos sustantivos es #SeguridadSinGuerra.

Otro ejemplo de inexistente conexión del Congreso con los ciudadanos es la hasta ahora nula sustentación de método y criterios en la valoración de perfiles del dictamen de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que propone la terna para designar titular de la Auditoría Superior de la Federación. En reiteradas ocasiones hemos solicitado por escrito a los integrantes de dicha Comisión, a través del movimiento #AuditoríaAutónoma, el sustento de las decisiones respecto a la no vinculación de partidos de los perfiles integrantes de la terna (entre otros aspectos). Algunos de los documentos que hemos entregados los encuentran aquí. Hasta el momento, los legisladores han hecho caso omiso.

La omisión legislativa y que los representantes vayan en contrasentido de los requerimientos ciudadanos tienen altos costos públicos, que mantiene minado el desempeño de las instituciones y su credibilidad. Y ante ello, quienes formamos parte de la Red Latinoamericana para la Transparencia Legislativa, nos dimos a la tarea en 2017 de realizar consultas, encuestas, mesas de trabajo y el encuentro regional en Buenos Aires, Argentina (el pasado mes de noviembre), con la finalidad de preparar propuestas y presentarlas a congresos y asambleas de Latinoamérica.

En la RedLTL, cuyo portal pueden consultar aquí, estamos convencidos de fortalecer la democracia a través de mejorar el funcionamiento, la representación y la rendición de cuentas.

Parte de los resultados que arrojó la consulta #DileAlCongreso tendrían que ser insumo para que el Congreso, partidos políticos y quienes aspiren a obtener candidaturas a cargos de representación en México para las elecciones 2018 preparen propuestas concretas sobre seguridad, combate a la delincuencia, desarrollo económico y corrupción, que son las mayores preocupaciones ciudadanas.

Por su lado, cuatro de cada diez mexicanos que participaron en la consulta les interesa saber quiénes son los asesores de los legisladores, siete de cada diez exige que el trabajo del legislador sea transparente. En sintonía, quienes aspiren a ser legisladores podrían hacer un compromiso por escrito de que su gestión, representación y trabajo se apegará a los estándares de transparencia y parlamento abierto.

Desde Visión Legislativa, prepararemos un listado básico de cumplimiento para que candidatas y candidatos se comprometan a que su trabajo -en caso de ganar un puesto de representación legislativa- se desarrolle bajo parámetros de parlamento abierto y rendición de cuentas.

El capítulo México de las organizaciones de la RedLTL buscamos que los diputados y senadores que integren el Congreso en 2018 conozcan lo que requieren los ciudadanos y que operen en consecuencia. Tendrían que colocar asistencias y votaciones en comisiones, que justifiquen, comprueben y tengan un uso nítido de los recursos legislativos, que los procesos de reformas legislativas se realicen con participación ciudadana, que los procesos de designaciones, nombramientos y ratificaciones, cumplan con los estándares de parlamento abierto. Son sólo algunos temas de los que son deficitarios los legislativos en México.

Congreso #CdMx: sin apertura

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobará el dictamen de la Ley Orgánica del Congreso de Ciudad de México. Con independencia de que se trabajó al margen de la participación ciudadana (lamentable pero congruente al estilo de la presente legislatura), el diseño institucional que los diputados locales previeron para el próximo Congreso muestra el sesgo partidista en su funcionamiento. Refiero algunos puntos al respecto, sin tocar las consideraciones de técnica jurídica y desconocimiento evidente en el dictamen que discutirá el Pleno, de lo que una ley orgánica requiere.

La Mesa Directiva del Congreso tendrá duración de un año, pero no se busca que sea reflejo de la conducción institucional, sino estaría subsumida a la composición partidista, debido a que:

  • Establece que debe rendir informe anual a la Junta de Coordinación Política, integrada por los coordinadores de grupos parlamentarios, y no al Pleno del Congreso.
  • El Presidente de la Mesa deberá elaborar la integración del orden del día de las sesiones del Pleno, con la Junta de Coordinación Política.
  • La regla de elección es menos rigurosa, pues la Mesa Directiva será aprobada por la mayoría de los legisladores presentes, y no por las dos terceras partes. Algunos de los beneficios de la mayoría calificada es que busca procurar la generación de consensos y mayor representatividad, por sobre la parcialidad.

A diferencia de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, el dictamen de la Ley Orgánica del Congreso local asigna un apartado completo a la Jefatura de Gobierno, lo cual es contrastante –por decir lo menos- tratándose de la ley que organiza al funcionamiento interno de uno de los tres poderes del Estado: el Legislativo.

Hay un apartado que merece enfatizar, pues la integración de la Junta de Coordinación Política considera la discrecionalidad de asignar “otros tantos” legisladores del grupo parlamentario que tenga la mayoría absoluta del Congreso. ¿Para qué requieren sumar un número indeterminado de legisladores si el voto es ponderado conforme el tamaño de los grupos parlamentarios representados en el Congreso?

Más aún, en el apartado de designaciones, la propuesta de Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México refiere días máximos para citar a comparecer a quienes hayan registrado sus candidaturas, así como para emitir dictamen, pero no hace referencia en ningún caso de los elementos de fundamentación, metodología y valoración de los perfiles profesionales, de la objetividad que sustenten los perfiles seleccionados por los legisladores. Esta ha sido una demanda permanente que hemos exigido desde la academia y sociedad civil.

La propuesta de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tampoco establece la publicidad, visibilidad y transparencia en tiempo real del proceso de revisión, entrevistas y dictaminación de las ratificaciones, nombramientos y designaciones.

Ciudad de México, que ha sido gobernada por el Partido de la Revolución Democrática por veinte años, tendrá una Ley Orgánica del Congreso local con bajos estándares de institucionalización de sus órganos de gobierno y sin reglas básicas de implementación de parlamento abierto.

Los ciudadanos estamos huérfanos de representación legislativa.

 

@MaricarmenNava

@VisionLegis

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