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Por Central Ciudadano y Consumidor
Organización sin fines de lucro que busca incidir en la ampliación y fortalecimiento de las lib... Organización sin fines de lucro que busca incidir en la ampliación y fortalecimiento de las libertades, derechos fundamentales, transparencia y educación de los ciudadanos y consumidores, para que participen con mayor eficacia en el desarrollo y evaluación de sus instituciones. (Leer más)
Ayotzinapa: De la indignación a la acción cívica (1/4)
Con esta primera entrega, Central Ciudadano y Consumidor inicia una serie de análisis y reflexiones con las cuáles buscamos contribuir a entender y a encontrar soluciones para la crisis que enfrentamos en materia de derechos humanos. Este primer texto aborda la responsabilidad que nos toca como comunidades.
Por Central Ciudadano y Consumidor
21 de octubre, 2014
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Hacia una comunidad de responsabilidades

Por: Bernardo Altamirano Rodríguez (@beraltamirano)

Los terribles acontecimientos de Tlatlaya, Estado de México, y de Ayotzinapa, Guerrero, representan la peor crisis contemporánea en materia humanitaria que enfrenta México. En el primer caso, integrantes del Ejército Mexicano ejecutaron a 22 personas –calificados como “presuntos delincuentes”-, que nunca gozaron de las mínimas garantías del debido proceso, no solo para que sus acusadores tuvieran que probar su supuesta culpabilidad, sino para proteger ante todo su vida. En el segundo caso, derivado de un enfrentamiento entre policías y normalistas, pierden la vida 6 personas y resultan 43 desaparecidas por obra de las mismas fuerzas locales del orden, quienes aparentemente se encargaron de entregarlos a grupos del crimen organizado. La nota común de ambos casos que agrava esta historia de terror, es que se trata de representantes de las instancias que la sociedad misma ha depositado su mandato para proteger su vida, seguridad y patrimonio. Ni Dante se hubiera atrevido a imaginar agobernantes que con un brazo exprimen a la sociedad con aumentos de impuestos para mantener y armar con esos recursos a agentes de seguridad que, con el otro brazo, desparecen y ejecutan a los ciudadanos. El ogro deja de ser filantrópico y regresa a su naturaleza voraz y violenta.

La magnitud, escenas y testimoniosde los hechos demuestran lo peor de la condición del ser humano, por lo que resulta imperativo enfrentarlo con lo mejor de nosotros mismos, nuestras libertades, solidaridad y amor. Esta crisis exige el mayor compromiso de cada uno a favor de la vida, la dignidad y nuestras libertades. No tener una posición firme e inequívoca al respecto contribuiría aprolongar esta decadencia de valores, a propiciar la impunidady que eventualmente nosotros mismos o nuestras familias seamos las próximas víctimas.

La mayor parte de los análisis de esta tragedia se enfocan en reconocer la ingobernabilidad en Guerrero, sus probables secuelas en otras partes y sectores del país, así como en las fallas de prevención e inteligencia para evitar que esto ocurriera o de la persecución para castigar a los responsables. Sin embargo, se ha dicho poco sobre lo que enfrentar a esta crisis puede representar para nuestros derechos y libertades fundamentales, así como para el espíritu de una democracia liberal. Poco se ha comentado sobre cómo aprovechar esta crisis para dejar de ser un país en donde la carga de la prueba la tiene el ciudadano frente a la autoridad para demostrar que cumple con la ley, mientras que gobernantes desprecian el debido proceso, secuestran y ejecutan a personas, y se solapan entre la impunidad y corrupción. Revisemos estos aspectos y pongamos en el centro del debate a la persona.

Nuestro andamiaje institucional en materia de protección y promoción de los derechos humanos se ha fortalecido de manera gradual, tanto en lo que se plasma en la Constitución, como en lo que dictan los juzgadores. El mejor ejemplo son las trascendentes reformas constitucionales de 2011 y del nuevo amparo, que representan un giro copernicano al invertir el paradigma del Estado mexicano y ubicar a la persona –en el ejercicio y defensa de sus derechos y libertades- en el centro del escenario político, económico y social. Los anteriores avances en el papel confrontan una realidad paradójica, pues pocas veces nuestro cimiento social ha estado tan debilitado justamente por la violación a esos mismos derechos. Tenemos una Constitución que es el espacio en el cual se inscriben los logros de luchas políticas, pero dista mucho de ser el verdadero marco de nuestra convivencia. A la clase política le encanta levantarse el cuello al plasmar las mejores y más vanguardistas reformas y leyes, pero no se dan cuenta que en derechos humanos retrocedimos al S. XVIII antes de que se dictara la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuyo objetivo fue acotar la barbarie, represión y abusos del Estado en contra de las personas.

Ante esta fractura social resulta pertinente preguntarnos ¿Qué nos une como comunidad? ¿Qué nos mantiene unidos como mexicanos a quien gana más o menos de 3 veces tu salario? ¿A quien estudió un posgrado y a quien no terminó la secundaria? ¿Al que aplicó y esperó por un empleo en la formalidad y al que vende piratería en las calles? ¿A quien hace fila y quien viola las reglas de tránsito? ¿A quienes exigen más impuestos para ampliar gasto público y a quienes contribuyen puntualmente, pero reciben servicios públicos deficientes? ¿A quienes queremos desenvolvernos en un marco de legalidad y quienes toman la vía de la corrupción? ¿A quien vive en Tijuana, DF, o Mérida, con los familiares y víctimas de Ayotzinapa y Tlatlaya?

Ante estas evidencias de profundas divisiones económicas y sociales, la respuesta lógica tendría que ser que, en tanto comunidad, más allá de aspectos culturales, nos une el respeto y reconocimiento de nuestros derechos fundamentales en el marco de una democracia. Sin embargo, en un país en donde muchos se jactan de seguir la máxima juarista, parece no existir paz al ejercer nuestras libertades, sino por el contrario, conflicto y división. Mientras unos promueven y defienden la libertad de tránsito, otros exigen el derecho de manifestarse; mientras unos enarbolan la libertad de empresa, otros exigen que el Estado las limite o supla; mientras unos enarbolan la libertad de elegir sobre tu propio cuerpo, otros restringen tus decisiones en cuanto a tu derecho a la salud. Se nos olvida que unas y otras son libertades y no existe un espíritu compartido sobre cómo ejercer, conciliar o armonizar en la convivencia social el catálogo de éstas que reconoce la constitución. Tampoco hay coincidencias respecto del valor de la responsabilidad cívica o delos límites del Estado. De ahí que el ejercicio de los derechos de unos parezca la forma de obstaculizar el de los otros, y que impida exista un parámetro de actuación de la autoridad. Por estas razones resulta prioritario generar la esperanza de que es posible gozar nuestros derechos y libertades en un ámbito de comunión y legalidad, pues de lo contrario, nuestra viabilidad futura será cada vez menor.

Si la ciudadanía misma no impulsa esta causa, los representantes del Estado, poco harán al respecto, pues están más preocupados en cómo mantener al régimen y su clase política, no en cómo avanzar en las libertades de los mexicanos. Se preocupan más por evitar que se dañe la percepción del país en la comunidad internacional, en lugar de entender que la mejor señal consiste en enfrentar este problema de raíz y garantizar el efectivo goce de nuestras libertades. Al respecto hay que reconocer que si bien el Pacto por México tuvo efectos positivos para las recientes reformas estructurales, fue, por el otro lado, un mecanismo de concertación cupular que contribuyó a relajar la oposición, la cual perdió reflejos y está pasmada frente a esta crisis. En este contexto, la ciudadanía debe estar alerta ante dos riesgos de la reacción de las autoridades. Por un lado, evitar que se tomen medidas que reduzcan o atenten contras nuestras libertades mismas. Por el contrario, esta debe ser la oportunidad para avanzar en realmente acotar el poder de las autoridades. Por el otro lado, rechazar que las medidas gubernamentales se basen en aumentar el gasto público, -ya sea desde la federación, estado, municipio o la misma CNDH- sobre el cual prevalece el dispendio, corrupción, “moches”, nula evaluación del impacto y manipulación política. Problemas sociales tan profundos no pueden resolverse con cañonazos de recursos. Ante todo, las autoridades deben tener como máxima exigencia que para la defensa de las libertades no cabe el cálculo político, sino que se requieren acciones concretas, resultados eficaces y compromisos incuestionables.

Con base en lo anterior, el agotamiento de las instituciones y de la representatividad y legitimidad de nuestros gobernantes les impide a estos ser los protagonistas que convoquen a la urgente construcción de solidaridad. Por tanto, ésta debe reconfigurarse a partir del ejercicio y ampliación de nuestras propias libertades y responsabilidades cívicas, del reconocimiento y respeto del otro, y de la reducción de mecanismos clientelares, de control político y corrupción. En efecto, ante esta crisis humanitaria la mejor medida será avanzar en ampliar nuestras libertades y que éstas sean un bien colectivo –base y cemento de nuestra comunidad- salvaguardado directamente por la ciudadanía. Por estas razones es que hay que reconocer que organismos internacionales y otras naciones expresen su indignación y preocupación por estas tragedias, pues son manifestaciones de una comunidad global cuyos valores y principios comunes de entendimiento y convivencia son justamente los derechos y libertades fundamentales. Incluso hay que promover que esta solidaridad internacional se convierta en acciones de presión inteligente para contribuir a una puntual rendición de cuentas.

La depresión social que atravesamos puede convertirse en una oportunidad si tomamos las decisiones adecuadas. Es el momento de convocar a un verdadero movimiento cívico de reconstrucción, alejado del espacio de partidos políticos, en el que incluso tengamos el valor de discutir la vigencia de nuestro pacto social. Así como la catástrofe natural de 1985 generó una gran solidaridad entre los mexicanos, esta terrible catástrofe humanitaria debe encausar ese mismo espíritu y darnos cuenta que los ciudadanos debemos tener mayor control y acción en el destino de este país, que por tener valores firmes rechazamos que sea nuestro destino vivir en medio de la corrupción y violencia, y que en cambio fomentamos la confianza y la fraternidad.La solidaridad con las víctimas de Tlatlaya y Ayotzinapa y la acción cívica serán el camino para dirigirnos a la verdadera modernidad.

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