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Ayotzinapa: de la indignación a la acción cívica (2/4)
En esta segunda entrega de la serie se presentan elementos para el análisis de por qué el caso conocido como “Guerrero/Ayotzinapa-Iguala” es un caso de estudio de seguridad nacional para México y el mundo.
Por Central Ciudadano y Consumidor
22 de octubre, 2014
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Asunto de seguridad nacional

 

Por: Gerardo Rodríguez Sánchez Lara (@gerodriguezsl)

La venenosa convivencia entre el poder político local, la policía y el narcotráfico es un mal que aqueja a la imagen de México y a su estabilidad como sociedad democrática. De nada sirven los esfuerzos reformadores y el amplio consenso político para modernizar el país si no se ataja, sin ningún tipo de miramiento, una situación de violencia intolerable. Se trata de un auténtico reto al Estado y a la libertad de la sociedad mexicana, que no puede admitir la existencia de zonas del territorio nacional al margen de la ley en las que el chantaje, la impunidad, el miedo y la muerte son las normas que rigen sobre el ciudadano honrado”. Editorial de El País, “México horrorizado”, España, 16 de octubre de 2014.

En ese estado la violencia endémica y arraigada viene de mucho atrás, solamente pensemos en la novela de Carlos Montemayor Guerra en el Paraíso”. Raúl Benítez Manaut, en Animalpolitico.com (octubre 13, 2014).

“La desaparición de los normalistas en Iguala así como los asesinatos en Tlatlaya por parte de elementos de las Fuerzas Armadas derrumba de golpe toda la estrategia política de Peña Nieto de dejar de hablar de la inseguridad para enfocarse en los logros económicos”.  Jorge Chabat en Animalpolitico.com (octubre 13, 2014).

La imagen de la Costera Miguel Alemán en Acapulco (capital económica del estado de Guerrero) repleta de personas indignadas por el asesinato de tres alumnos y la desaparición forzada de otros 43 jóvenes estudiantes, así como las fotografías de las “fosas clandestinas” en donde se están hallando restos humanos de otras masacres, nos recuerdan las imágenes de los albano-kosovares en 1999 cargando los féretros de decenas de muertos como consecuencia de un acto de genocidio cometido por el ejército serbio y la escena de 250 cadáveres encontrados en una fosa común en 2010. Esas imágenes accionaron a la comunidad internacional para tomar decisiones que detuvieran la masacre en Kosovo. Esas fotos también nos recuerdan la masacre de diecisiete indígenas de Aguas Blancas en 1995. Por otra parte, nos remite a la matanza de 72 migrantes encontrados en San Fernando, Tamaulipas. Y por obvias razones hace presente la probable acción extrajudicial en Tlatlaya, Estado de México, en donde 22 presuntos delincuentes fueron ejecutados extrajudicialmente por elementos del Ejército mexicano.

En todos estos casos, la opinión pública nacional e internacional reaccionó ante la evidente violación masiva de derechos humanos a manos de actores subnacionales ilegales y gubernamentales.El caso de Iguala puede estar claramente enmarcado como un delito de lesa humanidad porque hubo responsabilidad de funcionarios públicos, también conocimiento previo de autoridades locales y federales respecto a la presunta responsabilidad delictiva del alcalde y porque no se tomaron acciones preventivas para evitar esta masacre que tuvo como víctimas a un grupo de jóvenes estudiantes.

A continuación se presentan elementos para el análisis de por qué el caso conocido como “Guerrero/Ayotzinapa-Iguala” es un caso de estudio de seguridad nacional para México y el mundo.

I.- Vulnerabilidades sociales que se convirtieron en riesgos a la seguridad nacional

En el estudio de la seguridad nacional, las vulnerabilidades de un país son la primera alerta para la acción de las instituciones de un Estado. Las vulnerabilidades tienen características sociales y económicas profundas que se pueden convertir en riesgos que amenacen la seguridad de una nación. Por lo anterior, los gobiernos deben diseñar e implementar políticas públicas de largo plazo que atiendan y resuelvan los siguientes problemas.

Pobreza. Guerrero es el estado de la República con el mayor porcentaje de su población en situación de pobreza extrema con el 31.7%. Es decir, prácticamente uno de cada tres guerrerense viven en situación de pobreza extrema. En estaentidad se han encontrado los municipios con mayores índices de pobreza en los que supuestamente se han invertido miles de millones de pesos para poder sacar a sus habitantes del umbral de la pobreza. Tenemos que recordar que la pobreza no es un factor de correlación directa con la inseguridad pero sí genera condiciones de vulnerabilidad social y factores de riesgo.

Marginación. En Guerrero convive la pobreza con la marginación. Las difíciles características orográficas del estado han sido un factordeterminante para que muchas comunidades estén aisladas de los principales centros urbanos que pueden proveerservicios públicos básicos como salud, educación, seguridad y justicia.

Desigualdad. No existe realidad más preocupante que la pobreza extrema dentro de un territorio rico en recursos naturales agropecuarios y mineros, que además cuenta con infraestructura turística e inversión inmobiliaria. Guerrero es el segundo estado con mayor nivel de desigualdad de acuerdo alcoeficiente de GINI reportado por el INEGI: Chiapas (0.5427), Guerrero (0.5269) y Oaxaca (0.5259).

II. Riesgos institucionales que se convirtieron en amenazas a la seguridad nacional

Las instituciones de educación superior de las fuerzas armadas coinciden en que un riesgo a la seguridad nacional es un “antagonismo que implica una condición, interna o externa, generada por situaciones políticas, económicas, sociales o por agentes no estatales, así como por desastres de origen natural y antropogénico, cuya evolución pudiera poner en entredicho el desarrollo nacional. Se clasifican en presión, presión dominante y factores adversos”. Guerrero es un estado que pone en riesgo la seguridad nacional por las siguientes razones:

Gobierno infiltrado por la delincuencia organizada. Con la información que se tiene hasta el momento, hay indicios claros de que el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, al igual que su secretario de seguridad pública y un número importante de elementos de la policía tenían vínculos con integrantes de un grupo local de la delincuencia organizada denominado “Guerreros Unidos” que surge como una ramificación del cártel de los Beltrán Leyva. Dicha organización criminal tiene presencia en estados del pacífico y centro del país como Guerrero y Morelos. La infiltración de la delincuencia en un gobierno es crítica, pero es aún más grave cuando se utilizande manera negativa el estado de fuerza y la autoridad que otorga la ley para cumplir o servir intereses criminales.

Recientemente, el Dr. John Bailey de la Universidad de Georgetown publicó su último libro titulado “Crimen e Impunidad”. Estas dos palabras con las que titula su obra podrían ser los dos apellidos perfectos con los que podemos bautizar la situación que se vive en muchos lugares del país como Iguala. Su marco conceptual nos ayuda a entender la gravedad de lo que estamos enfrentando. El profesor Bailey afirma que cuando la naturaleza política de un acto criminal evoluciona de su origen económico para internarse en el régimen democrático y en la operación misma del Estado, y si a su vez estamos frente a una alta complejidad organizacional de los actos criminales se pueden presentar los siguientes fenómenos delictivos: terrorismo, sedición/traición, autodefensa, motín, corrupción/intimidación del poder judicial, el Ejército y la policía.

Desde 2008 algunos analistas avizoramos indicios del interés de las bandas criminales mexicanas (bancrimex) por incursionar en la política para proteger y ampliar sus negocios ilegales frente a la embestida del gobierno y la lucha contra organizaciones rivales. Por lo anterior, las bancrimex tenían incentivos para utilizar el terror como un medio para amedrentar a opositores y a las mismas autoridades del gobierno. A esto le llamamos en su momento narcoterorrismo y no nos arrepentimos de publicarlo y decirlo con todas sus letras frente a autoridades de gobierno con ceguera de taller y miedo de reconocer que este fenómeno ya se estaba arraigando en el país.

Incapacidades institucionales de justicia y seguridad. Si en el país no se han invertido recursos suficientes para aumentar las capacidades institucionales de los ministerios públicos, en el caso de Guerrero la situación es peor. En este estado inclusive ha habido una reducción del número de agencias del ministerio público del fuero común (MPFC) por cada cien mil guerrerenses. En el periodo de 2010 a 2011 se redujo de 3.25 a 1.95 el número de MPFC por cada cien mil habitantes. Mientras que la media nacional según el INEGI para el año 2011 era de 3.05. Guerrero solamente está por debajo de Tlaxcala (1.11), Hidalgo (1.28), Yucatán (1.64), Baja California (1.65) y Aguascalientes (1.86). Con estos terribles números de capacidades instaladas locales de justicia y de penetración de la corrupción podemos entender la responsabilidad que tiene el gobierno en esta crisis.

En materia de victimización, Guerrero ha empeorado según los últimos datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública del INEGI 2014 (ENVIPE). De 2012 a 2013 la incidencia delictiva aumentó en un 4.8%. La desconfianza en las instituciones de seguridad y justicia de Guerrero también se ve reflejada en la cifra negra (delitos no denunciados) de la entidad que alcanza un 96.7%. Esta cifra es superior a la media nacional que es de 93.8%. En otras palabras, en Guerrero no se denuncian los delitos porque no hay confianza en sus instituciones. La ENVIPE confirma que en este país no se denuncia por dos grandes causas atribuibles a la autoridad. La primera es la pérdida de tiempo con 31.4% y la segunda la desconfianza en la autoridad con un 21%.

Armamentismo histórico de la sociedad guerrerense. La ausencia del gobierno para llevar seguridad y justicia, sumado a problemas históricos de tenencia de la tierra y conflictos por recursos naturales entre comunidades y familias, así como la presencia de cantidades importantes de armas en este estado lo han convertido en uno de los más violentos del país. Guerrero es el cuarto estado con el mayor porcentaje de delitos por portación de arma con un 49.1%. Pero nos debe llamar la atención que otros dos estados con mayores niveles son vecinos de este, el Estado de México (70%) y Morelos (49.6%).

Desconfianza política intergubernamental entre niveles de gobierno. Los principales partidos políticos tienen desconfianza entre si en Guerrero. En esta entidad la alternancia política ha convivido con el desarrollo del fenómeno nacional de la delincuencia organizada. En los principales partidos políticos de la entidad (PRD, PRI y PAN) no solo han existido conflictos políticos, sino dudas sobre la intromisión y participación de sus liderazgos en las bandas criminales. En Guerrero no existe la misma confianza política entre los diferentes órdenes de gobierno como la que hubo en Michoacán para el establecimiento de una política estratégica de coordinación para hacer frente al problema de la violencia.

III. Ayotzinapa/Iguala: asunto de seguridad nacional

Para las instancias de seguridad nacional una amenaza es un “fenómeno intencional generado por el poder de otro Estado, o por agentes no estatales, cuya voluntad hostil y deliberada pone en peligro los intereses permanentes tutelados por la Seguridad Nacional, en parte o en todo el país, y cuestionan la existencia del mismo Estado”. Con el caso Ayotzinapa/Iguala estamos claramente frente a una amenaza a la seguridad nacional. Estos son algunos indicios de esta situación.

Atentado contra la población. En Iguala se atentó en contra de seres humanos, de personas con derechos, en otras palabras, se atentó en contra de la nación mexicana que forma parte del Estado. En el caso Ayotzinapa presenciamos un atentado en contra de la población y nos hacemos la pregunta básica de los estudios de seguridad, cuál es el objeto referente de protección real: el gobierno en turno o las personas.

Amenaza contra la estabilidad de un gobierno local. En Iguala prácticamente desaparecieron los poderes públicos con la ausencia del alcalde, el secretario de seguridad y del estado de fuerza de la policía municipal. Asimismo, la presión por la renuncia del gobernador deja un espacio de ingobernabilidad que obliga a la federación a responder frente a esta crisis.

Atención política nacional al más alto nivel. El presidente de la República tuvo que responder ante esta crisis. Cuando un tema asciende hasta la agenda presidencial y de su gabinete de seguridad estamos, muy probablemente, frente a un asunto de seguridad nacional. Ahora sabemos que el tema es de atención prioritaria de al menos cinco dependencias integrantes del Consejo de Seguridad Nacional: SEGOB, CNS, PGR, S.R.E. y CISEN.

Asignación de recursos extraordinarios. Hasta el momento el gobierno de la República ha intervenido las policías y ha asumido la responsabilidad de la seguridad pública en trece municipios de Guerrero y del Estado México por el caso de Ayotzinapa a través de la Policía Federal. Asimismo, la Procuraduría General de la República tuvo que atraer la investigación de la masacre y asignar en ese territorio a servidores públicos federales y a peritos especializados.

Impacto sobre el Estado Mexicano a nivel internacional. Los principales medios de comunicación internacional han dedicado sus portadas, editoriales y han enviado corresponsales a Guerrero para cubrir la información que se genera a partir esta crisis. Inclusive aquellos medios internacionales, como El País y TheEconomist, que aplaudieron y apoyaron las reformas estructurales han tenido que afirmar que si el Estado mexicano no resuelve esta crisis, las medidas transformadoras que se han echado a andar serán opacadas por la terrible realidad del crimen y la impunidad.

Activación pública de grupos subversivos. Dos grupos guerrilleros, el EPR y el ERPI, que tienen su origen en Guerrero y que han estado en relativa calma se han reactivado en medios de comunicación a partir de estos hechos. No debemos olvidar que la escuela normal de Ayotzinapa ha sido el alma mater de dos grandes guerrilleros, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, que realizaron actividades violentas en contra del representantes e instituciones del estado de Guerrero y que activaron a la población en contrade sus autoridades. Tenemos que recordar también que el EPR eligió como fecha fundacional el primer aniversario del asesinato de diecisiete indígenas en el vado de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez en el estado de Guerrero, el 28 de junio de 1995.

La geopolítica de Guerrero. Los problemas de Guerrero no pueden dejar de ser analizados sin un entendimiento de su contexto geopolítico. El puerto de Acapulco fue históricamente la puerta de entrada del comercio con Asia desde la época virreinal. En los territorios que hoy comprenden los estados de Guerrero y Morelospelearon los dos más grandes estrategas militares mexicanos, José María Morelos y Vicente Guerrero. La escuela normal de Ayotzinapa ha sido la cuna educativa de miembros de la guerrilla tradicional mexicana en las últimas tres décadas. Es un territorio con un clima propicio para el cultivo de plantíos de drogas ilegales como la mariguana y la amapola. Tiene fronteras políticas con Michoacán, Morelos y el Estado de México, estados con fuerte presencia de la delincuencia organizada y que desarrollan actividades delictivas como la siembra, producción y distribución de drogas, tráfico de productos ilegales, extorsión de comerciantes y secuestro.

IV. Reflexiones finales para la acción colectiva.

El análisis de un problema sin propuestas de solución puede quedar sepultado en el cementerio de las buenas intenciones. Por lo anterior se presentan las siguientes propuestas y acciones para resolver el problema en el estado de Guerrero:

  • Guerrero es un asunto de seguridad nacional. La evidencia muestra que este estado se convirtió en un asunto de agenda de seguridad nacional que requiere la mayor atención política y asignación de recursos extraordinarios (humanos y económicos) para su atención inmediata. Guerrero está poniendo en jaque la credibilidad del Estado mexicano en su conjunto como lo ha sucedido anteriormente en Michoacán, Tamaulipas y el Estado de México. Por lo anterior se requiere de toda la atención del Estado mexicano para resolver este problema.
  • Estrategia regional. Los datos no mienten, para resolver el problema de inseguridad e impunidad en Guerrero forzosamente se requiere una estrategia regional que incluya al Estado de México, Michoacán y Morelos.
  • Resiliencia institucional. Las instituciones de seguridad y justicia en Guerrero requieren una intervención urgente, con una profunda transformación en términos de sus capacidades instaladas, profesionales y valores para salir adelante de esta crisis estructural.
  • Guerrero es un problema de acción colectiva. La descomposición de la clase política y la politización del problema de inseguridad, en el marco de las próximas elecciones, son variables cualitativas que pueden explicar el grado de inseguridad e impunidad que se viven en Guerrero. Los partidos políticos tienen que hacer una cirugía mayor en sus instituciones políticas locales y seleccionar los mejores cuadros para que contiendan en las próximas elecciones.
  • Prevención y reducción de la violencia por medios sociales. No podemos esperar que Guerrero salga de esta crisis sin que se reduzcan sus vulnerabilidades sociales como lo son la pobreza, desigualdad, marginación y se mejoren las condiciones de bienestar de la población.
  • Guerrero es todo el país. No podemos afirmar que lo que pasa en Guerrero no le sucederá a otro estado de la República. Cuando estalló la crisis en Michoacán dijimos lo mismo. Cuando explotó la región de la Laguna y en Tamaulipas compartimos la misma reflexión. Las vulnerabilidades socioeconómicas son las mismas aunque con diferentes gradientes por la descomposición institucional.
  • Comisión de la Verdad para el caso “Guerrero/Iguala-Ayotzinapa”. Con el anuncio por parte del titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, de la participación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el pasado 19 de octubre, en el caso de Iguala/Ayotzinapa se busca evitar la presión para el establecimiento de una Comisión de la Verdad que al Estado mexicano le conviene crear. Al gobierno le debe interesas establecer un mecanismo como una comisión de la verdad por siete razones críticas. 1) La sociedad mexicana está perdiendo la confianza en sus instituciones. 2) Los familiares y amigos de las víctimas no cesarán en su esfuerzo de conocer la verdad, de saber quiénes son los responsables materiales directos e indirectos de esta masacre. 3) La imagen de México en el exterior se está descomponiendo a pesar de las trascendentes reformas estructurales. 4) Los líderes de opinión nacionales e internacionales no cesarán en hacerse preguntas sobre lo que realmente pasó en Guerrero. 5) El Estado mexicano no debe dejar impune este crimen masivo y la versión oficial de los hechos debe ser creíble ante la opinión pública nacional e internacional. Esto lo puede eximir parcialmente de futuras responsabilidades internacionalespor la violación masiva y sistemática de derechos humanos en el país. 6) Ayudará a despresurizar la agenda nacional de gobernabilidad de la Secretaría de Gobernación y la agenda internacional de derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 7) Porque lo que sucedió en Guerrero lamentablemente se inscribirá en las letras negras de la historia de México.

Para solucionar los problemas de inseguridad e impunidad en Guerrero se necesitan explicaciones complejas de su situación socioeconómica y geopolítica, conocimiento de la verdad respecto a los sucesos de violencia que ha presenciado, implementación de políticas de prevención de la violencia, desarrollo de acciones inmediatas que devuelvan la confianza de los ciudadanos a sus autoridades y el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad y justicia.

 

 

* Gerardo Rodríguez Sánchez Lara es Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana en Central Ciudadano y Consumidor A.C. (Central C y C). Profesor de seguridad nacional, terrorismo y comunicación política en instituciones civiles y militares. Miembro del Colectivo de Seguridad con Democracia A.C. (CASEDE). [email protected]

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