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Por Central Ciudadano y Consumidor
Organización sin fines de lucro que busca incidir en la ampliación y fortalecimiento de las lib... Organización sin fines de lucro que busca incidir en la ampliación y fortalecimiento de las libertades, derechos fundamentales, transparencia y educación de los ciudadanos y consumidores, para que participen con mayor eficacia en el desarrollo y evaluación de sus instituciones. (Leer más)
El pensamiento de Paz bien vale una cruzada cívica
En materia fiscal y presupuestaria todos los gobiernos han sido incapaces de demostrar una eficiencia en el gasto de los recursos públicos que ejercen, así como una eficacia en los programas sociales que llevan instrumentando por décadas. ¿Para qué pagar más impuestos si en cinco años los políticos se pelearán recriminándose que no hay avances en la disminución de la pobreza?
Por Central Ciudadano y Consumidor
11 de septiembre, 2013
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Por: Bernardo Altamirano Rodríguez (@beraltamirano)

Octavio Paz (1978) en “El Ogro Filantrópico” describía cómo los liberales de 1857 buscaban una sociedad fuerte y un Estado débil, y pensaban que la modernización sería la obra de la burguesía y la clase media. Lo anterior cambió radicalmente, pues tal como lo relató el poeta, los revolucionarios fueron infieles a los liberales y crearon un Estado más fuerte que el del S. XIX, y fue creciendo gradualmente en su fuerza institucional, política y económica en detrimento de la responsabilidad cívica. Dicho Estado se distinguía por su patrimonialismo, centralismo y corrupción. Si bien no llegó a ser un régimen totalitario, el Estado comprendía el capital, el trabajo y el partido. Adicionalmente, describía el Premio Nobel, “el capitalismo maduró gracias a la protección del Estado”, en donde éste era el agente más poderoso del país y en donde la burguesía no era un contrapeso, pues “nuestros ricos nunca han hecho realmente suya la ideología liberal y democrática… sus verdaderas afinidades morales e intelectuales están con los regímenes autoritarios”.

Si bien desde ese magnífico ensayo de Paz y sus posteriores escritos las circunstancias han cambiado, son un referente para abordar el papel, tamaño y funcionamiento del Estado. Hoy vemos a ese Ogro sufrir una prolongada reducción de su tamaño y control. Las reformas democráticas y estructurales, movilizaciones sociales y la globalización, entre otros factores, impulsaron las transiciones política y económica que han cambiado radicalmente el centro de gravedad de los actores. Este desmantelamiento empezó en la arena política desde finales de los años setenta, al cambiar gradualmente las reglas de representación. Poco a poco reformas fueron dándose en el ámbito electoral y de partidos políticos, presupuestario, transparencia y rendición de cuentas, derechos y libertades fundamentales, entre otros. En la arena económica fue desvaneciéndose un Estado productor y prestador de servicios, de economía cerrada y dirigida, para encaminarnos a una economía abierta y a un modelo de competencia económica compatible con ciertos mercados regulados.

Los cambios políticos y económicos que buscaban acotar a ese Ogro Filantrópico encontraron diferentes aduanas en organismos intermedios que han buscado conservar ese añejo nivel de control. Desde partidos políticos, gobernadores, alcaldes, legisladores, hasta empresas monopólicas o reguladas. Cada uno buscó ampliar el control que les heredó el Ogro, basado en los mismos principios patrimonialistas, en lugar de fortalecer a ciudadanos y consumidores. Es decir, estas transferencias de poder redujeron el centralismo, pero no disminuyeron la opacidad ni la corrupción de los nuevos depositarios de esa parcela de poder.

En los años recientes, vivimos una Revolución Copernicana, en la que comenzamos a observar cómo ese Ogro empieza a fortalecer directamente a los ciudadanos y consumidores. Un paso clave para este propósito fue la reforma constitucional de 2011, en la que se reconoce en el Art. 1º el principio Pro Persona, el cual establece que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”. Este paso es fundamental, pues implica que todas las autoridades deben promover y defender nuestras libertades, ya sean políticas, civiles, económicas o sociales. Sin duda alguna, esta reforma nos ubica a ciudadanos y consumidores como el centro del Estado, en el origen y destino de las políticas públicas.

Ante estos avances institucionales, resulta indispensable que nuestros gobernantes y legisladores sean más congruentes y consistentes respecto de los incentivos públicos que diseñan y construyen para que participen y se desarrollen los ciudadanos en la democracia y los consumidores en el mercado. Para encaminarnos hacia esta meta, nuestra Constitución define dos pistas sobre las que debemos caminar: por un lado una república democrática, representativa y federal; por otro, una competencia económica y libre concurrencia, basadas en la competitividad.

Y si bien en un principio parecen pistas paralelas, en realidad no es así, pues estamos hablando de la misma persona que se desenvuelve en ambas, ya que el ciudadano es a la democracia lo que el consumidor es a los mercados. Por esta razón es que el diseño de políticas públicas debe alinear los incentivos correctos para que las personas ejerzan sus libertades y responsabilidad consistentemente, y sean así los verdaderos protagonistas y ejes del cambio.

Pero si hablamos de alineación de incentivos, nos encontramos con contradicciones importantes en nuestro país. Solo por mencionar unos ejemplos, por un lado, se busca ampliar la oferta de bienes y servicios para hacer más competitivos los mercados y ampliar la satisfacción del consumidor, pero por el otro, el sistema de partidos y de representación política tienen enormes trabas para que los ciudadanos participen directamente. Mientras que todos estamos sometidos a un alto nivel de competencia laboral y buscar consolidar (algunos dirían sobrevivir) sus empresas, los gobiernos toleran y pagan la baja productividad y confort de los sindicatos de empresas públicas o nos encontramos rehenes de empresas reguladas que brindan deficientes servicios. Así como nuestros jefes o clientes nos exigen calidad y cuentas, la ineficiencia de políticos de todos los ámbitos permanece impune. Mientras que por un lado te reconocen la libertad para elegir sobre tu propio cuerpo, por el otro el Estado busca tutelar cuánta sal comes y te la retiran de las mesas o te cobran impuestos a las bebidas azucaradas y te crean un impuesto porque no confían en tus decisiones, ya que te harás obeso. Estamos en una permanente confrontación entre la libertad y el paternalismo, entre la competitividad y el proteccionismo, entre nosotros como individuos y ese Ogro que se resiste a ceder.

Sin lugar a dudas, una reforma fiscal siempre será un instrumento poderosísimo para generar premios y castigos. La propuesta, denominada “Reforma Social” y presentada el pasado domingo, lanza incentivos contradictorios y confunden a la ciudadanía. Discursivamente es un error polarizar a la sociedad y decir “quien más tiene, pagará más”, cuando en realidad debería enfatizarse un principio fundamental de igualdad a la ley, para que quien tenga que pagar desde un peso hasta un millón lo haga. Esta polarización es grave, considerando los niveles de informalidad que tenemos y en los que se encuentra más del 60% de la población. Por tanto, el mensaje y contenido profundizan la división social, no la unidad ni suma de esfuerzos. Esto siempre se agrava, porque al hacer caravana con sombrero ajeno, en materia fiscal y presupuestaria todos los gobiernos han sido incapaces de demostrar una eficiencia en el gasto de los recursos públicos que ejercen, así como una eficacia en los programas sociales que llevan instrumentando por décadas. ¿Para qué pagar más impuestos si en cinco años los políticos se pelearán recriminándose que no hay avances en la disminución de la pobreza? ¿Para qué pagar impuestos que se destinan a escuelas públicas, si además pago el de la escuela privada de mis hijos?

De esta manera, el gobierno federal pierde una muy valiosa oportunidad para que la Reforma Fiscal sea un instrumento que profundice en el desmantelamiento del Ogro a favor de los ciudadanos y consumidores, y que se genere más confianza social en torno al quehacer público. Asimismo, esta propuesta, como ha sido cuestionada severamente, genera incentivos a favor de la informalidad. Al respecto cabe señalar que mientras un sector minoritario cargará con la responsabilidad de los programas sociales, existen mínimos incentivos para que los que se encuentran en la informalidad se sumen a compartir esta carga. Por tanto, esta reforma promueve la redistribución de ingresos y riqueza, pero no de responsabilidades en torno al futuro y sustentabilidad de nuestro país.

Es lamentable ver cómo ante una sociedad con tan profundas divisiones, el Estado tome decisiones sesgadas con medidas proteccionistas que acumulan más carga a un Estado ineficaz y obeso, en lugar de fomentar incentivos que impulsen la responsabilidad cívica, lo cual sería el verdadero camino que nos conducirá a la solidaridad y a la construcción compartida del futuro y destino de nuestro país. Esto significa fortalecer la centralidad del ciudadano y del consumidor y que el “Ogro Filantrópico” sea simplemente uno más entre nosotros.

Estas reflexiones son las que animarán a Central Ciudadano y Consumidor, A. C. a participar en el debate público, proponiendo enfoques y alternativas que busquen soluciones a nuestros problemas a partir de fomentar la  construcción de ciudadanía y fortalecimiento de los consumidores, mediante el impulso de la responsabilidad individual, participación ciudadana, competencia económica y mecanismos de autorregulación. Por eso agradecemos profundamente a Animal Político la apertura en este espacio plural y participativo, distinguido por lectores críticos, con quienes podremos compartir nuestra visión.

 

* Bernardo Altamirano Rodríguez es Presidente de Central Ciudadano y Consumidor

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