¿El Final del Amparo Fiscal? - Animal Político
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
C al cubo
Por Central Ciudadano y Consumidor
Organización sin fines de lucro que busca incidir en la ampliación y fortalecimiento de las lib... Organización sin fines de lucro que busca incidir en la ampliación y fortalecimiento de las libertades, derechos fundamentales, transparencia y educación de los ciudadanos y consumidores, para que participen con mayor eficacia en el desarrollo y evaluación de sus instituciones. (Leer más)
¿El Final del Amparo Fiscal?
Los particulares no tienen forma de defenderse ante una reforma a una ley fiscal que en un futuro puede generar incentivos perversos de parte del gobierno para gravar cualquier tipo de actividad, sin que exista el contrapeso que debiera oponer el Poder Judicial.
Por Central Ciudadano y Consumidor
29 de septiembre, 2016
Comparte

Por: Jorge A. Cabello Alcérreca (@JorgeACabello)*

Con motivo de la reforma fiscal que entró en vigor a partir de 2014, se introdujeron diversas cargas para los particulares, tales como el incremento en las tasas del impuesto sobre la renta (“ISR”), los nuevos impuestos a productos de alto contenido calórico (con el supuesto fin de combatir la obesidad), límites a deducciones personales y empresariales, entre otras.

Una de las reformas que mayor afectación y molestia causó en las empresas, fue la limitante para deducir en el ISR tan sólo hasta un 53 % el monto de los pagos a trabajadores que a su vez sean ingresos exentos del impuesto para estos, como lo son la PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades), la prima vacacional, prima dominical, gratificaciones, pago por separación, primas de antigüedad, jubilaciones, fondos de ahorro, entre otros; ingresos que en términos de la Ley están parcialmente exentos. Cabe señalar que dichas prestaciones constituyen una obligación legal en unos casos y en otras contractual para las empresas, de ahí que sean deducciones absolutamente necesarias para aquéllas.

La justificación que expresaron el presidente de la República y el Congreso de la Unión al establecer dicha limitante fue que, bajo el principio de simetría fiscal, si el ingreso está parcialmente exento del pago del ISR para el empleado, entonces debe ser solo parcialmente deducible para el patrón; es decir, para el gobierno la carga económica que representa el otorgamiento de una exención fiscal debe ser soportada por el patrón y no por el Estado, quien es el que la concede. En adición a ello, señalaron que al permitirse deducir 53 % de estos pagos, implica que se reconozca (aunque sea parcialmente) la capacidad económica de las empresas.

Dicha limitante provocó la presentación de miles de juicios de amparo por parte del sector empresarial, quienes alegaron violaciones a sus derechos humanos en materia tributaria, al desconocerse su capacidad contributiva por impedirse deducir gastos que son necesarios para su operación diaria. La mayor parte de dichos juicios fueron resueltos de forma favorable a las empresas en su primera instancia, al considerar los distintos jueces de distrito que se violó el derecho fundamental de proporcionalidad tributaria por impedirse efectuar en su integridad una deducción estructural de las personas morales.

Dichas sentencias favorables a las empresas fueron recorridas por las autoridades, por lo que los juicios fueron enviados en su última instancia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”). Originalmente, el tema estaba programado para resolverse en el Pleno de la SCJN para ser votado por los 11 ministros, siendo el ministro Juan Silva Meza el encargado de presentar un proyecto de sentencia, razón por la que hace aproximadamente un año presentó un proyecto en el que proponía conceder el amparo a las empresas por razones similares a las que sostuvieron los jueces de distrito cuando analizaron el tema en primera instancia.

Sin embargo, el ministro Silva Meza se retiró al final de 2015 sin que se hubiera resuelto el tema, por lo que fue necesario reasignarlo quedando bajo la ponencia del ministro Eduardo Medina Mora, cuya designación a la Suprema Corte a inicios de ese mismo año fue motivo de innumerables cuestionamientos y críticas de diversos sectores. Esto debido a su aparente imparcialidad para ocupar el cargo, lo que incluso motivó la interposición de un amparo en contra su designación.

El ministro Medina Mora decidió no considerar el proyecto realizado por el ministro Silva, y propuso hacer su propio proyecto. Después de prácticamente 10 meses de habérsele asignado el asunto, y previo al puente del 15 de septiembre, la Segunda Sala de la SCN publicó en su portal de Internet el proyecto de sentencia propuesto por Medina Mora, quien para sorpresa de varios modificó el criterio del anterior ministro y propuso negar el amparo a las empresas, por considerar válida la deducción limitada al 53 % de los pagos a trabajadores, ya que a su consideración el hecho de permitir en dicho porcentaje la deducción implica que se reconozca la capacidad económica de las empresas.

La publicación de dicho proyecto además de causar una gran (más no grata) sorpresa, provocó una rápida movilización del sector empresarial como de los abogados postulantes, quienes además de solicitar a la Corte reflexionara sobre su posición, pidieron que el asunto se enviara al Pleno para que se votara por los 11 ministros y no se quedara en Segunda Sala para resolución de únicamente los 5 ministros que la integran.

No obstante, haciendo caso omiso a las válidas peticiones formuladas por empresarios y abogados, el pasado 21 de septiembre bajo una votación de 4 contra 1, la Segunda Sala resolvió negar el amparo a una empresa, al considerar que no se viola derecho humano alguno por el límite a la deducción de gastos laborales a que se ha hecho mención, bajo similares consideraciones a las del proyecto de sentencia publicado días antes.

Aun cuando dicho precedente aún no es jurisprudencia y, por tanto, no es obligatorio para todos los tribunales del país, se espera que en los próximos días se resuelvan los asuntos necesarios para formar jurisprudencia, lo que implica que los empresas continuarán con la mencionada limitación en sus deducciones de forma permanente, al menos hasta que exista una reforma fiscal que pudiera dar lugar a una modificación en la restricción de la deducción, lo cual no se vislumbra a un corto o mediano plazo.

Desde luego que desde la publicación del proyecto de Medina Mora y pasando por la votación de la SCJN que confirmó la postura sustentada en tal proyecto, las críticas al Máximo Tribunal se han hecho sentir de forma muy importante. Resulta lamentable que la Corte ya desde hace algunos años se haya convertido en un órgano encargado de regular o proteger la política económica del país en lugar de llevar a cabo la función que le corresponde, que es la de preservar el estado de derecho.

Al igual que en el caso que nos ocupa, existen un buen número de amparos en materia tributaria resueltos en años previos, en los que la Corte ha resuelto a favor del Estado, en total contradicción a antiguos criterios del propio tribunal, como lo fueron las reformas al impuesto al activo para 2007, el ahora abrogado impuesto empresarial a tasa única, las limitantes a la deducción de las pérdidas por venta de acciones (en este último caso, la Corte resolvió en contra de precedentes creados a lo largo de prácticamente 15 años).

En adición, debemos tener en cuenta que las más recientes designaciones para ministros han estado inmersas en la polémica, tal como fueron las de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (ex jefe del SAT), Javier Laynez (ex Procurador Fiscal de la Federación, quien tenía a su cargo la defensa de los intereses del Estado en los amparos fiscales, que ahora él se encarga de resolver) y el propio Medina Mora.

La posición de la Corte en amparos fiscales es claramente parcial hacia el Estado, actuando como un aliado o un mero cómplice del Presidente y Congreso para validar cualquier tipo de reforma que propongan. Ante este escenario, es una realidad que los particulares no tienen forma de defenderse ante una reforma a una ley fiscal (en especial una tan desafortunada como la de 2014), lo que incluso en un futuro puede generar incentivos perversos de parte del gobierno para gravar cualquier tipo de actividad, sin que exista el contrapeso que debiera oponer el Poder Judicial.

En este poco alentador escenario, habría que preguntarse qué garantía tiene el particular de que en un futuro no se vayan a eliminar algunas deducciones, no vayan aumentar de forma exorbitante las tasas a impositivas, no se graven las herencias o algún otro supuesto análogo, cuando los tribunales federales y en específico la Suprema Corte, de una forma por demás soberbia, ha olvidado cuál es su función de juzgador.

Después de esta última sentencia de la Corte, habrá que cuestionarse si este no fue el último clavo en el ataúd del amparo en materia fiscal, que de por sí ya venía moribundo.

 

* Jorge A. Cabello Alcérreca es Abogado. Socio de la firma Turanzas, Bravo & Ambrosi.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.