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La lógica de la acción colectiva
Lo que la demanda de acción colectiva de Josh Finkelman, fan de Nueva Jersey, en contra de la venta de boletos del Super Bowl, puede enseñar a México en materia de competencia económica, regulación y protección al consumidor.
Por Central Ciudadano y Consumidor
7 de febrero, 2014
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Por: Carlos Martínez Velázquez (@carlosmartinezv)

El pasado 2 de febrero se llevó a cabo uno de los eventos deportivos más importantes del año, el Super Bowl XLVIII. Durante la transmisión se publicaron 24.9 millones de actualizaciones en Twitter alrededor del mundo, de acuerdo a la propia red social. Se estima que tuvo una audiencia de 108 millones de televidentes y que el costo de cada 30 segundos de publicidad fue de 4 millones de dólares. De acuerdo al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el SB es el día de mayor consumo de comida en ese país, sólo detrás del día de acción de gracias. Para darse una idea se consumen 50 millones de envases de cerveza y se gasta en mercancía promocional alrededor de 12 mil millones de dólares.

Sin duda, el evento representa un pico de consumo, principalmente en Estados Unidos y en algunos otros países del mundo. En medio de estos datos millonarios se encuentra la historia de un consumidor que ha puesto contra las cuerdas a la NFL. Se trata de Josh Finkelman, un fan de Nueva Jersey que interpuso una demanda de acción colectiva (classaction) en contra de la venta de boletos del SB. El argumento de su demanda tiene que ver con competencia económica, regulación y protección al consumidor. Veamos.

En Estados Unidos, cada estado puede regular en materia de consumidores y Nueva Jersey, donde se realizó el evento, cuenta con una ley contra el fraude a los consumidores (NJ ConsumerFraudAct) en donde se especifica (artículo 56:835.1) que sólo se podrán retener hasta el 5 % de los boletos de cualquier evento para ventas anteriores a la venta al público en general. Esto es que 95% de los boletos deben de salir a la venta para los consumidores finales.

El precio, por supuesto, fluctuará de acuerdo a la oferta y demanda del bien. Sabemos que en el caso de los estadios éstos tienen una oferta fija (no se pueden construir más asientos antes del juego), por lo que en un evento como éste es claro que va a existir un exceso de demanda que resultará en un aumento de precios. En el caso del SB, el precio promedio llegó a ser de poco más 4 mil dólares por boleto. La razón: además de la demanda fue la estructura de asignación de la oferta.

La NFL reportó que del total de 83 mil boletos disponible para el evento, sólo el 1% sería puesto a la venta abierta a los consumidores, el 35%, se repartiría por mitades para los equipos jugadores, 33.6% para el resto de los equipos de la liga, 25% para la propia NFL y 6% para los equipos del estadio (Jets y Giants). Claro que muchos consumidores obtuvieron los boletos a través de las loterías que organizaron cada equipo y la liga para acceder a ellos. Sin embargo, al ser un mecanismo indirecto de obtención del boleto puede haber distorsiones adicionales a los precios.

Es claro que la decisión de venta de la NFL está en contraposición de la legislación local en Nueva Jersey. Será interesante seguir la resolución de la corte en el caso Finkelman v. NFL. La valoración de la corte deberá tomar en cuenta la pérdida en bienestar de los consumidores debido al mecanismo de asignación de la oferta. Puede ser que no haya afectación alguna (es decir, que aun sacando todos los boletos a la venta el precio promedio sería el mismo), pero lo importante será el razonamiento que se haga entre regulación local, práctica comercial y bienestar del consumidor.

Las acciones colectivas son un mecanismo de judicialización de la defensa del consumidor que sirven para reclamar violaciones legales en distintas materias y que afectan a los ciudadanos y consumidores. En México, en 2011 se reformaron un conjunto de leyes para establecer las acciones colectivas en el marco jurídico nacional. Estas disposiciones entraron en vigor en 2012, a partir de entonces se pueden promover acciones colectivas en materia de consumo, medio ambiente, servicios financieros y competencia económica.

Asimismo, la legislación contempla tres casos de acción: 1) difusa, cuando existe un número indeterminado de consumidores que no tienen conexión entre sí (pensemos en un caso de publicidad engañosa, dónde se afecta a N televidentes); 2) colectiva en sentido estricto, esto es, hay un número determinado de consumidores y se reclama la reparación de un daño específico a cada uno (por ejemplo si una constructora entrega unas casas defectuosas en una comunidad determinada), y 3) individual homogénea, cuando se interpone de forma personal reclamando un daño colectivo (reclamar el incumplimiento de la provisión de un servicio público). Asimismo, cualquier ciudadano afectado se puede adherir a una demanda de acción colectiva hasta 18 meses después de presentada.

Estas acciones las puedes presentar tú como consumidor, asociaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales: Profeco (consumo), Profepa (medio ambiente), Condusef (servicios financieros), Cofece (competencia económica), PGR (todas las materias). Este mecanismo sin duda tiene importantes beneficios a los consumidores como el acceso a la justicia mediante un solo proceso colectivo, economía procesal de las partes y reducción de costos; y, la reparación del daño en las materias en que se pueden interponer.

Antes de esta reforma, la legislación daba a Profeco el monopolio de la presentación de acciones de grupo. Bajo aquel esquema se tuvieron algunas sentencias favorables para los consumidores, sin embargo, ninguna se ha podido ejecutar debido a insolvencia económica de las empresas o la dificultad de individualizar la reparación de daños. Falta ver cómo se enfrentará lo anterior en la actual legislación, en la medida en que estos vean de manera tangible los beneficios de las acciones colectivas seguramente las usarán con más frecuencia.

Finalmente, con el marco legal de las acciones colectivas se hace evidente la convergencia de las políticas de consumidor (y usuario de servicios financieros) y entorno (competencia y medio ambiente). En la medida en que estas políticas públicas se complementen se maximizará el bienestar del consumidor. Por lo pronto, pensemos como Josh Finkelman y reflexionemos sobre los espacios en que la regulación económica, la falta de competencia, o las malas prácticas comerciales estén afectando nuestros intereses como consumidores. En tanto estemos dispuestos a asumir nuestro papel como agentes activos de la economía será más fácil construir un mercado confiable, en competencia y en el que se respeten nuestros derechos.



Información obtenida del New York Times. Se puede consultar la nota aquí.

Para mayor información, recomendamos el Manual de Acciones Colectivas que publicó CIDAC. Disponible aquí.

 

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