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Razones para que coexistan 9 años PGR y Fiscalía
Mantener a PGR y FGR por una transición de 9 años puede ser oneroso para el Estado, pero dadas las circunstancias y la experiencia, 10 mil millones de pesos parecen poco comparado con heredar un sistema disfuncional.
Por Central Ciudadano y Consumidor
14 de noviembre, 2016
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Por: Carlos Martínez Velázquez (@carlosmartinezv)

Desde hace unas semanas, se ha discutido fuertemente el tema de la Fiscalía General de la República (FGR). Muchas organizaciones civiles, académicos, empresarios y ciudadanos firmamos el desplegado por una #FiscaliaQueSirva. En éste se pedían, entre otras cosas, que la próxima Fiscalía General de la República no herede las disfuncionalidades de la PGR y que su diseño sea tal que permita contar con una institución funcional y a la altura de los retos en materia de procuración de justicia que tiene el país.

Una de las principales peticiones de la sociedad civil es que el Senado de la República llame a mesas de trabajo para que, entre todos los actores interesados, se diseñe la Ley reglamentaria de la FGR, cuya entrada en vigor significaría su inicio de funciones. Entre los temas planteados por este amplio grupo se encuentra el de poner atención al diseño institucional de la Fiscalía y el manejo de sus recursos humanos.

De acuerdo con el artículo Décimo Noveno transitorio de la reforma constitucional que crea la FGR: “A partir de la entrada en vigor de las reformas a que se refiere el transitorio Décimo Sexto anterior, los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales de la Procuraduría General de la República pasarán al órgano autónomo que el propio Decreto establece”.. A primera vista, significa que la FGR heredaría automáticamente todo lo que se encuentre en la PGR, es decir, todos los casos, los recursos, el personal y todo acompañado de las ineficiencias y malas prácticas que conocemos. Esta herencia no sería más que un cambio de membrete institucional.

GraficaPlazasPGR_AP

En materia de personal, ¿qué es lo que heredaría la FGR? La gráfica anterior muestra la evolución del número de plazas que componen la PGR y el presupuesto para pagarlas. Como se puede observar, existen aproximadamente 25 mil trabajadores en la institución y el país gasta en sus sueldos 10 mil millones de pesos. De estos trabajadores, en promedio 919 (3.6 %) son personal directivo (desde directores de área hasta el procurador), el resto se concentran en áreas más operativas.

Revisar únicamente el gasto en salarios no nos dice demasiado sobre la efectividad institucional. Pero los distintos resultados del sistema de procuración de justicia, sí. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad (UDLAP,2015) el país ocupa el segundo puesto a nivel internacional como el más impune. Entre las razones por las que ocupamos este deshonroso puesto se encuentra que el 46 % de las personas presas no tienen una sentencia condenatoria, o que, del total de delitos consumados únicamente 4.46 % reciben condena. Además, la cifra negra de la delincuencia rebasa el 90 %, la razón de este último dato es simple: la gente no denuncia porque no confía en las instituciones.

Además, hay que recordar los lamentables episodios que ha tenido la PGR: Ayotzinapa, Tanhuato, Tlatlaya, los miles de desaparecidos, las fosas por todo el país, etc. Es decir, la Procuraduría ha mostrado que es una institución rebasada e ineficiente. Heredar todo a la Fiscalía sería sólo cambiar el membrete de la puerta de entrada, por lo que se debe de pensar en una alternativa que tenga como propósito a) contar con una institución eficiente, b) resolver y reparar a las víctimas de los casos que se encuentren en la PGR al momento del nacimiento de la Fiscalía, y c) dotar del mejor talento a la nueva institución en beneficio de las generaciones futuras.

Lo anterior podría lograrse si en la Ley secundaria que se discute en el Senado se toma en cuenta los distintos planteamientos que ha hecho la sociedad civil, entre ellos, algunas de las siguientes propuestas:

  • Nuevo diseño institucional y mejores prácticas de recursos humanos. La ley secundaria debe de cuidar el diseño de la Fiscalía, se debe poner atención en el número de fiscales, sus atribuciones y las líneas de mando. Asimismo, se debe establecer un servicio civil de carrera que premie a los mejores servidores públicos y le apueste a su profesionalización.
  • Instituciones que convivan de manera paralela. Para hacer una transición ordenada se debe pensar en que ambas instituciones convivan al mismo tiempo durante un periodo determinado (por ejemplo, 9 años, que es el primer periodo del Fiscal General). En éste, la PGR se tendrá que dedicar exclusivamente a cerrar los casos que se encuentren en su esfera de competencia, con ello se puede hacer un plan para analizar los casos y dar certeza a la ciudadanía de que se hará el mejor trabajo posible. Por otro lado, la Fiscalía podrá nacer sin la carga e ineficiencias administrativas de la Procuraduría, lo cual permitirá que se diseñen proceso adecuados basados en la estructura de la organización y se inaugure una nueva etapa institucional de procuración de justicia.
  • Capacidad de atracción de la FGR. Para fortalecer los incentivos de la PGR para cerrar bien los casos, se le deberá dotar de poder de atracción a la FGR sobre los casos que se estén resolviendo en la Procuraduría. Esta facultad, discrecional del Fiscal, tendrá como consecuencia que el Procurador haga la mejor investigación posible sobre sus casos, para que si son atraídos por la Fiscalía se sostenga el trabajo hecho por la PGR.

Con estos tres elementos en materia de diseño institucional y recursos humanos, los legisladores pueden diseñar una Fiscalía que, verdaderamente, esté a la altura de las exigencias y los retos que tiene el país en materia de procuración de justicia en un entorno de violencia. Muchos argumentarán que la propuesta de mantener ambas instituciones por 9 años puede ser oneroso para el Estado, pero dadas las circunstancias y la experiencia, 10 mil millones de pesos parecen poco comparado con heredar un sistema disfuncional. Es mejor que el nuevo sistema empiece desde cero y que el anterior lo vigilemos y cuidemos hasta que cierre el último de los casos.

 

 

 

El artículo Décimo Sexto transitorio establece que la FGR empezará a funcionar en cuanto se apruebe la ley reglamentaria y que quien sea el Procurador General de la República en ese momento se convertirá en Fiscal.

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