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Sustitución forzada de medicamentos: el debate pendiente
Si bien la sustitución de un medicamento costoso por uno más accesible parece una idea económicamente eficiente, la sustitución de un tratamiento se torna compleja cuando se trata de medicamentos biotecnológicos sustituidos por bioequivalente. En este caso, la sustitución forzada podría tener un impacto en la evolución y estabilidad de la salud de los pacientes.
Por David J. Sánchez Mejía
28 de noviembre, 2019
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Los desafíos que enfrenta nuestro país en materia de salud son diversos y ampliamente conocidos. Desde problemáticas estructurales como la fragmentación del Sistema Nacional de Salud, hasta otras más cotidianas pero no menos importantes como la insuficiencia de recursos humanos y materiales que enfrentan algunas instituciones, o la calidad de los servicios de atención médica.

A cada problema general que logremos identificar podremos encontrar otros de carácter particular, que de no ser estudiados y analizados en sus características específicas podrían pasar desapercibidos o no ser justamente dimensionados.

Un ejemplo de lo anterior se presenta cuando hablamos de medicación. Hasta ahora la discusión generalmente se ha enfocado en la compra y el abasto de medicamentos dentro de las instituciones, dejándose a un lado el estudio de fenómenos específicos igualmente relevantes y que pueden incidir en la seguridad de los pacientes. Uno de los más importantes es conocido como non-medical switching.

Este fenómeno puede ser explicado como la sustitución forzada de un tratamiento médico por otro sin que exista una razón clínica de por medio, obedeciendo principalmente a razones de índole económico. Si bien la sustitución de un medicamento costoso por uno más accesible parece una idea económicamente eficiente cuando se trata de sustituir medicamentos con características idénticas —fármacos—, la sustitución de un tratamiento se torna compleja cuando se trata de medicamentos biotecnológicos sustituidos por bioequivalentes —biosimilares—, puesto que sus estructuras moleculares no son idénticas. En este caso, la sustitución forzada podría tener un impacto en la evolución y estabilidad de la salud de los pacientes.

Este fenómeno ha sido ampliamente discutido en distintos países, donde se ha colocado al centro del debate el dilema de equilibrar: las necesidades de los pacientes, los diagnósticos realizados y los tratamientos prescritos, con las restricciones financieras de los agentes que pagan por estos, ya sea que formen parte del sector público o privado. Este debate ha tenido como resultado diversas formas de regular el fenómeno.

En Estados Unidos, donde la prestación de servicios de salud es preponderantemente financiada por las aseguradoras, el fenómeno surge como una manera en que las compañías abaten costos excluyendo de sus coberturas los medicamentos inicialmente prescritos a las personas aseguradas, sin justificación alguna. Lo anterior ha propiciado que diversos estados de la Unión Americana establezcan ciertas limitantes a esta práctica o incluso que la prohíban.

Por su parte, en la Unión Europea, donde los sistemas de salud son financiados principalmente por el Estado, el fenómeno emerge en un contexto donde se impulsa la búsqueda de alternativas económicas a tratamientos complejos. De tal forma, los Estados europeos han adoptado distintos modelos en los que se prioriza el consentimiento del paciente a la sustitución del tratamiento o el acompañamiento por parte del médico tratante.

Por lo que respecta a México, los servicios de salud son proporcionados principalmente por instituciones públicas, las cuales tienen como mandato constitucional y legal el uso eficiente de sus recursos, lo que en muchos casos implica la reducción de costos a través de la adquisición de medicamentos de menor precio.

Sin embargo, no debemos perder de vista que el Consejo de Salubridad General estableció la obligatoriedad de las Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente en 2017. Entre estas acciones, vinculantes para todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud, se incluye una sobre Seguridad en el proceso de medicación, cuyo objetivo es fortalecer la gestión del proceso de medicación para prevenir errores que puedan dañar a los pacientes.

Por ello, es urgente dar inicio a un amplio debate en el país en el que se analice y discuta si esta práctica existe en México, si la sustitución forzada pudiera constituir un error de medicación, si debemos adoptar algún modelo de regulación especifico, o cómo equilibrar el uso eficiente de los recursos públicos y el derecho a la salud de los pacientes.

* David J. Sánchez Mejía (@CCyS_MX) es Profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM. Correo: [email protected]

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