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Reforma financiera: ¿más opciones y mejores precios de los servicios?
Como usuarios de productos y servicios financieros ¿podemos esperar que efectivamente bajen los precios y aumenten las opciones de productos y servicios disponibles en el mercado a consecuencia de la reforma?
Por Central Ciudadano y Consumidor
24 de marzo, 2014
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Por: Darío Luna Plá

La reforma financiera publicada el pasado 10 de enero estuvo motivada por una serie de objetivos tan diversos como impulsar el otorgamiento de crédito a empresas y hogares, fortalecer el marco de protección de los derechos tanto de los usuarios de servicios financieros como de los afectados por quiebras bancarias o concursos mercantiles, promover la bancarización y la estabilidad del sistema financiero, impulsar la dinámica del sector de fondos de inversión, mejorar la competencia de las redes de pagos con tarjeta o de las sociedades de información crediticia, entre algunos otros. Los objetivos de la reforma, dispersos en las 13 iniciativas de cambios o adiciones a las leyes financieras, parecieran tener como eje principal que los usuarios de servicios financieros contemos con más y mejores alternativas a un menor precio, todo dentro de un sistema financiero más estable y promotor del crecimiento económico.

Sin duda este nuevo marco legal impondrá muchos cambios a la forma como se conducen los participantes en el sistema financiero. Pero, como usuarios de productos y servicios financieros ¿podemos esperar que efectivamente bajen los precios y aumenten las alternativas de productos y servicios disponibles en el mercado?

Medir los efectos de los cambios regulatorios es una tarea difícil porque toda nueva regulación trae tanto costos como beneficios para la sociedad. Generalmente, cuando el Gobierno produce regulación sin una buena justificación, los costos exceden los beneficios, y viceversa.

En mi opinión, la reforma financiera está bien justificada: descansa en la premisa de que en nuestro sistema financiero participan un grupo reducido de jugadores que tienen el suficiente poder de mercado y control de la infraestructura operativa como para generar utilidades mayores a los que podrían generar bajo un sistema altamente competido. Esta razón podría explicar porqué hoy en día los proveedores de servicios financieros no tienen los incentivos suficientes para mejorar su oferta en muchos productos y servicios importantes.

Si bien la reforma puede estar bien justificada, sus beneficios o costos a la sociedad solo podrán medirse en el futuro. Mientras eso sucede, me parece que hay varios elementos de la reforma y de las reglas secundarias que se están emitiendo que dan pie a estar optimistas. Me referiré a cuatro grupos de cambios que considero tienen un enorme potencial de resolver posibles abusos de poder de mercado.

En primer lugar, están los cambios orientados a regular el sistema de pagos con tarjetas de crédito, débito y con otros medios de pago. Si bien los costos asociados con el pago a través de tarjetas han estado disminuyendo en los últimos años, en buena medida por la intervención del Banco de México, “la red” de procesamiento de pagos que concentran las “cámaras de compensación” e intercambian por un lado los bancos que emiten las tarjetas (emisores), y por otro las instituciones financieras que ayudan a los comercios a recibir los pagos con esas tarjetas (adquirientes), ha mostrado una serie de aspectos sintomáticos de falta de competencia.

Por ejemplo, a diferencia de muchos mercados financieros desarrollados, las reglas bajo las cuales tanto emisores como adquirientes liquidan los pagos e intercambian la información que los respaldan a través de los operadores de la red, así como los criterios para que nuevos emisores, adquirientes y operadores participen en la red, se han venido estableciendo por un grupo de 7 u 8 bancos que concentran el mayor volumen de las transacciones con tarjetas. Esto, aunado con su control de la infraestructura de procesamiento al solo existir dos cámaras de compensación y de las cuales son accionistas, ha generado una serie de barreras de entrada a nuevos participantes y por ende restringido la competencia en detrimento de los usuarios de tarjetas. Más aún, es probable que las actividades de procesamiento de pagos con tarjetas que realizan esos 7 u 8 bancos, sobre todo en su calidad de emisores, les haya generado utilidades importantes cuando en principio la infraestructura de procesamiento, si fuera abierta y competitiva, no debería generarle ganancias importantes a los jugadores dominantes.

Como es bien sabido, quienes pagamos por esas ganancias importantes somos los usuarios finales. No es extraño para ningún tarjetahabiente que, al intentar pagar por un producto o servicio en algún comercio, le impongan una comisión alta por el uso de su tarjeta, e incluso no le hagan un descuento a menos que pague en efectivo.

Los cambios a las leyes financieras y las recientes reglas emitidas por el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores atacan, al menos en el papel, lo que parece ser la raíz del problema y transfieren la facultad de regular la red a estas dos autoridades. Bajo estas nuevas facultades, el Banco de México podrá establecer las condiciones mínimas para que los participantes del mercado de procesamiento de pagos con tarjeta se conecten entre sí, podrá intervenir si los cobros imponen prácticas anticompetitivas, y podrá imponer medidas para fortalecer la seguridad de la red.

Al tener la facultad de autorizar o no a los privados la participación en la red, de inducir cambios en la forma como operan el intercambio de pagos e información, de establecer las reglas del intercambio y el balance de las comisiones y precios del mismo en caso de que las que los privados establezcan no promuevan la competencia, de obligar la conexión entre cámaras de compensación, impedir la formación de barreras de entrada, y prohibir que éstas permitan cobros beneficiosos a sus accionistas, el Banco de México tiene una amenaza creíble de intervención a la red en aras de la competencia y en beneficio de los usuarios de tarjetas como medio de pago.

En segundo lugar, el Gobierno Federal se planteó incrementar el monto y bajar el precio del crédito ofrecido a empresas y hogares, objetivo que ya había discretamente comenzado a compartir el Banco de México como parte de su mandato legal y autónomo. Así, la nueva regulación permite al Banco de México regular algunos precios y comisiones clave en el mercado de crédito (las tasas activas y pasivas), y le da la facultad de evaluar periódicamente las condiciones que prevalecen para la competencia, como por ejemplo la razonabilidad de estos precios y comisiones en función de los productos ofrecidos.

En tercer lugar, la reforma propone mejorar la eficiencia en el uso de la información crediticia de las personas. Como usuarios de servicios financieros, e incluso de otro tipo de servicios como telefonía móvil, cable, entre muchos otros, dejamos una “huella” de nuestro comportamiento en el sistema financiero. Si pagamos a tiempo o no, si tomamos más crédito del que podemos pagar, o somos conservadores en nuestras obligaciones financieras, puede quedar registrado en los bancos de información existentes: las sociedades de información crediticia.

La reforma obliga a todos los intermediarios financieros a consultar al menos una Sociedad de Información Crediticia (Buró de Crédito o Círculo de Crédito) con el fin de evaluar la capacidad de pago de los potenciales acreditados. Además, crea el Buró de Entidades Financieras donde van a quedar registradas las comisiones cobradas, las sanciones recibidas por los intermediarios, las reclamaciones presentadas por clientes, y en general el desempeño de las instituciones financieras. Estos dos cambios legales tienen el fin de transparentar los riesgos tanto para los usuarios como para los intermediarios en la contratación de servicios financieros. Con información más transparente los intermediarios pueden discernir mejor si el precio que ofrecen a un potencial cliente es alto o bajo en función del riesgo de que ese usuario en particular o ese tipo de usuarios no les paguen. Por su parte, los usuarios tendrán más elementos para elegir a la institución financiera con la que quieren trabajar. Esto debería generar mayor competencia entre las instituciones por los usuarios que honran sus obligaciones puntualmente, y éstos deberían poder contratar más servicios a menor precio.

Y finalmente, en cuarto lugar, la reforma financiera incluyó cambios legales orientados a reducir los costos y disponibilidad de acceso a fondos de inversión. Se hicieron muchos cambios, como la simplificación de la figura societaria de los fondos para flexibilizar su gobierno corporativo, pero hay uno que tiene un gran potencial de beneficiar a los ahorradores en fondos de inversión si se instrumenta de forma efectiva. La reforma impone la facultad de que las acciones de los fondos registrados sean distribuidas por cualquier distribuidor al ser sujetas a una oferta pública (i.e. en la bolsa de valores). Aunado a esto, obliga a las sociedades operadoras de fondos de inversión a vender a las sociedades distribuidoras en los mismos términos del prospecto original, con lo que se pretende evitar barreras a la venta de fondos de inversión de otras sociedades operadoras.

Esto es muy importante porque en México las sociedades operadoras de fondos de inversión pertenecen o están controladas por los bancos que distribuyen los fondos, lo que ha provocado que haya muy poca competencia en este mercado. Por ejemplo, hasta ahora no se ha logrado que los fondos de inversión operados por cualquier banco, se distribuyan en otro banco competidor. Hay pocos estudios formales sobre esta falta de competencia, pero una prueba de competencia común entre mercados financieros desarrollados es cómo se comportan las comisiones cobradas conforme crece el fondo en número de inversionistas. Si existe competencia en el mercado, la escala debe traer menores comisiones por inversionista.

Sin embargo, es muy probable que en México se encuentre evidencia empírica robusta de que en aquellos fondos o segmentos de fondos destinados a venderse entre personas físicas dentro de los rangos más bajos de inversión mínima, las comisiones no sólo no disminuyan conforme los fondos ganan escala, sino que hasta crezcan. Sin duda una prueba de ácido con respecto a la falta de competencia que se esperaría que la Comisión Federal de Competencia Económica incluya en el estudio que debe entregar al Congreso en  julio próximo como parte de las disposiciones de la reforma financiera.

La reforma financiera, además de lo anterior, dispone de un gran número de medidas promotoras de la competencia en el sistema financiero, como la facilidad de promover acciones colectivas en materia financiera y la especialización del poder judicial en estos temas, el fortalecimiento de la CONDUSEF en su tarea de supervisor de la protección a los usuarios de servicios financieros, el fortalecimiento de los requisitos de gobierno corporativo no sólo de los intermediarios tradicionales sino de los que participan en segmentos populares y de bajos ingresos, entre muchas otras.

Como usuarios del sistema financiero nos enfrentamos día a día a los altos costos y pocas alternativas de productos y servicios que son el resultado de poca competencia entre las instituciones que los proveen. Como es el caso para todas las reformas estructurales promulgadas por el Ejecutivo en el último año, las fallas del sistema financiero solo se corregirán en la medida en que las reglas secundarias derivadas de la reforma financiera y las acciones que tomen las autoridades financieras para aplicar el nuevo marco regulatorio sean efectivas.

El Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tienen una gran responsabilidad para que la reforma sea efectiva en el tiempo y para que los beneficios para los usuarios sean mayores a los costos de la reforma. Estos costos incluirán, entre otras cosas, la forma como las instituciones se adapten al nuevo marco regulatorio y logren hasta cierto punto trasladar los costos que la reforma les impone a sus usuarios.

La responsabilidad de las autoridades es instrumentar la reforma y observar su cumplimiento con disciplina y constancia. Nuestra responsabilidad como consumidores es exigir a las autoridades que rindan cuentas sobre los resultados de las reformas, a las instituciones financieras que cumplan con la regulación, y a nosotros mismos educarnos para aprovechar los beneficios que un sistema financiero estable, competido y con amplia oferta de productos y servicios puede generarnos.

Que la reforma financiera produzca los efectos deseados es importante para el país, porque si bien no es tan evidente que un sistema financiero más completo y competitivo genere por sí mismo crecimiento económico, sí hay evidencia robusta de que aquellos países que han logrado crecer económicamente han construido sistemas financieros más completos y competitivos.

 

* Dario Luna Plá es economista por el ITAM, posgraduado en políticas Públicas por la London School of Economics

 

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