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Organización sin fines de lucro que busca incidir en la ampliación y fortalecimiento de las lib... Organización sin fines de lucro que busca incidir en la ampliación y fortalecimiento de las libertades, derechos fundamentales, transparencia y educación de los ciudadanos y consumidores, para que participen con mayor eficacia en el desarrollo y evaluación de sus instituciones. (Leer más)
Una Constitución que constituya
¿En qué contribuye a formar la Ciudad de México un texto que, por un lado proclama la igualdad sustantiva y, por el otro, otorga derechos distintos, distinguibles, específicos y supuestamente exigibles, a grupos de ciudadanos?
Por Central Ciudadano y Consumidor
26 de septiembre, 2016
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Por: Enrique Barber González de la Vega

Una constitución debe servir, precisamente, para lo que su nombre indica; es decir, en términos llanos, la Constitución debe constituir la cosa pública. Y constituir no es otra cosa que formar, componer, establecer, erigir o fundar.

Con esa base, tan sencilla como contundente, y una vez revisado el proyecto de Constitución de la Ciudad de México que el Jefe de Gobierno entregó a la Asamblea Constituyente el pasado 15 de septiembre, me parece pertinente compartir con usted las siguientes interrogantes:

1. ¿En qué contribuye a formar la Ciudad de México un texto que, por un lado proclama la igualdad sustantiva y, por el otro, otorga derechos distintos, distinguibles, específicos y supuestamente exigibles, por ejemplo, a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, a quienes viven en sitios de asistencia, a la comunidad LGBTTI, a los afrodescendientes, a los indígenas, a los arrendatarios de vivienda, a quienes viven en la calle, a los internos en centros de reinserción social, a los que consumen cannabis con fines lúdicos y hasta a quienes ejercen el comercio en el espacio público?

2. ¿De verdad constituye la cosa pública de la capital del país un documento que contiene normas abiertamente contrarias a las que establece la Constitución Federal y que tarde o temprano serán inaplicadas o, de plano, declaradas inconstitucionales por nuestros tribunales competentes?

3. ¿Tendremos los capitalinos una mejor posición por contar con un instituto de planeación que, para todos efectos, colocará sus decisiones por encima del Congreso de la Ciudad de México y sus mayorías parlamentarias?

4. ¿Nos brindará seguridad jurídica la inclusión de un sinnúmero de derechos prestacionales, sin que se haya previsto su impacto presupuestal y la capacidad financiera de nuestra ciudad? ¿Son suficientes los recursos de que disponemos para garantizar una pensión universal a todo aquél que no alcance un ingreso básico? ¿Tenemos la capacidad de garantizar a toda persona el acceso universal a la educación, a lo largo de su vida? Nadie pone en duda que eso es lo deseable, pero un Decreto de una Asamblea, por constituyente que sea, no resolverá la desigualdad, como tampoco mitigará las carencias ancestrales en educación, salud, vivienda y un largo etcétera.

5. ¿De qué pretende liberarnos la Constitución cuando establece que la educación que reciban nuestros hijos será liberadora? ¿De verdad?

6. ¿Obtendremos alguna ventaja fundacional por imponer a los jóvenes de entre 12 y 15 años la obligación jurídica de participar en consultas ciudadanas? Más allá de cualquier respuesta formulada a la luz de la ciencia política, de la sociología o de la pedagogía, simplemente no encuentro la manera en que la autoridad podrá aplicar dicha norma frente a menores de edad y que carecen de la calidad de ciudadanos, por más que el proyecto que comentamos se empeñe en atribuirles una ininteligible “ciudadanía universal”.

Pido disculpas por mi concepción -quizá obsoleta y rebasada- de las funciones y fines de una constitución. En los temas que acabamos de abordar, simplemente no observo acto constituyente o constitutivo alguno. Veo, quizá, un catálogo de buenos deseos plagado de retórica hueca y muy mal redactado.

Sin embargo, lo realmente preocupante no es el carácter ideológico y propagandístico que recién le comenté. No, lo peor es que la parte que constituye, que forma y que organiza al ente político y orden jurídico denominado Ciudad de México es exigua, limitada y claramente insuficiente.

a) ¿Dónde está el ordenamiento constitucional que dota de existencia y de atribuciones generales a las dependencias y entidades de la administración pública de la ciudad?

b) ¿Dónde están las normas que establecen responsabilidades claras y mecanismos de evaluación para las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia?

c) ¿Dónde están los mecanismos de coordinación con la Federación? ¿Dónde están la visión y el compromiso metropolitanos más allá de declaraciones y definiciones inútiles?

d) ¿Dónde está la autonomía del Poder Judicial de la Ciudad, si lo que vemos son jueces y magistrados sexenales, sometidos a un omnímodo poder planeador central que puede asfixiar su presupuesto y, con ello, su independencia?

e) ¿Dónde están las ventajas de la alternancia política en el Poder Ejecutivo y en la mayoría del Congreso, cuando quien dicta las políticas públicas de largo plazo es esa inefable instancia central de planeación?

f) ¿Estamos los capitalinos de acuerdo en impedir a toda costa el establecimiento de industrias y servicios con alto consumo de agua? ¿No pudo el grupo de notables redactores encontrar una mejor solución para proteger los acuíferos?

g) ¿De verdad no existe o se pretende negar la existencia y la importancia del sector privado y de la propiedad privada en la economía y en la prosperidad de la ciudad y de sus habitantes?

Con todas estas omisiones imperdonables, ¿de verdad les parece importante elevar a rango constitucional la oficina del cronista y la estrategia de acción internacional de la Ciudad?

Me parece evidente que el proyecto de Constitución de la Ciudad de México evidencia un claro conflicto de prioridades. Quienes lo elaboraron y quien lo ha hecho suyo han privilegiado el discurso y el compromiso ideológico sobre la gobernabilidad democrática y la administración pública; han antepuesto la retórica propia de una plataforma política sobre la organización neutral, eficaz y eficiente que debe caracterizar a un Estado laico e incluyente.

En fin, estimado lector, hago votos porque la Asamblea Constituyente sea capaz de aprobar una Constitución que constituya nuestra -que no olviden eso, que es nuestra- Ciudad y no la visión parcial, ilusa y, al mismo tiempo, mezquina, que refleja el proyecto. La Ciudad de México y quienes aquí habitamos no merecemos menos.

 

@CentralCyC

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